Manuel Riesco. Economista CENDA.
La Cámara de Diputados ha iniciado la tramitación de nuevos retiros de fondos AFP y anticipos de rentas vitalicias adeudadas. Ello ha sido rechazado por autoridades económicas del gobierno, por el propio Presidente Boric y desde luego por las AFP, industria financiera y gran empresariado. Sin embargo, los retiros cuentan con un abrumador respaldo en el pueblo y amplios sectores políticos, para quiénes el esquema de ahorro forzoso mal llamado “de pensiones”, implementado por la dictadura y mantenido en democracia, ha perdido toda legitimidad. El gobierno y la coalición han quedado en una situación complicada que se va a prolongar y agravar con un costo político creciente. El camino de solución lo dió el propio Presidente al justificar su apoyo como diputado del cuarto retiro, contra la opinión de sus asesores. “Escucho a mis asesores pero también al pueblo” dijo el Presidente Boric.
El pueblo tiene toda la razón al exigir los retiros. No la tienen sus asesores al oponerse a los mismos. Se trata de una demanda justa que confirma la ilegitimidad absoluta del sistema de ahorro forzoso AFP. Para intentar frenarlos, los partidarios de mantener e incluso agravar este abuso exageran los aspectos negativos de los retiros mientras soslayan sus evidentes aspectos positivos.
Para el pueblo trabajador el asunto es claro. El fondo AFP no financia pensiones adecuadas ni las financiará jamás. El dinero allí empozado, recortado obligatoriamente a sus salarios y restado a las pensiones de sus mayores, financia la mayor parte de los créditos y buena parte del capital de las empresas que operan en el país, especialmente las de los cuatro grupos que controlan este sistema a partir de sus compañías de seguros que son el corazón del mismo. Ellos le dicen al pueblo que ese dinero es ahorro que le pertenece, pues bien, que lo devuelvan.
El gobierno no está haciendo lo necesario para acabar con este abuso. No tiene un diagnóstico ni un programa claro y definido para acabarlo. Esa es la causa del problema político que hoy enfrenta. La solución no es demonizar los retiros, tampoco culpar a sus promotores ni al pueblo por exigirlos, sino acabar con el ahorro forzoso. Ahora. Eso debe plantearse con toda claridad.
El ahorro forzoso es un abuso gigantesco. Consiste en desviar el grueso de las cotizaciones obligatorias de seguridad social al mercado de capitales para disfrute de grandes empresarios, restándolas al presupuesto fiscal y las pensiones de los padres y abuelas de los forzados “ahorrantes”. Es la causa exclusiva de las bajas pensiones y la causa principal del déficit y endeudamiento fiscal.
En todos y cada uno de los 490 meses transcurridos desde la dictación del DL3.500 hace 41 años, las cotizaciones recaudadas han más que duplicado el monto total de las pensiones pagadas por el sistema. Por añadidura, el fisco ha financiado el 60 por ciento de éstas, incluido el 40 por ciento de las pagadas en los últimos 12 meses. Aún descontando de cotizaciones y subsidios el costo total de esas pensiones, cada mes, cada año, se ha generado un excedente corriente a favor del sistema, que en total suma más que el valor actual del fondo AFP. Los únicos años en que el pueblo trabajador ha retirado dinero en términos netos del sistema AFP fueron el 2020 y 2021 gracias a la decisión del Parlamento.
El ahorro forzoso beneficia principalmente a cuatro reconocidos grupos nacionales que controlan el sistema AFP a partir de las compañías de seguros que conforman el corazón del mismo y se han embolsado primas brutas por compras forzosas de seguros AFP, equivalentes a la mitad de las cotizaciones recaudadas desde 1981. Asimismo, a otros dueños de empresas nacionales, el 70 por ciento de cuya deuda y 20 por ciento de su capital bursátil en el caso de las mayores, se financia con el fondo AFP y las “reservas técnicas” de rentas vitalicias.
Asesores fundamentan su rechazo a los retiros principalmente en su efecto de elevar la demanda agregada presionando sobre los precios, cuya alza general atribuyen a una economía supuestamente “sobrecalentada” por esta causa. Por otra parte, afecta la “profundidad del mercado de capitales” local, con eventual efecto sobre la tasa de interés. También incide en el cálculo de pensiones al reducir los saldos adeudados a los jubilados. Aseguran también que sería una medida regresiva, puesto que sólo beneficiaría a una parte de población que no incluye a los más pobres que no disponen de saldos significativos para retirar, si es que tienen alguno. La dimensión de estos obvios impactos negativos, sin embargo, resulta muy discutible y a todas luces se exagera. Asimismo se puede morigerar extendiendo los retiros en el tiempo.
Los aspectos negativos señalados son más que compensados por impactos positivos de los retiros, asimismo evidentes, que sus críticos desdeñan y cuya dimensión ha sido bien extraordinaria. Lejos de ser una “mala política pública” como se los ha calificado, los retiros han sido la medida de reactivación económica más importante en registro y de lejos el principal estímulo a la rápida recuperación de la economía chilena tras la profunda paralización COVID. Se trata de un estímulo a la demanda financiado con recursos reales, en buena medida repatriados, no con emisión desmedida que puede envilecer la moneda.
Del mismo modo, han sido la medida redistributiva singular más importante en registro. Han restituido el equivalente a la mitad de la masa de salarios de un año completo, desde los mercados financieros y un puñado de grupos súper ricos que tienen ese dinero en su poder, a 13 millones de personas del pueblo trabajador afiliadas al sistema, que conforman casi toda la población activa y la mitad de la jubilada, del país,
Los retiros favorecen a 11,3 millones de personas afiliadas activas al sistema AFP, que conforman la totalidad de fuerza de trabajo real y concreta, que entra y sale constantemente de las 6,7 millones de planillas de pago censadas mensualmente en el registro de cotizaciones. También al millón y medio de personas jubiladas por este sistema. Los saldos en las cuentas individuales de las personas activas son modestos. La mitad tiene menos de dos millones de pesos, lo que resulta en una pensión de 10 mil pesos por mes, y un sexto no tiene nada. El 86 por ciento tiene menos de 20 millones, que resultan en una pensión de $100 mil, el 94 por ciento tiene menos de 40 millones, que resultan en una pensión de $200 mil, similar a la pensión básica garantizada de $185 mil. El 98.8 por ciento tiene menos de 100 millones, que resultan en una pensión de $500 mil. Ningún “ahorrante” forzados es una persona rica, los ingresos mensuales sobre $2,5 millones no cotizan. Los afiliados a las AFP son el pueblo trabajador de Chile identificado con RUT, nombre y apellido. Todo retiro en su favor es muy progresivo.
Otras personas, incluida la mayoría de economistas que opinan en los medios, rechazan los retiros porque están convencidos de las virtudes del desvío de parte de los salarios al ahorro forzoso, porque incrementa el ahorro nacional. No comprenden o no consideran que ello constituye una violación flagrante del pacto social secular en su norma más esencial: los salarios son sagrados, no se tocan. Sólo pueden destinarse al bienestar exclusivo, directo e inmediato de las familias trabajadoras, incluidos sus mayores. Financiar el ahorro nacional es responsabilidad exclusiva de los empresarios, con cargo a las ganancias y rentas que se apropian (CENDA 2022b)
Acabar con el ahorro forzoso resuelve por añadidura el déficit y endeudamiento fiscal, puesto que es su principal causa. Mantenerlo es una gran irresponsabilidad fiscal, e incrementarlo aún peor. Las cotizaciones equivalen a un quinto de los ingresos fiscales pero se restan de los mismos. Adicionalmente el fisco debe subsidiar las pensiones AFP. Aún restando la totalidad de las que pagan, dicho desvío generó un déficit corriente neto cercano a nueve mil millones de dólares en el último año, que se transformará en superávit fiscal al acabar con este sistema. El excedente corriente de cotizaciones más subsidios menos pensiones pagadas por el sistema AFP, que a la fecha suma casi 200 mil millones de dólares (cuadro 1), es la medida precisa del monstruoso déficit fiscal acumulado por el sistema AFP, puesto que, sin AFP, recaudando y pagando lo mismo, hoy sería excedente fiscal.
El programa del gobierno no plantea con claridad acabar de raíz este abuso. Por el contrario, insinúa incrementarlo para reponer “la profundidad de mercado de capitales” y así lo han comprometido recientemente sus autoridades económicas frente a la industria financiera. Por este motivo, principalmente, ambos se oponen tercamente a los retiros. No toda la coalición de gobierno, sin embargo, comparte esta propuesta, razón por la cual se ha postergado la reforma para más adelante, dejando un tiempo no para cambiar esa propuesta sino para “relegitimar” el mecanismo en diálogos ciudadanos. Corregir esta política y, en lugar de insistir en demonizar los retiros, acabar con este gigantesco abuso derogando ahora el DL 3.500, proyecto que está en el Parlamento, parece la manera más adecuada de salir a la ofensiva de este complicado cuadro político. La principal virtud de los retiros fueron relegitimar la institucionalidad democrática imponiendo su autoridad a los poderosos y limitando su abuso con el pueblo trabajador. Esto es precisamente lo que el país necesita y el pueblo exige.
