Marta Godoy Carvajal. Directora Regional Subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. SernamEG.
La autonomía respecto a los cuerpos de las mujeres debe ser, tanto un espacio de ejercicio de derechos como de la definición de política pública; es decir, se requiere del concurso del Estado para que a través de sus leyes, políticas, planes y programas garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en materia de autonomía física.
Como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género hemos trabajado, por más de tres décadas, promoviendo la autonomía física de las mujeres la que se expresa, tal como la menciona la CEPAL, en dos dimensiones relativas al respeto a los derechos reproductivos de las mujeres y la violencia de género. Este domingo 28 de mayo, se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, hito que pone la atención pública sobre la relevancia de estas temáticas.
Se hace necesario revisar la historia y relevar que esta fecha se originó el año 1987, en el marco de la asamblea de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. En tal sentido, como Servicio consideramos que el concepto de salud sexual y reproductiva debe centrarse en las personas y sus derechos, siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género.
Esta mirada además releva que las personas deben ser activas sobre su salud y debe involucrar aspectos tales como su libertad, autonomía, igualdad, equidad, desarrollo individual y calidad de vida. Es decir, un enfoque integral que también se relacionan con los derechos sexuales y reproductivos; en la medida en que el pleno bienestar en el plano sexual y reproductivo se obtiene cuando las personas ejercen y exigen sus derechos.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, organismo dependiente de la ONU, los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, lo que implica que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplirlos. En esa línea, uno de los principales territorios en disputa, en el marco del ejercicio de derechos de las mujeres, es la autonomía física, aspecto que se encuentra transversalmente en diferentes áreas de su desarrollo.
Como institución pública responsable de fortalecer las autonomías y el ejercicio pleno de derechos de las diversidades de las mujeres hemos velado por cumplir esta demanda siempre presente en la sociedad civil. Uno de nuestros modelos programáticos que los aborda es el denominado “Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos”, que sólo el año pasado permitió, gracias al convenio con la Municipalidad de Coyhaique, que 235 personas participaran en los talleres focalizados en mujeres y juventudes.
Una segunda dimensión de la autonomía física, entendida como la capacidad y condiciones concretas para tomar libremente decisiones sobre la vida, es la violencia de género. Por consiguiente, parte de nuestra labor, que se condice con lo establecido en la Declaración de Pachuca (2014), ha sido contribuir para que la sociedad reconozca la violencia contra las mujeres como un problema social, que debe ser abordado por las políticas públicas, cuya responsabilidad es del Estado en su conjunto, donde cada organismo público a nivel local, provincial y nacional contribuye desde su propio quehacer.
En nuestro caso, junto a la atención a las mujeres mayores de 18 años que han vivido situaciones de violencia ejercida por sus parejas o exparejas a través de los centros de la mujer, también nos hemos abocado a llegar antes de que ocurran hechos de violencia con el programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres, que se ejecuta en las comunas de Aysén y Coyhaique, vía convenio con los municipios, los que posibilitó la capacitación de 404 personas, entre monitoras/es comunitarias/os y agentes preventivos; asimismo, otras 687 participaron en talleres de sensibilización. Esta intervención programática, abocada en las juventudes y las personas que se relacionan con este rango etario, es un paso más en el avance en la erradicación de la problemática sociocultural que es la violencia de género.
Es indudable que hemos avanzado en este desafío durante las últimas tres décadas, dado que como país hemos tenido la capacidad de generar institucionalidad pública, normas y cuerpos legales que permitan ir avanzando en la garantía de estos derechos. Si bien en la función pública se requiere que haya oferta, también implica la coordinación permanente y el constante perfeccionamiento de los distintos actores presentes en los territorios. Para lograr, en definitiva, su abordaje de forma integral, ya que es un tema país que requiere la participación además de los actores sociales. De allí, el llamado, que hacemos de manera permanente, para que todas y todos seamos agentes de cambio, desde la institucionalidad y también desde la ciudadanía.
