A través de un comunicado de prensa, la Corte de Apelaciones de Coyhaique, se refirió a la querella que presentó la Fiscalía y que involucra a la jueza del Tribunal de Garantía, Cecilia Urbina. “Atendido el principio de transparencia que informa la actuación del Poder Judicial, esta Corte de Apelaciones comunica que el pasado sábado 21 de agosto de 2021, ingresó a este tribunal una querella de capítulos, presentada por el Ministerio Público en contra de la magistrada titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, Cecilia Eliana Urbina Pinto. Que luego del examen del escrito y conforme la normativa que regula la materia, prevista en el Código Orgánico de Tribunales y Código Procesal Penal, se dio curso a su tramitación en forma inmediata, a fin de resolver la petición del ente persecutor y definir su admisibilidad.
La querella de capítulos constituye un antejuicio, cuyo objeto es obtener la autorización, que en ciertos casos exige la ley, como requisito previo para iniciar un proceso criminal en contra de determinados funcionarios y, a la vez tiene el propósito de resguardar de acusaciones infundadas o arbitrarias de que puedan ser objeto, producto de las resoluciones o actuaciones que adopten en el ejercicio de sus funciones, jueces, fiscales judiciales o fiscales del Ministerio Público.
Respecto de la magistrada aludida, se puede informar que el Tribunal Pleno de esta Corte ha obrado en forma oportuna, en cuanto, con fecha 27 de julio del presente año, al tomar conocimiento de ciertos hechos relacionados con la conducta funcionaria de la jueza Cecilia Urbina, se instruyó una investigación sumaria administrativa, de acuerdo al Acta 108-2020 de la E. Corte Suprema de Justicia, siendo designado como Instructor el ministro Pedro Alejandro Castro Espinoza, quien en uso de sus facultades, con fecha 3 de agosto de 2021 suspendió de funciones a dicha magistrada, con el objetivo de resguardar el éxito de la investigación y el buen funcionamiento del Tribunal de Garantía. En tanto, el 8 de agosto del presente, se procedió a formular cargos en contra de la funcionaria investigada.
En la actualidad, el proceso disciplinario se encuentra en etapa de rendición de pruebas, ajustándose su tramitación a las formalidades y plazos previstos en el Acta antes mencionada”, declararon.
