• Entre las medidas están, la exigencia de garantías en todos los convenios y obligaciones de información y prohibiciones.
El Gobierno dio a conocer las primeras medidas de la Agenda de Probidad y Modernización del Estado, que perfecciona la ejecución de los recursos mejorando el control y fiscalización del gasto reduciendo los espacios para el mal uso de los fondos públicos. Como parte de esta Agenda, el Ministerio de Hacienda en conjunto con la Dirección de Presupuestos envió un instructivo a todos los servicios del sector público para asegurar que los recursos que se transfieren a instituciones privadas sin fines de lucro sean destinados a los objetivos que se definen para ello estableciendo nuevos requisitos para disponer de las transferencias.
El Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Morales, indicó: “Es evidente la importancia de poner mejores controles ante los problemas detectados en la administración financiera entre instituciones públicas y privadas. Este instructivo -que también va a requerir un cambio legislativo, un reglamento posterior, inclusive una nueva ley de probidad y transparencia-, es tremendamente serio. Es fundamental la certeza que las personas tienen que tener, de que los recursos fiscales, del Estado, son eficientemente usados y van en beneficio de las personas. Con esto estamos dando cumplimiento a esa obligación de velar por el buen uso de los recursos públicos”.
El oficio enviado refuerza la obligación de aplicar reglas generales de contratación, recalcando que los receptores privados deben ser seleccionados mediante un concurso acorde a lo que dice la Ley de Presupuestos. Además, en línea con lo detallado en la Ley del Erario Público 2023, se establece que las transferencias de recursos públicos a instituciones privadas, sus objetivos y condiciones, deben ser efectuadas a través de convenios suscritos entre ambas entidades y aprobados mediante los respectivos actos administrativos, totalmente tramitados.
Por su parte, el Seremi (S) de Gobierno, Samuel Navarro Castro, señaló: “en nuestra región, al igual que en el resto del país, nuestro Gobierno está tomando medidas concretas para promover mayor probidad y modernización del Estado. El instructivo fue enviado a las instituciones para reforzar los controles de los convenios que se celebren para todo tipo de transferencias, tanto corrientes como de capital, en el sector público, lo cual fue coordinado con la Contraloría General de la República. Este instructivo será complementado por las mejoras que incluirá el proyecto de ley de Presupuesto 2024 y por las recomendaciones que presente la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado a fin de este mes. Este documento reitera normas existentes y las complementa incorporando factores de riesgo que se han identificado en los eventos que se han conocido en las últimas semanas. Todas estas medidas son aplicables tanto para el Gobierno Central como para los Gobiernos Regionales”.
La Contraloría General de la República por parte de las instituciones que suscriben convenios con el Estado, también exige la existencia de garantías en todos los convenios que se celebren (sea para transferencias corrientes o de capital), que cubran, al menos, una parte significativa de los recursos que se están traspasando. Ejemplo de ello, son la demanda de boletas de garantía, vales vista u otros instrumentos que permitan su cobro inmediato en caso de incumplimiento de algún aspecto.
Además el instructivo sostiene que la entidad privada que suscribe el convenio con el Estado debe acreditar antigüedad y experiencia en la función comprometida. También se busca limitar la subcontratación, solo en aquellas funciones de la entidad que son anexas al objetivo fundamental del convenio. Se reitera, además, la obligatoriedad de inscribirse en el Registro de Colaboradores del Estado que mantiene el Ministerio de Hacienda y donde deberán entregar información todas las instituciones públicas que suscriban convenios con instituciones privadas.
Otra de las medidas establecidas en el instructivo es la prohibición de fraccionar un convenio, es decir, que se divida en dos o más fracciones por montos que los mantengan bajo las exigencias de aprobación o de regulación que establece la Ley. Y, en el caso de instituciones que a la fecha han suscrito convenios previos con el Estado, se les obligará a acreditar la rendición de cuentas por esos acuerdos.
Otras obligaciones incorporadas en este instructivo consideran que los convenios de transferencias a municipalidades deberán incluir la información de la dotación a contratar, para el cumplimiento del objeto del convenio; la restitución de recursos transferidos en casos en que no se cumpla adecuadamente el objeto de un convenio; no establecer compromisos que excedan el ejercicio presupuestario; conceder transferencias en relación con el avance efectivo del proyecto financiado; y publicar y transparentar la información en los propios sitios web de las instituciones que suscriben un convenio con el Estado.
Finalmente, en el caso de los Gobiernos Regionales, además de ser aplicable todas estas instrucciones, se les reiteran las normas de la Ley de Presupuesto de 2023 en cuanto a priorizar la asignación de recursos a través de mecanismos concursables y de regular estrictamente la información y los requisitos cuando se suscriban, por razones de fuerza mayor, convenios a través de asignaciones directas.
