Imputados fueron recontratados a honorarios entre enero del año 2012 y julio del 2017. Además, hay otros 3 familiares que tampoco efectuaban las funciones por las que recibían un sueldo estatal.
En total, la Fiscalía investiga a 122 personas, todas en retiro. Otros 700 oficiales y suboficiales son investigados, desde octubre del año pasado y tras resolución de la Corte Suprema, por el Segundo Juzgado Militar de Santiago.
39 funcionarios en retiro del Ejército reintegrados a honorarios entre el año 2012 y 2017 y 3 familiares también contratados bajo la misma modalidad, serán formalizados por la Fiscalía Regional de Aysén por el delito de fraude al fisco, luego de un minuciosa investigación encabezada por el Fiscal Regional, Carlos Palma Guerra y una Fuerza de Tarea integrada por detectives de las Brigadas de Investigaciones Policiales Especiales BIPE y Cibercrimen de la PDI, sumado a la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, SACFI y la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público.
Todos los imputados fueron contratados para prestar servicios en la IV División del Ejército de Chile, trabajos que nunca realizaron. Según explicó el Fiscal Regional, Carlos Palma, las contrataciones se efectuaban con fondos del Estado, para saldar la deuda tras el cierre del denominado Fondo de Ayuda Mutua, FAM.
En los 39 casos a honorarios, los montos comprometidos oscilan -en cada involucrado- entre los 329.549 mil pesos a 11.437.030 pesos por persona. En el caso de los 3 familiares, que supuestamente prestaban asesorías en materias de computación, administración y documentación, los dineros defraudados varían entre los 3.494.268 pesos a 9.757.764 pesos por cada uno.
El total comprometido en estos casos, supera los 164 millones de pesos. Las diligencias, respecto de otras 80 personas -todos en retiro-, continúan por parte del Fiscal Palma y la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, SACFI, a cargo del fiscal Jefe, Luis González Aracena y la Fuerza de Tarea Aysén de la PDI.
PERSONAL ACTIVO
En octubre del pasado, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, resolvió que el Segundo Juzgado Militar de Santiago era competente para conocer de los hechos investigados en la denominada causa FAM, la cual fue tramitada desde el 2018 por la Fiscalía Regional de Aysén.
La determinación, involucró a todos aquellos imputados en servicio activo, es decir cerca de 700 oficiales y suboficiales de distinto rango.
Tras esta resolución del máximo tribunal del país, la causa respecto de los oficiales y suboficiales en servicio activo, fue remitida al Segundo Juzgado Militar para continuar su tramitación por parte de la Ministra en Visita Extraordinaria, Romy Rutherford Parentti.
De acuerdo a las primeras estimaciones efectuadas en su momento, durante las diligencias de la Fiscalía y PDI, los montos involucrados superarían en total los 2.900 millones de pesos en este caso de fraude al fisco y con más de 822 involucrados.
CONTEXTO
La investigación a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén se originó luego de antecedentes derivados por la Contraloría el año 2018.
Como contexto, cabe precisar que desde el año 1950 se desarrolló en la IV División del Ejército de Chile un sistema de ayuda recíproca, a través del cual sus integrantes recibirían una cantidad de dinero al producirse alguna nueva destinación, retiro o baja, con dineros que eran recolectados del restante personal a través de descuentos por planilla.
A dicho sistema se le denominó “Fondo de Ayuda Mutua” o “FAM” y se extendió hasta el año 2006, donde se decretó su cierre definitivo por desfinanciamiento.
En el año 2008, el Alto Mando del Ejército ordenó que se adoptaran medidas paliativas en los distintos niveles para los integrantes del Fondo de Ayuda Mutua afectados por el cierre, pese al pronunciamiento efectuado por la Contraloría General de la República, que resolvió que el conflicto era un asunto entre particulares y los propios dictámenes de los Tribunales de Justicia, donde se declaró el carácter particular de las deudas contraídas por el Fondo de Ayuda Mutua, sin responsabilidad del Estado.
De esta forma, la Dirección de Personal y posteriormente el Comando de Personal del Ejército, ideó, diseñó e implementó una serie de medidas para resarcir los dineros adeudados a los socios del extinto FAM.
Por ejemplo, se incluyeron comisiones de servicio y pago de viáticos, despachos anticipados, extensión cese de sueldos, beneficios económicos, becas de estudios, entre otras. Asimismo, se utilizó dentro de estas medidas la contratación de personal a honorarios y a contrata.
Bajo esta última modalidad se vieron beneficiadas las y los primeros 42 imputados de esta investigación que serán formalizados, quienes consintieron en defraudar al Estado al percibir ingresos por servicios que nunca se prestaron o eran innecesarios y solo obedecían al pago con dineros fiscales de sus respectivas deudas particulares contraídas con el extinto Fondo de Ayuda Mutua, FAM.
Luego de esta solicitud de formalización por parte de la Fiscalía, el Juzgado de Garantía de Coyhaique fijará el día y hora para la audiencia de formalización.
Las penas para el delito de fraude del Fisco, dependiendo los montos y reiteración en los hechos, oscilan entre los 541 días de presidio a penas de crimen, es decir superiores a los 5 años y un día de cárcel.
