Unos 30 millones de pesos adeudaría la municipalidad de Aysén a la empresa San Sebastián Servicios Integrales SpA, por obras de mejoramiento en la escuela de Chacabuco y Litoral Austral de Puerto Aysén, las que están prácticamente terminadas -según señalan desde la empresa-, pero la municipalidad ha dilatado el pago.
“Luego de varias irregularidades nosotros tomamos la decisión de hacer la denuncia a Contraloría y dentro de ella, el alcalde de Aysén pone término anticipado a los contratos, de forma arbitraria, siendo que anteriormente se había llegado a un mutuo acuerdo, aceptado por el director de obras y el alcalde”, explica Gisella Toro, representante legal de la empresa.
Tras ello, se solicitó que la Contraloría se pronunciara para el pago de las obras efectivamente realizadas, cosa que no ocurrió. “Había partidas al 100% y las estaban castigando al 70%, incluso partidas castigadas al 50% y al no estar de acuerdo con eso, se hizo la denuncia a Contraloría que se pronuncia y el alcalde tenía un plazo de 15 días para pagar a la empresa”, apuntó.
Ese plazo comenzó a correr el 22 de enero, por lo que se encuentra cumplido, pero hasta ahora el municipio porteño no ha solicitado facturas, ni existe movimiento alguno por parte de la administración de Julio Uribe. La empresa se siente afectada porque, además, “la municipalidad realizó pagos fuera de la ley a 30 días. Nosotros tenemos pagos realizados a 60 y 70 días e incluso a 122 días, y afecta bastante, porque ya no estamos trabajando en ninguna obra en la comuna”, agregó Toro.
La situación se arrastra desde septiembre de 2021, por lo que la empresa iniciará una demanda civil y penal, “por prevaricación administrativa hacia el alcalde y el director de obras, porque hay juicios de valor que se realizan en decretos y que no corresponden a funcionarios públicos”.
A la vez se encuentran esperando otro pronunciamiento de Contraloría para dejar sin efecto los términos anticipados de contratos, “unilateralmente por la municipalidad de Aysén”, ya que se habría realizado en medio de un proceso de consulta al organismo contralor.
Toro espera que las instituciones públicas cumplan sus compromisos con los adjudicatarios, “porque cuesta salir adelante, sobre todo en regiones como esta”.
Desde la municipalidad porteña, en tanto, declinaron referirse al tema, argumentando “que es un trámite que se encuentra en curso”.
