Con el fin de orientar a las y los apoderados en este inicio del año escolar, hoy la Seremi de Educación, Isabel Garrido, y la directora regional de la Superintendencia de Educación, Pamela Adriazola, compartieron una serie de indicaciones y consejos respecto a la compra y exigencia de útiles, textos y uniformes escolares.
A ellas se sumó el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro, quien llamó a las familias a estar atentas a las inhabilidades para trabajar con niños y niñas por condenas, registro público que puede ser consultado permanentemente por cualquier ciudadano/a.
Las autoridades educacionales recordaron que los establecimientos tienen el deber de resguardar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, y garantizar que ningún estudiante quede fuera de la sala de clases por falta de alguno de estos insumos.
Al respecto, Isabel Garrido señaló que “lo principal, es que ningún estudiante vea impedido el desarrollo de sus actividades académicas y educativas, por no contar con los recursos suficientes. Por eso, el Ministerio entrega, a través de la JUNAEB, útiles escolares, más de 17 mil sets en la región y, a través de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, los textos escolares. Son herramientas que ponemos a disposición para llevar adelante el proceso educativo», detalló.
Isabel Garrido detalló que “Estamos listos para iniciar el año escolar; nos hemos desplegado en terreno revisando el estado de la infraestructura escolar, sobre todo en aquellas escuelas y liceos públicos donde se están realizando mejoramientos de infraestructura. Además, para asegurar la alimentación escolar, hemos chequeado el abastecimiento, calidad sanitaria y logística de distribución en la región. El Programa de Alimentación Escolar PAE, está presente en 128 establecimientos de toda la región, considerando escuelas, liceos y jardines infantiles de la red JUNJI e Integra, beneficiando diariamente más de 15 mil estudiantes y párvulos/as. Asimismo estamos entregando sets de útiles escolares para 17.230 estudiantes de distintos niveles educacionales”.
Normativa sobre uniformes, útiles y textos escolares
La directora regional de la Superintendencia de Educación, Pamela Adriazola, recordó que “el derecho a la educación no puede ser limitado por no tener útiles escolares o uniforme”. En ese sentido, recordó que los establecimientos educacionales “no pueden pedir marcas específicas cuando se solicitan útiles escolares. Se pueden hacer recomendaciones fundadas siempre en dos razones: pedagógicas o sanitarias. Solo en esas condiciones se puede recomendar la adquisición de determinados útiles escolares.”
Respecto a los textos escolares, agregó que los establecimientos que reciben subvención del Estado, dado que cuentan con los textos escolares otorgados por el Ministerio de Educación, “tampoco pueden obligar a adquirir un determinado texto. Libros complementarios pueden ser solicitados previo acuerdo del Consejo Escolar, y si la familia no puede adquirirlos, deben ser proporcionados por el establecimiento”.
Respecto al uniforme escolar, la normativa señala que la obligatoriedad del mismo debe estar señalada en el Reglamento Interno, previa consulta a la comunidad educativa. Además, las y los apoderados no pueden ser presionados o inducidos por el establecimiento a comprarlos a un proveedor determinado.
Denuncias siguen a la baja
Pamela Adriazola afirmó que desde la institución, “hemos visto como cada año disminuye la cifra de denuncias relacionadas a textos, útiles y uniformes escolares, lo que demuestra que tanto los establecimientos como las comunidades educativas conocen y respetan cada vez más la normativa educacional”.
Actualmente, las denuncias recibidas por la Superintendencia a nivel nacional respecto a estas materias representan sólo un 0,3% del total de 19.198 del año 2024. En la región de Aysén en dicho periodo se recibió una denuncia sobre estas materias.
“Hace algunos años para todos era muy natural que cuando un niño, niña o adolescente no tuviera un texto, un útil o no portara el uniforme exigido, fuera devuelto a su casa. Eso hoy no está sucediendo, y no solo porque se protege la integridad física del niño, niña o adolescente, sino porque la ciudadanía ha comprendido que el derecho a la educación es mucho más importante y debe ser protegido a todo evento, y que todas y todos somos responsables de aquello”, afirmó la Directora Regional de la Superintendencia.
Pamela Adriazola hizo un llamado a las madres, padres o apoderados que detecten incumplimientos a la normativa educacional respecto a estos temas, a acercarse a los establecimientos educacionales para resolverlo y, si se mantiene la controversia, solicitar una mediación ante la Superintendencia, pedir orientación en el fono 600 3600 390 o realizar una denuncia en sus oficinas regionales o a través del sitio www.supereduc.cl.
Registro de Inhabilidades para trabajar con niños
Por su parte, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro recordó la existencia del Registro de Inhabilidades y certificado de antecedentes.
“Es fundamental que los estudiantes cuenten con la mayor seguridad posible, en un contexto de resguardo para su bienestar y desarrollo integral. En este sentido, una de las exigencias de la normativa educacional, es que el personal directivo, docente, asistente, de transporte escolar u otro que se desempeñe en los establecimientos educacionales, cuenten con idoneidad moral, no presentando inhabilidad para trabajar con niños, niñas y adolescentes.”
El Servicio de Registro Civil e Identificación dispone de un registro público que informa a la ciudadanía sobre las personas que tienen inhabilidad para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Samuel Navarro invitó a los sostenedores de colegios y administradores de servicio de transporte escolar a consultar este registro cuyo acceso es público y gratuito.
“Cualquier persona puede revisar de forma gratuita este informe en la sección ‘Servicios en Línea’ de la página del Registro Civil, donde deben ingresar los datos requeridos, como el RUN y el nombre completo de la persona a consultar. En este mismo sentido, se debe solicitar a la persona a contratar, su certificado de antecedentes, lo que permite conocer si cuenta con antecedentes penales. Este se emite sobre la base de la información del registro general de condenas. Este documento acredita que una personase encuentra en este registro, por medio de una sentencia ejecutoriada”.
