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El proyecto de ley de Educación Sexual Integral (ESI) busca generar una nueva legislación de educación sexual y afectiva obligatoria desde preescolar hasta educación superior, entendiendo esta como un derecho humano, cuyo titular son los niños, niñas y adolescentes. En sus lineamientos curriculares se apunta, por ejemplo, a prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos no programados, prevenir y detectar el abuso sexual infantil e introducir la perspectiva de género, considerando la autonomía progresiva, es decir, la madurez y el desarrollo físico y mental.
Esta ley, tiene un carácter de integralidad que apunta a generar objetivos de aprendizaje que contengan aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad y afectividad, atendiendo a las capacidades diferentes de cada estudiante y, donde su rol se plantea desde una mirada activa en la elaboración, evaluación y mejoramiento de los programas de estudio de educación en sexualidad y afectividad.
Hoy, el proyecto de ley, se encuentra aprobado en general en la Comisión de Educación de la Cámara baja, más, la reacción contraria a la discusión y eventual aprobación en particular no se dejó esperar. Proveniente del mismo sector que lideró el desplazamiento por la ciudad de Santiago del llamado “bus de la libertad”, montaje mediático tendiente a repudiar la homosexualidad mediante la promoción de la heterosexualidad obligatoria, se ha erigido una arremetida reaccionaria de corte ultraconservador vociferando que la llamada ESI atenta contra el derecho de las familias a educar a sus hijos, ¡con mis hijos no te metas!, sostienen férreamente, a esto agregan que promueve la llamada “ideología de género”, retórica inventada para rechazar toda tentativa de democratización sexual de la sociedad.
Como profesionales de la educación afirmamos, tajantemente, que nuestro sistema educativo requiere de manera urgente una política pública capaz de avanzar en el abordaje de una sexualidad integral, no meramente reproductiva ni punitiva como ha sido la tónica hasta el momento. Una mirada que incorpore desde los primeros años la prevención de la violencia de género y el abuso sexual, el reconocimiento de la diversidad sexual, la importancia del placer y el consentimiento en las relaciones sexuales, entre otros.
¿Por qué nos parece fundamental esto? porque los datos, decidoramente nos señalan que las familias no son garantes de derechos para niñas, niños y adolescentes. Según cifras de Fiscalía Nacional, para el período comprendido entre 2012 y 2016, de las 111.021 denuncias por abusos sexuales, cerca del 70% tuvo como perpetradores un conocido o un familiar. La región de Aysén, según datos de la Subsecretaria del Delito para el año 2016, lidera la tasa más alta de delitos por violencia sexual, superando en seis puntos la cantidad de niñas, adolescentes y mujeres víctimas en comparación con el promedio nacional, a lo que se incorpora la tendencia nacional de que el origen de los abusos sexuales se encuentra en los vínculos familiares.
Por lo anterior, por las niñas, niños y adolescentes creemos imperioso que el Estado “si se meta con ellas”, se involucre de manera responsable, diligente y justa, favoreciendo todas las condiciones para que puedan disfrutar desde los primeros años y por siempre de una vida libre de violencias. En ese sentido, la llamada ley ESI no podemos más que reconocerla como un avance fundamental.
REDOFEM Aysén
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