Daniel Jadue
En el confín austral del mundo, entre lluvias eternas y fiordos cargados de historia, se libra hoy una batalla que bien podría resumir la tragedia latinoamericana en su conjunto: la lucha de un pueblo por su derecho a existir, frente a la maquinaria voraz del capital transnacional. Las Islas Huichas, una pequeña comunidad en la Comuna de Aysén, ha sido empujada al límite de su capacidad de reproducir su ecosistema por la llamada “industria salmonera”, ese eufemismo que oculta una forma de extractivismo brutal, colonial y ecocida.
En este caso no estamos ante un simple conflicto ambiental: lo que se revela aquí es la dialéctica fundamental entre capital y naturaleza, mediada por la violencia estatal, el despojo territorial y la proletarización forzada de comunidades que antaño vivían de la pesca artesanal. Marx lo formuló con claridad en El Capital: “El capital no tiene en cuenta la salud del trabajador ni la duración de la jornada más allá de lo que la sociedad se vea obligada a imponerle”. En este caso, la lógica es la misma, pero la víctima no es sólo el trabajador humano, sino el ecosistema entero.
La entrada de las salmoneras a Huichas responde a una lógica de acumulación por desposesión (Harvey, 2003). Las aguas limpias del sur de Chile han sido transformadas en factorías flotantes de muerte, contaminadas con antibióticos, heces de peces y residuos químicos. Las comunidades costeras han sido desplazadas, sus modos de vida y sus economías destruidas, y su cultura invisibilizada por un modelo que solo entiende la naturaleza como “recurso” y no como el cuerpo inorgánico del ser humano.
Los salmones no son solo peces. Son mercancías. Son capital en forma biológica. Su existencia está subordinada al ciclo de reproducción del valor. Como diría Marx: “Bajo el capitalismo, incluso el aire y el agua, si pueden dar ganancias, se convierten en mercancías”. Las Islas Huichas no son una excepción; son una expresión concentrada de la tendencia general del capital a expandirse sobre cada centímetro no colonizado por su lógica.
Las empresas salmoneras, muchas de ellas noruegas, funcionan en régimen de cuasi soberanía: operan con escasa fiscalización, externalizan costos sociales y ecológicos, y chantajean a las comunidades con empleos precarios y sueldos miserables. La comunidad sobrevive en un entorno devastado, al mismo tiempo que denuncia amenazas a activistas y la complicidad de las autoridades locales.
En este contexto, ¿qué es la resistencia? Es clase obrera, es clase pescadora, es comunidad organizada. Es el germen de un poder popular que se rebela contra la apropiación privada del mar, contra el lucro con la vida. Cuando los habitantes de Islas Huichas protestan, no sólo reclaman su derecho a un medio ambiente sano —están impugnando el orden económico que convierte sus aguas en cloacas productivas. Y eso, aunque aún incipiente, es un acto revolucionario.
No se trata de “reformar” la salmonicultura. Se trata de abolir el modelo que la engendra. Un verdadero proyecto democrático debe basarse en el control popular de los territorios y del mar, la planificación ecológica de la producción y el respeto radical por la soberanía alimentaria. Como decía Mariátegui, “no queremos calcar ni copiar, sino crear”, y eso implica romper con el extractivismo incluso cuando se disfraza de “desarrollo”.
Las protestas de las comunidades de Islas Huichas son una advertencia. Pero también una promesa: la de un pueblo que no se rinde, que se organiza, y que, en su defensa de la vida frente al capital, nos recuerda que toda esperanza habita en la lucha.
