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Tras una serie de diligencias y pericias, Fiscal Regional, Carlos Palma, evalúa la fecha en que se solicitará audiencia de formalización de la investigación contra 800 personas, aproximadamente, 270 de ellos funcionarios activos del Ejército.
Montos involucrados superan los 2.900 millones de pesos, según la investigación.
Más de 800 personas involucradas y montos que superan los 2.900 millones de pesos son parte de los antecedentes en la investigación por fraude al fisco detectado en la IV División de Ejército, cuya investigación se inició el año 2018 por parte del Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, luego de una presentación de antecedentes efectuada por la Contraloría General de la República.
“FAM es la denominación para Fondo de Apoyo Mutuo que era una estructura de beneficencia solidaria que entre distintos suboficiales de Ejército, entre el año 50 y 2006, existió en la IV División de Ejército en Aysén”, explicó el fiscal. “Sin embargo, a propósito de la falta de fondos de esta estructura en el año 2007 en adelante, comenzaron a desviarse fondos fiscales con la finalidad de reparar a aquellas personas que no habían logrado obtener los montos que se les debían y eso es lo que, desde el punto de vista penal, llamamos la investigación FAM; fraude al fisco a propósito de la estructura del FAM”.
En cuanto a la fecha probable para una solicitud de formalización, Carlos Palma, dijo que “es una investigación de largo aliento, compleja, tanto por el número de los involucrados como por los montos y las distintas vías remediales que fueron implementadas para cometer el fraude. Y por lo tanto, a pesar del largo aliento, ya estamos en condiciones de formalizar investigación”.
En ese sentido, agregó que “por ahora, no hemos pedido audiencia, estamos evaluando los términos precisos de la misma y los distintos grados de responsabilidad pero ya se ha levantado toda la evidencia, se están tomando declaraciones, están pendientes algunas pruebas periciales”.
INVOLUCRADOS
Respecto de la cantidad de personas involucradas, el jefe de los persecutores penales en Aysén, expresó que “asciende a un número cercano a los 800; es justamente lo que estamos precisando, evaluando algunas responsabilidades más pequeñas y eventualmente ese número podría subir un poco. En cuanto a los montos, el monto original adeudado a los funcionarios del FAM, y por lo tanto el objetivo a cumplir con el fraude, eran un poco más de 2.900 millones de pesos, sin perjuicio de lo cual el peritaje contable por parte de la PDI, determinará el monto preciso del perjuicio fiscal”.
Cerca de 270 de esas personas todavía cumplen funciones en el Ejército. “No hemos pedido audiencia de formalización aún. Son de los trámites que efectuaremos en los próximos días”, precisó el fiscal Palma, quien desde el principio de la investigación trabaja con la denominada Fuerza de Tarea Aysén, un grupo multidisciplinario, constituido por funcionarios de la PDI, tanto de la BIPE Metropolitana, Cibercrimen y Laboratorio de Criminalística de Santiago.
Como parte de las diligencias en esta causa de alto interés público, se han efectuado toma de declaraciones en Aysén, Puerto Montt y la región Metropolitana, diligencias de entrada y registro, incautación de evidencia, documentación, todas con orden judicial, en las cuales también ha participado el fiscal jefe de SACFI, Luis González y el jefe de Asesoría Jurídica, Luis Soto.
ANTECEDENTES
Este mecanismo investigado, permitió utilizar millonarios fondos institucionales. Lo anterior, a través de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal en retiro y comisiones de servicios que no se realizaron pero donde sí hubo un pago de viático, entre otras modalidades, a modo de compensación por pérdidas económicas individuales a raíz del término del FAM o Fondo de Ayuda Mutua, un sistema informal de ayuda solidaria en caso de retiro o traslado, que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue descontinuado por el Ejército el año 2006.
También el Fiscal Palma ha explicado que lo que se investiga no es el Fondo de Ayuda Mutua, sino el fraude al fisco que se genera luego que el FAM no tuvo fondos para repartir a sus beneficiarios.
Las penas para el delito de fraude del Fisco, dependiendo los montos y reiteración en los hechos, oscilan entre los 541 días de presidio a penas de crimen, es decir superiores a los 5 años y un día de cárcel.
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