Manuel Riesco, 6 de septiembre 2022
El pueblo de Chile ha hablado. Quizás por primera vez todo el pueblo ha hablado en una elección. Su mensaje es fuerte y claro, está mucho más descontento y la crisis nacional, es decir la deslegitimación del sistema político, es más profunda, aún, de lo que todos pensamos. La desafección ciudadana alcanza ahora no sólo a los partidos de centro y derecha, sino también a la izquierda, no sólo al Parlamento sino también a la Convención y al Gobierno. Eso es muy grave, puede y debe ser revertido rápidamente.
Siete elecciones recientes han dado una lección de sociología política formidable. Los resultados dependen principalmente de quienes participan, conjuntos que cambian en cada una de ellas. Pues bien, esta vez con inscripción automática y voto obligatorio participaron todos, 13 millones, 86% de las personas mayores de 18 años, 4,6 millones más que en la segunda vuelta presidencial reciente, la más concurrida de las anteriores. Ello no había sucedido nunca y el cambio en los resultados es sorprendente.
El Presidente Boric obtuvo 4,6 millones de votos y ganó con 56 por ciento de la votación. Ahora el Apruebo obtuvo 4,8 millones de votos pero perdió con el 38 por ciento de la votación, en ambos casos excluidos nulos y blancos.
Falta un análisis por documento de identificación, RUT, del Servicio Electoral, SERVEL, para saber a ciencia cierta si ello se debe principalmente a que los nuevos votantes representan un conjunto diferente al resto o si el resultado refleja una nueva distribución general de preferencias, o una combinación de ambos factores. Si todos los que votaron por el Presidente Boric hubiesen votado apruebo, casi todos los nuevos votantes tendrían que haber rechazado, lo que es altamente improbable. Más plausible es que el rechazo haya ganado lejos entre los votantes nuevos, pero que haya sumado asimismo no pocos votantes del Presidente.
Sea como fuere, el pueblo de Chile expresó abrumadoramente su sentimiento predominante ¡rechazo!
Votó casi todo el pueblo trabajador, la participación fue aún más elevada en comunas urbanas populares que en acomodadas, en muchas comunas campesinas que en las grandes ciudades.
Los electores pertenecen en un 99 por ciento al pueblo trabajador. No es un pueblo trabajador ignorante o desinformado, muy por el contrario, es un pueblo joven, bastante calificado y muy informado puesto que la abrumadora mayoría maneja con naturalidad teléfonos inteligentes.
Sus RUT coinciden con los de personas afiliadas a las AFP. La mitad son mujeres, dos tercios no han cumplido 46 años de edad, y cerca de la mitad tiene menos de 36. Tienen educación media completa y muchos han cursado algún tipo de educación terciaria. Tres millones están jubiladas y 12 millones son personas trabajadoras activas.
Las personas jubiladas sobreviven con pensiones de 275 mil pesos al mes. Las activas rotan en siete millones de empleos asalariados que en promedio pagan un millón de pesos mensuales, las mujeres 900 mil. Pero no todas consiguen un empleo todos los meses, ni mucho menos. Por ello sus ingresos salariales son en promedio la mitad de eso.
Sus RUT coinciden asimismo con el registro de contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, SII. Según un reciente estudio de Hacienda, las personas más calificadas del 99 por ciento que trabaja ganan menos de 4 millones de pesos al mes. El uno por ciento restante vive principalmente de rentas del capital y se apropian de más de un tercio del ingreso nacional. Ganan en promedio 20 millones de pesos mensuales, e incluyen 13 mil personas que ganan 130 millones de pesos mensuales, que incluyen 1.300 personas que ganan ¡mil millones de pesos al mes!
Esa brutal diferencia social, herencia de Pinochet y su constitución, mantenida en democracia, es causa principal de la indignación del pueblo. Agravada por mil abusos más que martirizan su vida cotidiana: malas pensiones, salud, educación, transporte, inseguridad, inmigración descontrolada…
También indigna al pueblo la falta de respeto por sus valores, creencias y costumbres tradicionales. Miles de campesinos se manifestaron hace poco con caballos y banderas chilenas en defensa del rodeo. Ellos no defienden la constitución de Pinochet pero votaron contra la Convención, a la que percibieron más preocupada de abusos contra las minorías y la naturaleza, que de sus angustiosos problemas.
Todo lo anterior se ha agravado por una incipiente contracción económica precipitada por medidas de quienes dirigen la institucionalidad económica, que parecieran mandarse sola. En muchos casos han manifestado un indisimulado propósito de impedir cambios significativos en la estructura económica y social que sostiene las inequidades y abusos que son la causa principal de la indignación popular.
Ninguno de estos problemas ha cambiado un ápice, o muy poco, desde el 18-O. La propuesta constitucional no resolvió directamente los principales, más bien facilitó que fueran abordados en la legislación posterior.
El gobierno del Presidente Boric lleva seis meses y tampoco ha abordado en profundidad ninguno de los problemas principales que indignan al pueblo, no ha presentado ninguna de las reformas necesarias para resolverlos de verdad. Tampoco se visualiza que las nuevas autoridades con las principales responsabilidades directas de hacer estas reformas, tengan la convicción de darles la profundidad requerida, a pesar de las reiteradas y valiosas declaraciones presidenciales al respecto.
Estos factores y muchos otros, fueron magnificados y agitados hasta la náusea por una campaña multimillonaria, irresponsable, odiosa, miserable, falsa y destructiva, de quienes abusan del pueblo y buscan una solución de fuerza a la crisis nacional. Por las razones anteriores no es raro que dicha propaganda haya calado en el pueblo, con el resultado de convertir el rechazo a la nueva constitución en otra gigantesca manifestación de protesta contra todo lo que venga del sistema político.
Los que buscan una solución de fuerza consiguieron así poner un dique al cauce político abierto al estallido popular del 18 de octubre de 2019, conocido como 18-O, con el acuerdo constitucional del 15 de noviembre de 2019, conocido como 15-N.
La deslegitimación del proceso constituyente arrastró asimismo al gobierno del Presidente Boric, conducido por una élite joven y calificada que no ha tenido tiempo ni quizás una suficiente comprensión de la gravedad de la crisis política nacional en curso, para iniciar las reformas necesarias que el país necesita y el pueblo exige.
El proceso del 15-N y el gobierno del Presidente Boric eran las únicas autoridades políticas que, por su origen en el 18-O, podían haber tenido la capacidad de encauzar de modo constructivo la masiva y creciente indignación popular. Ambos han sufrido una derrota brutal en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, ya conocido como 4-9.
Quienes buscan una solución de fuerza a la crisis nacional desatada el 18-0, junto a ladronzuelos que buscan ganar a río revuelto, son únicos ganadores del 4-9, lo saben y rápidamente se adueñaron del resultado. Todas las demás fuerzas políticas e instituciones con la posible excepción del SERVEL, han resultado perdedoras.
Ni por un instante se pueden imaginar los partidos de derecha, que ni siquiera se atrevieron a mostrar la cara en esta vuelta, tampoco figurines de centro que corrieron al rechazo sin ser capaces de arrastrar a sus propios partidos, tampoco el Parlamento, que este resultado no los alcanza ¡ellos son los más deslegitimados!
La solución de la crisis política nacional, agravada con el resultado del 4-9, exige comprender su naturaleza profunda, que no es otra que la incapacidad del sistema político de enfrentar a los poderosos y realizar las reformas necesarias para impedir que sigan abusando del pueblo. Dichas reformas no son otras que acabar los abusos y distorsiones impuestos por la fuerza tras el 11 de septiembre de 1973 y amparados por la actual constitución, ni más ni menos.
Las reformas necesarias son posibles porque el ciclo de participación desplegada del pueblo en política, que es la base de la fuerza necesaria para realizarlas, no se ha revertido ni mucho menos. Los dos anteriores, 65-73 y 83-90 no amainaron hasta lograr sus objetivos principales.
Ello requiere una conducción política amplia y a la vez profunda, que realice las reformas necesarias con la determinación del Presidente Allende. La coalición Apruebo se ha levantado como principal fuerza política del país. Ninguna otra tiene su amplitud y capacidad de movilización popular.
Parece oportuno considerar convertir la coalición del Apruebo, con todos los partidos, movimientos y figuras que la conformaron, sin sectarismos, en coalición de gobierno. Al mismo tiempo, convencerla de impulsar con decisión las reformas necesarias. Es el camino de victoria.
