Manuel Riesco Larraín. Vicepresidente CENDA
El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, se ha dirigido respetuosamente y con urgente preocupación, a las autoridades políticas del país, es decir, aquellas que fueron elegidas por el pueblo. A los partidos políticos, a las organizaciones del Pueblo Trabajador, a la juventud y a la ciudadanía toda. Para manifestarles que, en nuestra opinión, deben reaccionar ahora y oponerse tajantemente al atentado en contra de sus intereses que representa la reforma mal denominada “de pensiones” actualmente en trámite en el Parlamento.
El Presidente de la República debe considerar retirarla y reemplazarla por otra que entregue a la ciudadanía la decisión de qué hacer con sus contribuciones a la seguridad social, autorizando a todas las personas afiliadas al sistema AFP a cambiarse al IPS, trasladando sus cotizaciones pasadas y futuras, y retirando el saldo en su cuenta. Así se lo han pedido las principales organizaciones del Pueblo Trabajador y miles de firmantes de esta petición.
Si el gobierno insiste en la reforma actual y llegan a acuerdo con la oposición, ninguna persona elegida para defender los intereses del pueblo puede votar en sana conciencia a favor de este regresivo engendro. Quienes lo hagan deben saber que están infligiendo con ello un grave perjuicio al Pueblo Trabajador y un enorme beneficio a quienes vienen abusando de él desde el 11 de septiembre de 1973, atentando asimismo contra el sistema democrático, agudizando su deslegitimación y con ello la crisis política nacional, en perjuicio de la ciudadanía toda.
La referida reforma es un atentado contra el pueblo trabajador, sube la tasa de contribuciones previsionales en un 50 por ciento, de 13 por ciento a 19 por ciento de los salarios imponibles. Esta carga recaerá íntegramente sobre el salario líquido aunque lo desembolsen los empleadores, afectando además el empleo. Cada punto de incremento en la tasa de cotización que no se destina a pagar pensiones sobre la marcha, termina en los bolsillos del gran empresariado, especialmente en los de cuatro grupos ligados a la dictadura que controlan el sistema AFP desde sus compañías de seguros. Mismos que ya se embolsan cada mes y cada año desde 1981, el 84 por ciento de las cotizaciones recaudadas.
Es por eso que las mismas organizaciones empresariales que ante cualquier alza de salarios o impuestos a la renta, por pequeñas que sean, ponen el grito en el cielo y anuncian todo tipo de catástrofes, han venido en cambio promoviendo majaderamente durante los últimos gobiernos este brutal aumento de las cotizaciones, ofreciendo incluso desembolsar generosamente el incremento. Ahora cierran filas en apoyo a esta reforma que finalmente les concede lo que desean.
El sistema AFP es un esquema canallesco que, con el confesado propósito de desviar al ahorro forzoso en el mercado de capitales las contribuciones del pueblo trabajador activo, las que siempre han sido más que suficientes para financiar pensiones dignas a sus mayores, le induce mediante propaganda millonaria y obliga legalmente, a incumplir con su obligación secular de sostenerles. A cambio de ello prometen propiedad sobre sus cotizaciones, pensiones suculentas y aliviar al mismo tiempo al fisco de pagarlas. La experiencia chilena de cuatro décadas ha desnudado ante el mundo que todas estas promesas fueron y son descaradas mentiras.
La mejor manera de apreciar las dimensiones del daño enorme que ha representado el ahorro forzoso para Chile, su pueblo trabajador y el fisco, es comprobar lo que sucede si se autoriza el retorno masivo al IPS en las condiciones descritas más arriba:
Al trasladarse masivamente al IPS, el pueblo trabajador logrará los siguientes beneficios:
Todas las personas actualmente jubiladas por el sistema AFP elevan su pensión actual a cerca del doble en promedio, y mucho más las mujeres y otros grupos especialmente perjudicados.
Todas las personas afiliadas no jubiladas mantienen su tasa actual de cotización, sin alza ninguna por muchos años, sin perjuicio inmediato o mediato de su salario líquido. Las empresas no ven incrementado su costo laboral, con beneficio para el empleo y la reactivación económica.
Al recuperar las cotizaciones futuras, el fisco incrementa sus ingresos en un quinto, lo que le permite solventar el costo duplicado de las actuales pensiones AFP, ahorrando al mismo tiempo los subsidios que cubren actualmente dos tercios del costo actual de las mismas.
El sistema tributario chileno corrige su distorsión más regresiva, las “atípicas transferencias forzosas al sector privado”, como las califica el reciente informe tributario de la OCDE.
Al recuperar las cotizaciones pasadas, el fisco puede anular dos tercios de su deuda total, la que ha sido contraída con el sistema AFP para financiar los subsidios a las pensiones de dicho sistema. Ello mejora la clasificación de riesgo del país y reduce el costo del crédito, en beneficio de todas las empresas y personas.
Todas las personas afiliadas, activas y jubiladas, que se trasladen al IPS pueden retirar en un plazo prudencial el saldo remanente en su cuenta AFP o en las respectivas reservas técnicas de las compañías de seguros, tras traspasar al IPS sus cotizaciones pasadas.
Lo anterior constituye una medida de reparación adecuada al Pueblo Trabajador por el daño enorme causado a sus familias a lo largo de cuatro décadas. Especialmente si parte de dicho saldo se destina a indemnizar a las familias de las cerca de tres millones de personas afiliadas que han fallecido tras recibir pensiones de hambre.
Beneficios similares se han logrado en los países que, conducidos en muchos casos por regímenes nacionalistas, autorizaron este traslado a sus antiguos sistemas públicos de pago sobre la marcha y acabaron así con sus esquemas de ahorro forzoso, los que conforman una amplia mayoría de los que los pocos que los habían implementado previamente en el mundo.
Al acabar de con este abuso gigantesco, enfrentando decididamente a los abusadores en lugar de buscar el acuerdo con ellos, el sistema político democrático recuperará en parte significativa su legitimidad y autoridad perdidas, ayudando de ese modo a resolver la crisis política nacional en curso, que torna la vida crecientemente insoportable tanto para el Pueblo Trabajador como para los de arriba.
Hay que agregar que este abusivo esquema de ahorro forzoso implantado por la dictadura se ha sostenido en Chile a lo largo de más de tres décadas de democracia, no sólo por la corruptora influencia de los grandes intereses que profitan del mismo a costa del Pueblo Trabajador jubilado.
Ellos han contado con la ayuda inestimable de muchos tecnócratas y especialmente de algunos altos funcionarios públicos que, de modo arrogante y sin ningún respeto ni por la teoría económica ni menos por las autoridades políticas elegidas por el pueblo, han venido defendiendo este sistema a brazo partido con todo tipo de argumentos tan exagerados como falaces.Estas personas están convencidas de las obvias virtudes económicas del ahorro en general, pero no perciben o no quieren percibir el gigantesco abuso que significa imponer forzosamente la obligación de hacerlo al Pueblo Trabajador con cargo a sus salarios, hasta su muerte. Violando así flagrantemente el pacto social secular, de cuya existencia probablemente ni siquiera se han enterado.
Todavía estamos a tiempo para impedir este atentado contra el Pueblo Trabajador.
Manuel Riesco
vicepresidente
Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo
CENDA
diciembre de 2024
