Cabe mencionar que la comuna de Aysén supera a Coyhaique en cuanto a cifras, siendo 190 deudores en la ciudad porteña versus 167 en la capital regional, muy por debajo se ubican Chile Chico con 45, Cisnes con 11 y Cochrane con 6.
A ocho meses de la entrada en vigencia de la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, en la región de Aysén actualmente son 378 personas las que se encuentran en este registro, siendo de ellas 364 hombres y 14 mujeres, según las cifras entregadas por el Registro Civil.
El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro explicó que “primero hacer mención que a partir de octubre del año 2022 entró en vigencia la ley 21.389 que creó el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, desde esa fecha y hasta este año y continuamente, se está alimentando esta información en las distintas entregas que hace el Poder Judicial y a la fecha tenemos un registro que establece a 378 personas deudoras de alimentos, de las cuales 364 son hombres y 14 mujeres, y que se traduce en que 458 niños, niñas y adolescentes no están recibiendo su pensión de alimentos oportunamente”.
Cabe mencionar que ingresan al registro quienes adeuden tres meses continuos sin pagar pensión o 5 meses discontinuos, en tanto mantenerse en este registro no solo es un dato estadístico, sino que imposibilita la realización de diversos trámites entre ellos la renovación de licencias de conducir, obtención de pasaporte, y si está tramitando un crédito en alguna entidad financiera sobre las 50 UF, la deuda de alimentos va a ser descontada de este préstamo, y así una serie de otras restricciones.
Ahora, Samuel Navarro se refirió a la cifra adeudada hasta el 30 de junio pasado, indicando que “son más de 400 millones de pesos los que se deben, lo que habla de esta falta e incumplimiento al deber ético, legal que tienen los padres y madres respecto al pago de pensiones alimenticias, por lo que el llamado es a pagar las pensiones de alimentos que están fijadas por el Tribunal, en el caso de los beneficiarios a mantener actualizada la situación en el Poder Judicial, a actualizar la deuda, a verificar el pago oportuno de los montos que así están decretados, para hacer que el sistema funcione y permitir el objetivo final que es que el dinero que se le debe a los niños, niñas y adolescentes llegue oportunamente para cubrir las necesidades propias de su desarrollo social e integral”.
Finalmente, cabe mencionar que a nivel nacional el registro alcanza a los 108 mil 954 personas, afectando con ello a 144 mil 26 niños, niñas y adolescentes.
