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Si para el primer retiro del 10% de los ahorros que los trabajadores mantienen a través de cotizaciones obligatorias en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), tanto parte de la derecha como el Gobierno se opusieron terminantemente, y que solo gracias a la presión social de chilenos y chilenas salió adelante, el proyecto del segundo retiro parece tener todavía mayor oposición, de parte de quienes defienden los intereses de los grupos económicos tras las AFP, que disfrazan de preocupación por las pensiones de los próximos jubilados. Si esa inquietud fuera genuina hace tiempo que las AFPs habrían desaparecido, para dar paso a un sistema de seguridad social real. Si bien es cierto nadie podría decir que es la mejor solución, porque una vez más es la clase trabajadora la que carga sobre sus hombros la crisis económica generada a partir de la pandemia y el desgobierno.
No obstante y por ahora es la única fórmula disponible ante un gobierno indolente y que coloca todo tipo de obstáculos para entregar beneficios, derechos y garantías a las personas.
De hecho, aún se recuerda la imagen del abrazo entre el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones y de Desarrollo Social en su momento, Sebastián Siches, cuando lograron en el Congreso, que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) disminuyera los montos otorgados.
Piñera, tras el contundente triunfo del Apruebo tenía la oportunidad para ofrecer cierta tranquilidad al país y algo de gobernabilidad. Sin embargo, está desaprovechando esa coyuntura al poner todo tipo de dificultades e impedimentos para que la gente pueda contar con ese 10% que le permita paliar la crisis económica. No descartó recurrir al Tribunal Constitucional y tendría preparada la presentación a ese desacreditado organismo que opera como una tercera cámara.
Decidió una vez más y en consecuencia con la guerra declarada al pueblo chileno, “torear” a la ciudadanía, lo que bien pronto podría significar un aumento sustancial de la protesta social. Incluso, ha presentado un proyecto alternativo, que junto con dilatar la decisión que parece tener aprobación transversal en la Cámara y el Senado, lo que busca es estorbar o dificultar el acceso a esta posibilidad.
En un país en que más de las mitad de su población trabajadora gana menos de 400 mil pesos, y con una cesantía de más de dos millones de trabajadores y trabajadoras, es incomprensible ponerle más problemas a esa gente que no tiene como “parar la olla”, menos cuando el propio Gobierno se niega a un impuesto a los súper ricos, aquellas personas que tengan un patrimonio superior a los 22 millones de dólares, unos 17 mil millones de pesos, como para ponerlo en perspectiva.
Este impuesto permitiría recaudar unos 9 mil millones de dólares lo que podrían ser destinados a contener la crisis en el país, de la cual muchos parecen no darse cuenta.
El efecto dilatorio del Gobierno haría que un eventual segundo retiro solo se materialice hasta marzo de 2021, generando un caos social y económico sin precedentes en el país, al menos en nuestra historia reciente.
La orfandad en que están las personas en Chile, que hace meses exige la salida de Sebastián Piñera, que votó de forma contundente contra la actual constitución, que ha señalado que pretende soberanamente elegir su destino, que exige el término de la represión a mapuche y chilenos y la libertad de los cientos de presos políticos tras la revuelta, choca además con indolencia permanente en materia económica.
Los argumentos en contra de este segundo retiro advierten que más de 4 millones de chilenos se quedaría sin ahorros, lo cual para esas personas da perfectamente lo mismo, porque demuestra a las claras que tendrá que ser el Estado el que se haga cargo de esa futura pensión, no las AFP y que igualmente demuestra que los sueldos en el país son de hambre en la mayoría de los casos y que si no fuera por la capacidad de endeudarse e hipotecar la vida, no podría sostenerse.
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