Revisando los temas para escribir esta columna, me llegó la noticia de la muerte de Juan Carlos Concha Gutiérrez, a los 91 años. El médico, quien fue ministro de salud en el gobierno popular de Salvador Allende Gossens y además responsable de ejecutar la medida número 15, de las 40 medidas comprometidas en el programa, por el entonces candidato de la Unidad Popular. Aquella consistía en entregar medio litro de leche a los niños, niñas y mujeres embarazadas, igualmente a las que se encontraban alimentando a sus hijos en los primeros años de vida, esto con el objetivo de combatir la desnutrición infantil.
En efecto como lo señala Felipe Ramírez, “a fines de los años 60 Chile era un país en el que la desnutrición era un mal endémico que afectaba no sólo a miles de personas directamente, sino que también al conjunto de la sociedad a través de las enfermedades que acarreaba, y a sus efectos sobre la calidad de vida de las familias. Debido a ella existía una importante tasa de mortalidad infantil: de cada mil nacidos vivos, 200 morían antes de un año, y quienes sobrevivían con desnutrición lo hacían con efectos negativos a nivel físico e intelectual.” [1]. Allende desde su temprano despertar político y siendo ministro de salubridad pública, de Pedro Aguirre Cerda planteaba la necesidad de adoptar medidas sanitarias preventivas que superaran las profundas desigualdades de un sistema capitalista y que en el contexto de la sociedad chilena se profundizaban. Tanto él como su equipo de campaña, y por cierto los partidos que conformaron la Unidad Popular establecieron una medida tan trascendente como “el medio litro de leche”. El logró de la medida, en pocos años, fue extraordinario. Según IBID “si en 1970 habían recibido leche gratis 650 mil personas, la mayoría niños, en 1973 los beneficiados fueron 3 millones 600 mil personas, distribuyéndose 49 millones de litros de leche” (2).
El consumo de proteína señalan redujo la desnutrición infantil en Chile, en dicho periodo, de 60% a un 12%, y para implementar la medida los beneficiados con la medida recibían la leche en polvo en los consultorios de atención primaria, que tenían una gran expansión y cobertura, dado el desarrollo del Sistema Nacional de Salud, (SNS) y por su parte a los niños en edad escolar y hasta los 15 años se distribuyó desde JUNAEB, entidad que tenía por misión entregar la alimentación a las escuelas públicas, mayoritarias en el Chile de los setenta, cuando la educación, además, no estaba mercantilizada y el Ministerio de Educación jugaba un rol preponderante en la provisión del servicio educativo. De esta forma la política pública del medio litro de leche para enfrentar la desnutrición infantil se constituyó como un derecho universal, de gran impacto, que ni aún la dictadura pudo eliminar, manteniéndose en el plan de alimentación complementaria hasta el día de hoy. Es tal el alcance e impacto del programa del medio litro de leche, que fue replicado, con matices, en otros países del continente como Argentina, Panamá y Perú. Una destacada participación en ello tuvo Juan Carlos Concha, que hoy nos deja en la vida terrenal, con un gran legado, y una gran lección de que cuando hay voluntad y convicciones para combatir la desigualdad, ello es posible. Honor y Gloria al compañero Juan Carlos, que la tierra te sea leve.
Establecer derechos no es un regalo, en una sociedad en que todo se compra y vende, donde campea el individualismo; el egoísmo; el que cada quien o cada cual se salva por sí solo; con sus propias uñas, hablar de los derechos sociales y universales que nos corresponden o corresponderían a todos y todas, por el solo hecho de ser humanos, como el medio litro de leche, se ve como algo exótico o fuera de contexto. De ahí que cueste entender o comprender la tenaz resistencia de algunos parlamentarios, principalmente de las derechas hoy representadas en el congreso para no modificar el sistema previsional. Sobre todo por el nivel de la obstrucción que han desplegado para oponerse a terminar de una vez y para siempre con las administradoras de fondos de pensiones, conocidas como las intocables AFP, establecidas en el año 1981, en plena dictadura civil militar, y cuyos resultados en la práctica no entregan pensiones por sobre la línea de la pobreza, muy por el contrario, las cifras señalan que las pensiones autofinanciadas, es decir, cuyo origen son las propias cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras no alcanzan para lo elemental de la vida. Si nos enfocamos solo en los datos fríos, a noviembre de 2024, la mediana, o sea la pensión que más se repite, (distinta al promedio), alcanza a 3.98 unidades de fomento, que al cambio del último día de ese mes asciende a $152.227.- que, con el incremento de la pensión garantizada universal, PGU, pagada por el estado se eleva a 8.15 UF, es decir a $311.721.-, o sea un poco más del doble. No hay duda de que sin el aporte estatal, la pensión autofinanciada estaría bajo la línea de pobreza que llega a $232.255 y levemente superior al de la pobreza extrema que asciende a $154.837. Pero ¿qué es la línea de la pobreza y la pobreza extrema?, estos son indicadores que nos permiten identificar a las familias en Chile y saber si con sus ingresos pueden o no adquirir una canasta básica de alimentos mensual, conforme a los integrantes de ese grupo familiar.
De tal forma, no hay datos o defensas legítimas para sostener que el sistema de previsión actual, requiere al menos cambios profundos, pues los actuales pensionados no pueden seguir esperando. El sistema de las AFP es un excelente negocio para sus dueños, inversionistas y grupos económicos, pues sus utilidades y la posibilidad de contar con ingresos frescos, originados en las remuneraciones y salarios de los imponentes, es el bienestar de unos pocos, pero un pésimo negocio para una gran mayoría. Por el contrario la seguridad social, es un derecho básico, que debe garantizar pensiones que permitan vivir y no sobrevivir. Los derechos de los trabajadores concluyeron con el Plan laboral y con la creación de las AFP de José Piñera Echeñique. Solo con el sagrado “derecho a pataleo”, podremos recuperar la seguridad social y el derecho a una pensión, que permita que la jubilación sea nuevamente un grito de alegría para un merecido descanso, a recuperar pensiones con solidaridad que garantice bienestar social, necesitamos mejores pensiones ahora, el pueblo chileno lo merece.
SAMUEL NAVARRO CASTRO, abogado, Seremi de Justicia y DDHH de Aysén
[1] https://saludpublica.uchile.cl/noticias/152243/-la-historia-detras-del-medio-litro-de-leche-para-todos-los-chilenos
[2] Ibid.
