Este dato se suma a lo informado en octubre por el Poder Judicial, que dio cuenta que, desde la implementación de la Ley de Pago Efectivo, ya se había ordenado pagos por más de 1 billón 380 mil millones de pesos desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de AFP de los deudores.
Con el objetivo de lograr el pago efectivo de las pensiones de alimentos adeudadas en el país, y de garantizar la responsabilidad del Estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género impulsó en 2022 la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, una medida prioritaria del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. La norma, aprobada durante el primer año, comenzó a implementarse en mayo de 2023, permitiendo que, desde entonces, el Estado asuma un rol como persecutor del patrimonio del deudor, creando además dos mecanismos para lograr el pago efectivo de las deudas desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de pensiones.
Al mes de octubre de 2024, a poco más de un año de implementación de esta ley, el Poder Judicial informó que los tribunales de familia ya habían ordenado el pago de más de $1 billón 360 mil millones de pesos a través de los mecanismos que establece la ley, es decir, un equivalente a 33 teletones. A la misma fecha, se habían pagado más de $588.275 millones.
“Que se haya ordenado el pago de estos montos significa que estos recursos ya habían sido encontrados en las cuentas bancarias, instrumentos financieros o fondos de pensiones del deudor, gracias a las atribuciones que permite la Ley de Pago Efectivo a los Tribunales, y que estos recursos se habían pagado o se encontraban en proceso de pago”, explica la ministra (s) de la Mujer y la Equidad de Género, Luz Vidal Huiriqueo.
Al respecto, la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Isidora Gacitúa Goles, comenta “en la región, tanto los mecanismos de pago como las sanciones establecidas en la ley han contribuido a que, al mes de febrero de este año del 2025, se hayan realizado 566 cancelaciones de inscripciones de deudores que figuraban en el registro, es decir, cerca del 55,44% de los deudores que han ingresado al Registro de Deudores, han pagado su deuda o llegado a un acuerdo de pago completo y suficiente aprobado por los tribunales”.
Además, la autoridad local detalló que “a pesar del avance registrado a la fecha y lo significativo que pueda ser para madres e hijos/as contar una institucionalidad que les de mayor confianza para judicializar las deudas y exigir el justo derecho del que son acreedores sus hijos e hijas, en nuestra región todavía son más de mil doscientos niñas, niños y adolescentes que no cuentan con una restitución económica acorde a sus necesidades. En Aysén se contabilizan 940 personas deudoras de pensiones de alimentos inscritas en el registro. De ellas, el número de deudores varones corresponde a un total de 883 (equivalente a un 93,93%), mientras que las deudoras mujeres serían 57 (igual a un 6,03%)”.
De igual manera, diversas instituciones se han sumado a este desafío. Una de ellas es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que desde el año pasado considera la deuda de pensión de alimentos como un factor de clasificación socioeconómica, lo que permite a los hogares que no están recibiendo la pensión de alimentos que corresponde, reportar esta situación para que se considere al momento de optar a los beneficios del Estado.
En este sentido, la autoridad regional analiza las implicancias de la normativa e indica que “en el proceso de implementación de esta ley, es esperable que la cantidad de deudores nos pudiera alarmar conforme vamos teniendo reportes de esta, sin embargo, esto nos permite visibilizar la magnitud de la problemática con la que deben lidiar principalmente las mujeres. A su vez, evidencia que esta iniciativa impulsada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es una necesidad sentida de las mujeres, dado el impacto que tiene en la economía familiar. Las cifras de acuerdo y pago de las deudas nos impulsan a seguir difundiendo la normativa y los beneficios que tiene en la vida de las mujeres y en la de cientos niños, niñas y adolescentes de la región, que es lo que nos convoca como Ministerio y como Gobierno” concluyó la autoridad.
