Dio la razón a la comunidad
· La controversia se remonta a 2022, cuando vecino/as de la localidad denunciaron hechos de maltrato ante el alcalde Muñoz, quien se negó a iniciar sumario además de respaldar “firmemente al delegado municipal de Puerto Guadal don Jorge Parra, brindando todo el apoyo ante los dichos de malas prácticas en contra de él”.
Tras más de dos años desde que tanto la afectada como la junta de vecinos N8 de Puerto Guadal dieran a conocer los hechos, la Contraloría Regional confirmó la veracidad de la denuncia en contra del delegado municipal Jorge Parra Riquelme. Mediante resolución del 28 de mayo de este año, determinó que el funcionario incumplió normativas relacionadas con “realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia” y “observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado”.
Los hechos se remontan a principios de 2022, cuando un grupo de vecino/as juntaron firmas para dar cuenta de las situaciones de maltrato y discriminación que vivió Consuelo Pérez Diéguez, quien fuera matrona de la localidad, por parte de Parra. En la ocasión se detalló que sufrió “maltrato verbal y sicológico, incluyendo actos penados por la Ley Zamudio que sanciona la discriminación arbitraria a las personas por diversos aspectos, incluida la orientación sexual”
Estos hechos fueron puestos en conocimiento del alcalde Luperciano Muñoz, junto con una carta de la junta de vecinos, con el fin de que se iniciara una investigación sumaria.
Pero no sirvió de mucho el reclamo: mediante ordinario del 2 marzo de 2022 el edil desestimó las denuncias señalando que “esta autoridad respalda firmemente al delegado municipal de Puerto Guadal don Jorge Parra, brindando todo el apoyo ante los dichos de malas prácticas en contra de él, no existiendo la fecha una denuncia formal que avale su falta de habilidad en sus funciones”.
Esto fue cuestionado en su momento por la ex seremi de la Muer y Equidad de Género, Bárbara Ortúzar, quien señaló que “no puede ser normal que cuando una mujer ha sido violentada, quede impune. Sin duda siempre debiese haber una investigación de por medio y es la justicia quien debe declarar si hay culpables o no. Siempre nosotros le creemos a todas las mujeres violentadas”.
Ante la decisión del edil de no investigar los hechos, se presentaron los antecedentes a la Contraloría Regional, la cual el 10 de mayo de ese año instruyó al edil realizar un sumario administrativo. Este fue iniciado el 10 de junio siguiente.
Sin embargo, producto de que en el organismo fiscalizador se acumularon “múltiples denuncias” en contra de Jorge Parra, el 12 de octubre de 2022 tomó directamente la investigación para determinar los hechos y eventuales sanciones.
Es así que el resultado determinó que con respecto de Consuelo Pérez el funcionario “no ejerció dicha labor con la debida diligencia y cuidado, toda vez que no dio respuesta a los requerimientos que la señora Consuelo Pérez Dieguez -residente de la localidad a la fecha de los hechos- le efectuó mediante los oficios de 26 de enero y 25 de febrero, ambos de 2022, así como también de lo requerido mediante los correos electrónicos de 11 de noviembre de 2021 y de 15 de febrero de 2022”.
A esto se agrega que, extralimitándose en sus atribuciones, “solicitó expresamente (al alcalde) que considerara no acceder a la solicitud de financiamiento para un programa deportivo presentada por ella al municipio, en base a los problemas de índole personal que mantenía con la interesada”.
Ante esto, se estableció que quedó “plenamente acreditada la responsabilidad administrativa de don Jorge del Tránsito Parra Riquelme y se justifica la aplicación de una sanción disciplinaria”.
Por ello, recomendó al alcalde Luperciano Muñoz “la medida disciplinaria de multa del 20% de su remuneración, y una anotación de demérito en el factor de calificación de cuatro puntos”.
A la fecha, no existe conocimiento si el edil aplicó o no la sanción propuesta. En paralelo, la joven afectada determinó emigrar de la localidad.
