El Colegio de Periodistas de Chile presentó una iniciativa de norma patrocinada por 15 convencionales y encabezada por Carolina Videla, para que el derecho a la comunicación sea garantizado como un derecho humano de carácter colectivo, en la nueva constitución política del país.
“Agrupa a otros derechos fundamentales, como el derecho a la información, la libertad de expresión y el ejercicio de una prensa libre. La idea es que el corazón de esta iniciativa es sacar los obstáculos que pone el Estado en materia de garantizar la inclusión de otros actores y actrices en el ecosistema de medios y que han sido invisibilizados y silenciadas sus voces. Este proyecto está muy enfocado en los territorios y las regiones, el valor y el aporte que hacen. Debería permitir avanzar en dos grandes líneas, un marco regulatorio efectivo, que permita distribuir el espectro radiofónico de manera equitativa, reconociendo los tres sectores de las comunicaciones: privado, público o un sistema de medios públicos y los comunitarios, con un gran énfasis en este sector”.
Se trata del primer paso en la Comisión de Sistemas de Conocimiento, para que luego pase al plenario, junto a otras iniciativas como canales y medios comunitarios o un sistema de medios públicos, “la idea es aunar las fuerzas, de forma colectiva”, subrayó Ahumada.
La iniciativa es impulsada por organizaciones sociales y organismos como el Colegio de Periodistas de Chile, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile y el Bloque por el Derecho a la Comunicación.
La norma constitucional plantea que el Estado debe garantizar Derechos Humanos en materia de comunicación, sobre la base que la nueva Constitución requiere reconocer a la sociedad completa como protagonista de la comunicación, garantizando derechos individuales y colectivos que permitan acceder a información y generar opiniones de manera veraz, diversa, plural y a través de todo tipo de medios. “El Estado garantiza el Derecho a la Comunicación y removerá los obstáculos que presentan los grupos o comunidades discriminados o en desventaja para estar representados y participar en la esfera pública y en el ecosistema de comunicación y medios”, señala el primer artículo de la norma.
En ese sentido, la propuesta establece acciones positivas destinadas a garantizar ámbitos como la promoción de la comunicación y medios comunitarios; la protección del ejercicio del periodismo y de la actividad informativa en general; el acceso a la conectividad con condiciones de calidad, así como la educación mediática con enfoque de género, feminista y de Derechos Humanos.
Además, propone garantizar el desarrollo de medios y plataformas de comunicación públicos, la promoción de espacios de regulación y promoción que cuenten con mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, así como la distribución equitativa de los recursos públicos, como el avisaje estatal con énfasis en inversión en medios regionales, entre otros temas.
Nataly González, coordinadora general de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, dijo a El desconcierto que “el apoyo transversal a la norma por parte de convencionales que han asumido un compromiso por defender el derecho a la comunicación, entendiendo que éste es un derecho de todas las personas y de los territorios’’.
Cabe mencionar que la norma fue patrocinada por Carolina Videla, Elisa Giustinianovich, Malucha Pinto, Ericka Portillo, Francisco Caamaño, Hugo Gutiérrez, Loreto Vidal, Bárbara Sepúlveda, Manuela Royo, Isabel Godoy, Marcos Barraza, Valentina Mirada, Bessy Gallardo, Natividad Llanquileo y Alondra Carrillo.
