Por Patricio Segura Ortíz
En el proceso de socialización, por el cual todos hemos pasado, fundamental es aprender a convivir con nuestros errores. O, más bien, acceder a herramientas para enfrentarlos cuando los cometemos. Y eso, en nuestro rol de padres o tutores, es esencial. Tarea que no se puede dejar completamente en manos de terceros.
Esto es válido sólo si queremos aportarles repertorios para enfrentar la vida de manera medianamente exitosa, con todo lo que este desacreditado término pueda significar. Pero aquello no es lo único (si lo fuera, aplaudiríamos de pie a Trump y su estilo tiburón): debe incluir mínimos éticos para que no sólo el aprendiz sea feliz. Tiene que intencionar que en su incesante búsqueda aporte a que otros, incluida la naturaleza, también lo sean.
Repasemos.
Lo primero, reconocer el error. Ante sí como ante quien sufre las consecuencias del acto. Tal es la piedra basal de los pasos siguientes. Es prácticamente imposible que quien no asume que ha obrado mal, esté dispuesto a hacer algo al respecto.
Luego, resarcirlo. Así como las deudas se pagan, un honesto reconocimiento del menoscabo causado es querer enmendarlo. ¿Qué sentido tiene ir de rodillas al confesionario si, en momento alguno, pensamos asumir las externalidades del agravio? Las palabras y declaraciones, en este caso, no tienen sustento si no conllevan esfuerzo por remediar.
Y en último lugar de esta parcial lista (no incluye la, a veces, ejemplificadora sanción), generar mecanismos para reducir la posibilidad de que el yerro vuelva a ocurrir. Dicen que nadie tropieza dos veces con la misma piedra. Aforismo que, la verdad sea dicha, no sabemos de dónde salió, porque lo cierto es que es una gran falacia. A falta de una mano invisible que evite que nos bañemos dos veces en la misma equivocación, hay que avanzar en certezas tomando las medidas necesarias para no entrar en un loop infinito de fallos.
El breve derrotero acá expuesto es extrapolable a otros ámbitos de la sociedad. Las empresas, por ejemplo. Mal que mal, también son personas (jurídicas).
Un vistazo a la actitud de las distintas áreas productivas ante los errores en que verificadamente incurren en materia ambiental, devela su lejanía con estas etapas del aprendizaje. En general los sectores forestal, minero y salmonero, como los que más impacto en la naturaleza generan, no dan cuenta de evolucionar decididamente hacia prácticas más responsables.
La industria del salmón es emblemática.
Desde distintos organismos del Estado, como la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el Servicio Nacional de Pesca e incluso el Poder Judicial, se ha establecido en el último tiempo que diversas empresas acuícolas han cometido ilegalidades en múltiples aspectos: producción más allá de los límites permitidos en sus proyectos técnicos o resoluciones de calificación de ambiental; elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; no entregar a las autoridades información a tiempo sobre sus procesos. Todo esto, fundamental para asegurar la integridad ecosistémica de los territorios (el maritorio, en este caso) y, de paso, el futuro social y económico de quienes habitan en los lugares en que operan.
Cuando se devela su actuar, la respuesta ha ido en la dirección contraria. Como una fake news en un bucle eterno, se han negado a reconocer ya no sus errores sino también sus delitos. La respuesta ha sido fuerte, pero de un relato simple: que existe un complot entre múltiples organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para mancillar su exitoso modelo productivo. Exitoso en lo económico, para ellos principalmente, porque las propietarias -muchas de ellas extranjeras– son las que se llevan las mayores utilidades usando el patrimonio común: el mar. Y qué decir de su biodiversidad.
Con este criterio como telón de fondo, menos disponibles están para resarcir los perjuicios ocasionados. Millones desembolsan en abogados y agencias de comunicación, que podrían destinar a enmendar el rumbo, para convencer a la sociedad (y presionar a los órganos del Estado), con el fin de no pagar las multas y, de paso, asumir las sanciones vinculadas a sus incumplimientos normativos. En el caso de la sobreproducción, incluso en parques nacionales, acusan de cambio de criterio en la fiscalización, cuando la realidad es que desde 2020 al menos, en el gobierno de Sebastián Piñera, la SMA está cumpliendo con el mandato que la norma le ha encomendado. Es más, hace pocos días la canadiense Cooke Aquaculture amenazó, una vez más, con dejar el país si el Tribunal Ambiental de Valdivia no les deja operar por sobre la institucionalidad.
Y menos aún aportan ideas para que los problemas constatados no vuelvan a ocurrir. ¿Cuál es su propuesta? Cambiar la ley y los reglamentos a su favor, e incluso cuestionan los criterios técnicos que, hasta hoy, han definido las densidades que se pueden cultivar en los centros de engorda de salmones sin poner en riesgo la integridad ecosistémica y sanitaria de la porción de mar (que es un bien nacional de uso público) que se les ha entregado bajo la figura de concesión.
Es éste el camino que la industria ha escogido. Uno impermeable al aprendizaje, a ser buen vecino en materia ambiental y a avanzar hacia ese futuro armónico que forma parte, dicen, de su amor por la sustentabilidad.
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