El pleno de la Corte Suprema culminó la edición XXV de sus Jornadas de Reflexión –en la localidad de Puerto Chacabuco–, instancia que durante tres días conoció y resolvió temas de interés para el sistema de justicia, como los relativos a gobierno judicial, género y no discriminación, entre otros.
El máximo tribunal trabajó en la Región de Aysén entre el 20 y 23 de octubre, marcando así el retorno a la presencialidad de estas tradicionales labores de análisis y proyección fuera del Palacio de Tribunales de Santiago.
Gobierno Judicial
Uno de los temas prioritarios del encuentro fue reafirmar y actualizar la postura de la Corte Suprema sobre la necesidad de separar la función jurisdiccional y administrativa, proponiendo la creación de una entidad nacional y otras a nivel locales que tenga una mayoría de integrantes judiciales y que se aboque a las tareas de nombramientos, evaluación de desempeño, control disciplinario, administración y presupuesto; formación y capacitación.
El pleno de ministros del máximo tribunal del país especificó que su proposición incluye la creación de consejos regionales, que eviten la “excesiva concentración de funciones” y aporte una mirada local y cercana a las realidades judiciales de cada territorio.
“Un primer aspecto, constitutivo de una definición central que la Corte Suprema ha adoptado en forma consistente, es la necesidad indiscutida de diferenciar, en forma clara, el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales. Esto implica la creación de un órgano nacional con autonomía constitucional, tipo Consejo de la Magistratura, descentralizado o desconcentrado funcional y territorialmente a nivel regional, que ejerza las funciones propias del gobierno judicial y donde la composición de su instancia superior, tanto a nivel nacional como regional, sea especializada y mayoritariamente judicial”, estableció la Corte Suprema.
“Esta diferenciación se traduce, además, en que quienes ejercen jurisdicción no debieran dedicarse al mismo tiempo a funciones distintas a las que se comprenden en ese ámbito. De este modo, se considera que los miembros de la judicatura no podrían integrar instancias de gobierno judicial mientras desempeñen funciones jurisdiccionales, por lo que necesariamente debieran quedar inhibidos de ejercer jurisdicción temporalmente en ese periodo”, plantea el acuerdo.
Sobre la integración de este órgano, los ministros y ministras de la Corte Suprema reiteraron su planteamiento entorno a la necesidad de que cuente con una mayoría de integrantes de la judicatura y con otros miembros determinados por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Colegio de Abogados y facultades de Derecho. Se estimó importante que el presidente o presidenta de la Corte Suprema sea, además, la máxima autoridad de esta nueva entidad.
Frente a otras temáticas relacionadas al proceso constituyente, el pleno del máximo tribunal valoró el actual modelo de integración, con 21 ministros y ministras, siendo 16 de carrera y 5 externos. Además, reforzó que se deben mantener en los tribunales superiores las acciones constitucionales sobre vulneración de garantías, “sin perjuicio de entregar en casos especiales su conocimiento a los tribunales de base”.
También calificó como “necesario” el concepto de unidad judicial y determinó que todos los tribunales queden bajo la estructura del Poder Judicial, dejando exentos únicamente a la Justicia Constitucional y a la Justicia Electoral.
Género y no discriminación
Otro de los temas analizados en profundidad fue la propuesta de modificaciones en asuntos de género y no discriminación en que se tomaron definiciones en materia de prevención, reparación, capacitación y paridad.
En esta materia, la Corte Suprema determinó:
• Que la Academia Judicial en conjunto con la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y la Corporación Administrativa del Poder Judicial elaboren un Programa de Capacitación obligatorio en materia de violencia de género para todas las personas integrantes del escalafón primario del Poder Judicial, en especial para la judicatura con competencia en familia y penal;
• Confeccionar un decálogo de actuación y buenas prácticas, que pueda ser una guía para las personas que integran el Poder Judicial en sus relaciones laborales y que ayude a prevenir casos de acoso sexual y sexista dentro de la institución;
• Brindar recomendaciones de actuación para personas investigadoras sobre contención emocional a las personas denunciantes;
• Generar una mesa de trabajo para la evaluación de modificaciones normativas que permitan evitar la revictimización a las personas denunciantes durante el proceso, además de facilitar las medidas de mitigación tanto individualmente como en relación a los espacios laborales;
• Recomendaciones de actuación para promover la reparación de las personas víctimas y de las que se desempeñan en las unidades laborales, con posterioridad a la sentencia disciplinaria que sanciona por acoso sexual;
• Se estableció que en la formación de ternas y cinquenas para la integración de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, respectivamente, se recomiende la votación por, al menos, una mujer y un hombre. Además, se establecerá un sistema de alternancia entre ministras y ministros de Cortes de Apelaciones, por orden de antigüedad, para servir el cargo de ministros o ministras suplentes en la Corte Suprema.
Otras materias
La relación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo fue abordada en el encuentro determinando que se estima necesario potenciar la colaboración y comunicación con los colegisladores. “Para tal objetivo, se acuerda la conformación de una comisión de ministros que coordine la instancia de vinculación legislativa”. “Para estos fines, se acordó que podrá designarse por la Comisión a un ministro o ministra permanentemente encargado de representar dichas apreciaciones, para lo cual concurrirá a las instancias legislativas que se le invite a participar en la tramitación de los proyectos de ley respectivos. Esta comisión podrá colaborar igualmente con los procesos constitucionales en que se requiera la opinión de esta Corte o se estime relevante manifestarla”, se detalla.
Sobre la justicia indígena, se estimó relevante que juezas y jueces conozcan más sobre esta materia y se acordó ‘proponer al Consejo Directivo de la Academia Judicial la factibilidad de desarrollar un curso de especialización dirigido al escalafón primario del Poder Judicial sobre justicia indígena y estándares del Convenio N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, con especial énfasis en jurisdicciones con presencia de comunidades indígenas”, afirma.
