Por Marcel Gaete Parraguez, coordinador Comisión Nacional de Derechos Humanos
En estos días en que se conmemoran los 65 años del Colegio de Periodistas, es necesario detenerse y reflexionar en las cosas que se han realizado y el trabajo que se está realizando por mejorar las condiciones labores y de acceso a la información para las y los periodistas en Chile.
Según el reciente informe de la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, y que contó con el apoyo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, indican señalen y nos dan luces de lo que ha significado la revuelta social y las coberturas periodísticas en ese contexto.
La violencia y el uso abusivo y desproporcionado de las fuerzas de orden es sistemático, por lo que se ha normalizado este tipo de agresiones dentro de la labor comunicativa, sólo denunciando los hechos “más graves” naturalizando la violencia.
La Fiscalía y otros agentes del Estado presentan acusaciones penales contra comunicadores independientes, lo que deriva en el inicio de un procedimiento judicial contra el reportero/a que fue injustamente detenido. De alguna forma se ve un trato discriminatorio hacia ellos, por ser de medios “pequeños”, y que no tienen un nivel de posicionamiento a ojos de las autoridades.
Existe una falta de transparencia, información parcial y restricciones de acceso a información sobre cifras de detenciones, heridos y violaciones de Derechos Humanos. Sin ir más lejos, producto de la pandemia, se han esgrimido razones sanitarias o de seguridad del Estado, para no entregar información sensible para la población, como por ejemplo son los proveedores de instrumental médico, o la adquisición de las vacunas.
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública mantiene conductas de obstrucción en el acceso a la información pública. Eso se constata con el instructivo del mes de abril, donde se intenta impedir el desplazamiento y coberturas en el sector de Plaza Baquedano, al exigir credenciales (colegiaturas) y títulos profesionales para ejercer la labor de comunicar.
Desde el 18 de octubre de 2019 distintas autoridades del Gobierno y de las fuerzas de orden público han mantenido reuniones con representantes de los principales medios de comunicación en las que se ha tratado de condicionar la cobertura informativa realizada por estos medios.
Las situaciones de bloqueos, moderación de contenidos o censura previa que realizan las plataformas, impacta directamente en los registros y evidencias digitales sobre violaciones a los DD.HH que son publicados en las plataformas.
De acuerdo a este último punto, resulta más que necesaria una nueva normativa jurídica que de certezas y seguridades a los periodistas en nuestro país, y es a eso donde apunta el Colegio de Periodistas en estos días, el poder concretar en un instrumento jurídico que sirva de resguardo para la labor de comunicar, y garantice el derecho a la población de estar informada. Se va por buen camino, y de es esperar que los pasos reformistas que se viven en Chile, sirvan para que las voluntades se unifiquen en un objetivo esencial para la democracia.
