Cada cierto tiempo, distintos sectores políticos acusan a los adversarios de incumplir las leyes, incluso la Constitución. Que se recurre a resquicios, atajos para incidir en las funciones del Estado. Son, en muchos casos, los primeros en levantar la voz ante lo que han llamado “populismo legislativo”.
Razón tienen en su crítica. O, al menos, en cuestionar lo que consideran tuerce el espíritu de la institucionalidad que nos hemos dado como sociedad.
Pero lo que podría ser un sano y legítimo reproche trastoca en oportunismo cuando emulan lo ayer objetado, con el fin de avanzar en sus propios objetivos. Incluso ideológicos.
Fue lo que ocurrió con la votación de la Ley de Presupuestos 2025, cuyas ideas matrices están claramente establecidas en la Constitución. Esto no es un tema menor, considerando que según la Carta Fundamental las modificaciones que se realicen a todo proyecto de ley (sea originado por mensaje presidencial o moción parlamentaria), deben ceñirse a sus ideas fundamentales.
Fueron la diputada de Aysén, Marcia Raphael (RN), junto a su correligionario de Los Lagos, Mauro González, quienes impulsaron una indicación a la Ley de Presupuestos en pro de su agenda pro salmoneras y, por qué no reconocerlo, racista: suspender la aplicación de la Ley 20.249 (conocida como Ley Lafkenche). Lo que no han logrado mediante una reforma, quisieron obtenerlo con artimañas.
Su propuesta se transformó en el artículo 48 de la norma promulgada el 13 de diciembre de 2024: “En el marco de la aplicación de la presente ley, se suspenderá el inicio de todo procedimiento de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios contemplado en la ley N° 20.249. Para el caso de aquellos procedimientos que se encuentran en tramitación, los organismos encargados tendrán el plazo de seis meses para resolver sobre éstos. Si no se resuelve en el plazo señalado el requerimiento se entenderá como rechazado. Antes del término del plazo y la paralización de procedimientos indicados en el inciso anterior, los órganos de la Administración del Estado podrán destinar aquellos recursos para el mejoramiento de áreas en que el servicio se vea deficitario, tanto del punto de vista económico como de recursos humanos”.
Tras la aprobación de este acápite, el gobierno y un grupo de diputados y diputadas recurrieron al Tribunal Constitucional (TC). La respuesta llegó hace pocos días.
Y fue contundente.
El primer vicio de constitucionalidad es que se intentó instrumentalizar la Ley de Presupuestos para aspectos regulados por leyes permanentes (Ley Lafkenche y Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en lo relacionado con el “silencio administrativo”), con lo cual se “altera en forma sistémica” estas normas, dijo el TC. El segundo, que dicho texto no tiene relación alguna con las ideas fundamentales de la Ley de Presupuestos, y que es “la estimación financiera de ingresos y gastos, sin poder modificar legislación permanente”, lo cual está prohibido en el artículo 69 de la Constitución. Y, el tercero, que al ser la indicación de Marcia Raphael y Mauro González una propuesta parlamentaria, se arrogan una prerrogativa presidencial en la tramitación de las leyes, como por ejemplo “crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones”, lo cual también está vetado por el artículo 65 de la Constitución.
Esto, por mencionar sólo algunas de las vulneraciones.
Con este fallo, uno esperaría que los diputados González y Raphael reconocieran su error. Pero no fue así. Han insistido, incluso responsabilizando al gobierno de su propio intento de vulnerar la Constitución, en circunstancia que la resolución provino de un órgano autónomo como es el Tribunal Constitucional.
Lo que intentaron estos parlamentarios no es muy distinto a lo que otros colegas de su mismo sector hicieron con “la glosa que prohíbe que alumnos sancionados por Aula Segura opten a la gratuidad universitaria”, que “el Estado financie los tratamientos para personas menores de edad transgénero” o la “exención de contribuciones para adultos mayores”, más una sobre restricción a la migración. Y así, una docena de indicaciones que la oposición ingresó por la ventana en la Ley de Presupuestos y que fueron declaradas inconstitucionales.
Este debate nos hereda una pregunta fundamental: si la derecha está dispuesta a violar la Constitución para imponer su agenda, ¿qué más está disponible a hacer para lograr sus objetivos políticos?
Patricio Segura Ortiz
Periodista
