Unas 160 agrupaciones han firmado la misiva.
Cuestionan apoyo a proyectos de ley como el de permisos sectoriales (que se sustenta en el neologismo extractivista de la “permisología”), la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la iniciativa de administración del borde costero y concesiones marítimas, que flexibilizan la protección de la naturaleza y las comunidades por parte del Estado.
Un total de 161 organizaciones ecologistas y territoriales de todo el país emplazan al gobierno de Gabriel Boric a terminar con el proceso de regresión ambiental que impulsa tanto a nivel legislativo como territorial, bajo la excusa de fomentar la inversión. La carta, que a la fecha ha sido suscrita por movimientos sociales, ONGs, agrupaciones locales y comunitarias, hace un análisis de distintos proyectos y acciones ejecutivas en curso que han sido apoyadas por el Ejecutivo, autodefinido como “el primer gobierno ecologista de Chile”.
Alertan que esta agenda va “en contra del principio preventivo y precautorio, por lo que es regresiva en términos ambientales y sociales, ya que se está colocando en peligro a ecosistemas únicos de nuestro país, como también la posibilidad de impulsar actividades económicas a nivel local que hagan sentido y reconexión con los ecosistemas y las comunidades que allí habitan”.
Mencionan entre estas iniciativas el proyecto de ley de permisos sectoriales, en segundo trámite en el Senado, que a la fecha modifica el silencio administrativo, las declaraciones juradas y otros trámites fundamentales para asegurar que los proyectos cumplan con lo estipulado por la administración. Más aún, no contempla la contratación de más personal que es uno de los motivos de las demoras del sistema. Se agrega la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que entre los cambios más graves contempla reducir a la mitad los plazos de evaluación si éste se declara como un proyecto que debe resolverse de forma “urgente”.
La iniciativa de administración del borde costero y concesiones marítimas, en tanto, ha sido sujeto de indicaciones que ven los ecosistemas marinos como una simple despensa y repositorio de recursos naturales, simplificando sus funciones inherentes.
Lo anterior va de la mano con la arremetida del sector privado relacionado con el hidrógeno industrial, mal llamado “verde”, que no se hace cargo de las escalas y emplazamientos, al igual que los proyectos de inversión en materia de litio, que amenazan salares y ecosistemas reconocidos a nivel internacional. Por último, se releva la “falta de compromiso para caducar concesiones a la salmonicultura en áreas protegidas”.
“La lista es larga y podríamos seguir enumerando elementos preocupantes, como Escazú, la baja implementación del Servicio de Biodiversidad o la Ley de Cambio Climático, el aplazamiento de la ley de plásticos de un solo uso, entre muchas iniciativas más” expresan.
Todo esto en el contexto de la masificación a nivel de gobierno del término «permisología», neologismo peyorativo e ideológico acuñado por el sector extractivo que el gobierno hizo suyo.
“Por todo lo anterior, solicitamos que estas agenda pro-inversión sea revisada y su discurso rectificado por el gobierno y que se rechace por las Senadoras y los Senadores sus Propuestas legislativas de Racionalización Regulatoria, por tratarse de políticas regresivas en términos ambientales y sociales, que ponen aún más en riesgo los derechos humanos ambientales y de la naturaleza” concluyen en la misiva.
