- Este hito se acababa de inaugurar en una ceremonia encabezada por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, junto a autoridades locales y organizaciones de Derechos Humanos.
A solo diez días de su inauguración, desconocidos vandalizaron y robaron la primera placa de memoria instalada en una frontera chilena. Se trata del monolito que recuerda a las víctimas del emblemático caso Coyhaique, los detenidos desaparecidos Juan Vera Oyarzun, Néstor Castillo Sepúlveda y Rosendo Pérez Ríos.
Para el seremi de Culturas Aysén, Felipe Quiroz, se trata de “un acto de absoluta cobardía. Existen personas que todavía insisten en borrar la historia, y son capaces de llegar hasta la frontera para atentar contra la memoria. Es inaceptable y los responsables deben responder”.
Para la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique, que trabajó durante meses en este significativo hito de memoria con la Seremi de Culturas, se trata de un sabotaje que revictimiza a sus familiares. Así lo manifiesta la presidenta María Erita Vera Vera, quien además es hija de Juan Vera, uno de los detenidos que ahí se recuerdan: “Recibimos la noticia con bastante dolor porque esa placa simbolizaba no solo la violación de los derechos humanos en la Región de Aysén, sino la colaboración entre policías y militares argentinos y chilenos. Es lamentable que a 50 años de lo sucedido, hechos como este sigan ocurriendo; que se pretenda borrar la historia porque en el fondo lo que se busca al sacar esa placa es un acto de negacionismo. Para nosotros instalar esa placa es un acto de memoria, y sacarla de este modo, es un acto de negacionismo”.
A 50 años del golpe de estado cívico militar, la Región de Aysén ha sido escenario de diversos actos de vandalismo; en Puerto Cisnes, el Memorial de Derechos Humanos de avenida Baquedano en Coyhaique, y ahora en el hito fronterizo de Coyhaique Alto.
Este hito de memoria se acababa de inaugurar en una ceremonia íntima y emotiva que encabezó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, junto a autoridades locales y organizaciones de Derechos Humanos.
Familiares de las víctimas esperan que se esclarezca lo sucedido. Desde la Seremi se enviaron los antecedentes al Consejo de Monumentos Nacionales para evaluar posibles acciones legales contra este atentado a la memoria.
