Por Benjamín Infante. Profesor de Historia
Tal como un segmento de la izquierda viene planteando, en estos momentos, “no hay más salida que el conflicto” (Rosa, 2023). Las izquierdas con programas de transformación estructural en el gobierno, en general tienen claro que la lucha es tanto dentro como fuera del gobierno, dado que se cuenta con un proyecto político de disputa del poder que busca interferir con las relaciones de fuerza a nivel social. Sin embargo, en la experiencia comparada, han sido pocos los proyectos de izquierda, que, una vez llegados al gobierno, empujan el protagonismo popular como parte central de su estrategia.
Hemos anteriormente caracterizado la vigencia de la distinción entre reformismo y revolución justamente en el grado de protagonismo popular dispuesto en los programas de gobierno. En general las reformas que plantean tanto reformistas como revolucionarios son las mismas de tipo democrático popular que antes del ciclo neoliberal pregonaba la socialdemocracia. La diferencia entre ambas perspectivas, no obstante, reside en la voluntad de movilizar al pueblo de manera activa para la concreción de las metas estratégicas de dicho programa. De esto también depende la posibilidad de que dichas reformas sean concretadas, sobre todo aquellas dirigidas a horadar el poder social de las clases dominantes, o, en otras palabras, a cambiar aspectos del régimen de propiedad vigente (Infante, 2022). De no activar la movilización social, los gobiernos de programa socialdemócrata se verían constreñidos a realizar una revolución pasiva, es decir, “todo para el pueblo, pero sin él”, cuyo fin último sería la “restauración progresista” del régimen que supuestamente se intentaba cambiar (Fiori, 1966). En otras palabras, esta perspectiva de transformación estructural desde el Estado, pero con protagonismo popular, implica reemplazar “la cuarta pata de la mesa” como diría Veliz a propósito de la ausencia de burguesía industrial, con pueblo organizado que aumente la capacidad estatal. Es lo que hizo Frei Montalva, con su “comunalismo comunitario” y el empuje a la sindicalización campesina, o lo que hizo Allende con el Área de Propiedad Social.
Nuestro gobierno progresista, no ha adoptado hasta ahora la tesis de un programa de transformaciones con protagonismo popular tal como lo sugiere la comprensión del desafío modernizador por parte del socialismo chileno, en tanto “inclusión de las mayorías marginadas en la estructura socio-productiva” (Arrate & Ruiz, 2020), o las experiencias contemporáneas del “socialismo del siglo XXI” en Venezuela y Bolivia. Es más, tempranamente demostró voluntad de querer respetar a rajatabla los contornos de lo que Juan Pablo Luna entre otros llaman el “laberinto estatal neoliberal” (2012), debido a la baja “estatalidad” de nuestro Estado, es decir, su baja capacidad de llevar adelante las competencias que le corresponden como soberano de la nación. Naturalmente, esta condición de baja capacidad, tiene como causa, entre otros, la realidad dependiente de nuestra economía y estructura social. Por lo que su superación no depende del ejercicio de un gobierno, pero si se quiere empujar transformaciones que serán repelidas por la correlación de fuerzas instituida, más vale que se asuma cierto grado de organización y movilización de masa entorno a objetivos estratégicos del Estado. En la mayoría de los casos donde el progresismo ha iniciado acciones con esa orientación, es frecuente la apertura de espacios de disputa cultural a través de la creación y promoción de medios comunitarios como el canal encuentro en Argentina (2007). Experiencias de este tipo hay en cada esfuerzo gubernamental progresista en la región, ya sea como respuesta a un intento de golpe (como ocurrió en Venezuela con la Ley de Responsabilidad Social, 2004), o como política afirmativa de disputa cultural.
En un momento políticamente de “suma cero” emerge la movilización docente y de asistentes de la educación. La correlación de fuerzas con la derecha es más que desfavorable y la izquierda en general vuelve al familiar lugar de defensa estratégica que había abandonado únicamente durante la convención constitucional. Así mismo lo demuestra el petitorio de los profesores, únicamente se hace cargo de solicitar aquello que el gobierno ya había prometido. Es, en estos casos, cuando se hace visible la ausencia de estrategia de poder de la izquierda hacia los sectores históricamente en disputa con el modelo neoliberal. Justamente ahora que llegamos al gobierno, no necesitamos sectores movilizados condescendientes, sino que empujen la historia hacia adelante en el sentido de un programa pos neoliberal. Reinstalar, a través de una vocería social las demandas antineoliberales que habilitaron la apertura de este ciclo de reformas progresistas, es señalar el horizonte que vuelve coherente a las demandas mínimas.
En una movilización, un grupo que articula sus demandas, puede hacerlo distinguiendo las de corto con las de más largo alcance, aunque sea para posicionar un horizonte político. Las y los profesores nos hemos movilizado años anteriores en contra de la Subvención por Asistencia, que es, sin lugar a dudas, el mecanismo de financiamiento que sostiene el mercado educativo en la educación tanto pública como particular subvencionada. Con consecuencias en todo el sistema educativo tanto psicológicas, administrativas y de gobernanza.
Ahora, ¿qué sería una demanda estructural en esta disputa? En términos simples, una demanda estructural es aquella que intenta cambiar elementos de la estructura socio-productiva de la sociedad, el cómo ésta se reproduce. En educación, una demanda estructural, quizás de las más importantes respecto al funcionamiento del sistema educativo, es la subvención por asistencia. Cambiar dicho mecanismo por uno de financiamiento basal ha estado en el corazón del programa progresista desde hace más de 30 años, dado que es ahí donde se realiza el Estado subsidiario en educación y la lógica de mercado que impone a todos los establecimientos, independientemente de su propiedad. Este mecanismo incluso ha sido productor de la matriz cultural neoliberal (Apple, 2005).
Las demandas gremialistas del conflicto en educación obligan un aumento en la inversión en Educación, al mismo tiempo que Chile supera el promedio OCDE de presupuesto orientado a Educación, por lo que la derecha, ante cualquier partida presupuestaria que integre educación, argüirá que no es necesario aumentar el financiamiento, sino que mejorar los mecanismos de inversión para aumentar la eficiencia del gasto. Frente a ello, en este momento, la izquierda no tiene capital para hacerla cambiar de opinión. Es por esto que renunciar a la instalación discursiva del cambio al sistema de financiamiento, es renunciar a las demás demandas mínimas actualmente presentes en el petitorio de asistentes, ya que ellas dependen de la posibilidad de cambiar el registro de la discusión pública hacia posibilidades donde la derecha sí tenga intereses en juego. Naturalmente, las demandas estructurales, al trastocar el sistema socio-productivo, sí afecta los intereses conservadores.
Ideal sería que el movimiento social por la educación, actualmente representado por los asistentes de la educación, sobre todo aquellos de zonas extremas, y los profesores, articulara en conjunto demandas que trasciendan lo gremial y se refieran a la reproducción del sistema educativo neoliberal. Ocurre que, siendo de derecha la dirección de los asistentes de la educación, la salida política del conflicto que se visualiza es el desgaste tanto del gobierno como de los asistentes. Mientras la dirección de izquierdas del Colegio de Profesores, articula una salida política que hace viable la consecución de algunas de sus demandas, renuncia a su posibilidad de apoyar el programa de transformaciones estructurales que se duerme en medio de una crisis de legitimidad que no se va a resolver desde la pura gestión estatal.
Muy posiblemente la salida política a este triste episodio de movilización de trabajadores de la educación, termine con un gremio de asistentes –más- dividido y desgastado que antes. Con una derecha fortalecida en su conducción. Y una respuesta satisfactoria a las demandas docentes en todos aquellos aspectos que no se requiera un aumento presupuestal. En esas circunstancias, el conflicto solo reproducirá la brecha del gobierno con los sectores populares, la lejanía que estamos de propiciar los anhelados cambios estructurales en educación, y el veto de la derecha al aumento de la partida presupuestaria en educación.
La legitimidad se construye desde abajo, distribuyendo capacidad estatal, algo que el Estado neoliberal por sí solo tiene muy poca. Es justamente en la cartera de educación, donde se han empujado varias iniciativas políticas que implican organización y participación popular (Tutorías, A convivir se aprende, Reactivación Educativa, Congreso Pedagógico, etcétera). Sin embargo, el malestar permanece, ¿por qué? Pues justamente porque los mecanismos causales de la crisis en educación, aquellos socio-productivos y de raíz estructural, no están siendo afectados.
Es necesario aumentar la capacidad estatal con participación popular, al mismo tiempo que señalamos la vigencia del programa que altera la reproducción neoliberal con movilización y acción social.
Bibliografía
Altman, D., & Luna, J. P. (2012). Introducción: El Estado latinoamericano en su laberinto. Revista de Ciencia Política, 521-543.
Apple, M. (2005). Are Markets in Education Democratic? Neoliberal Globalism, Vouchers, and the Politics of Choice. Counterpoints Magazine, 280(Globalizing education: policies, pedagogies, & politics), 209-230.
Arrate, J., & Ruiz, C. (2020). Génesis y ascenso del socialismo chileno. Una antología hasta 1973. Santiago: LOM.
Fiori, G. (1966). Vitta di Antonio Gramsci. Bari: Editori Laterza.
Infante, B. (2022). Tras la ruptura: hacia un cambio democrático revolucionario. Revista Rosa.
Rosa. (2023). No hay más salida que el conflicto. Revista Rosa.
