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*En tiempos de moderación y mesura, la Intendenta y el Sub Director Médico del SSA se mostraron molestos por información que circula en medios de comunicación y redes sociales.
Puerto Guadal abre nuevo punto de conflicto por eventual llegada de hasta 80 trabajadores externos.
El punto de prensa de este lunes 22 de junio fue definitivamente distinto. Las recriminaciones y el regaño destacaron por sobre la noticia. Primero la Intendenta Geoconda Navarrete, cuestionando a un periodista, por sus preguntas y luego el subdirector médico, Franklin Fournier, increpando a un diputado por no preguntar antes de hacer públicas informaciones acerca de las presuntas 5 muertes por Covid en la región.
El ambiente era más tenso de lo habitual y la reaparición de la primera autoridad regional, tras casi una semana ausente de estos espacios, también hizo la diferencia. Haberse guardado para que pasara la polémica por la renovación de la beca Patagonia a su hijo fue un duro golpe a la credibilidad de la asistente social, ex Seremi de Desarrollo Social en Piñera 1 y quien no esconde en privado, sus intenciones de ser candidata a Diputada y arrebatarle esa posición a Aracely Leuquén (RN).
Radio Genial informó hace unos días que la Intendencia recurrió a la Contraloría por posibles situaciones anómalas en el proceso de compra de canastas del programa Alimentos para Chile. Visiblemente molesta, la primera autoridad regional subrayó que es una conducta habitual de su servicio recurrir al órgano contralor para despejar dudas acerca de los procesos que llevan adelante. En ese sentido, hace unas tres semanas preguntamos por la diferencia de precio entre las canastas del resto del país, cuyo valor asciende a unos 30 mil pesos y los 75 mil que cuestan en Aysén. Se dijo, en esa oportunidad, que las canastas ayseninas eran mucho más contundentes que el resto de Chile. Al parecer no era tan equivocada la sospecha. “Enviamos un oficio de Intendencia a la Contraloría Regional donde lo que se busca es entregar a ellos (sic) en pos de la relación permanente que tienen y deben tener los servicios públicos con el ente contralor, con antecedentes y detalles de todas las acciones que estamos llevando adelante en el programa Alimentos para Chile, esto es un proceso normal en esta relación transparente y que tienen que llevar los servicios públicos con quien hace la fiscalización de nuestras acciones, no es nada más que eso, el resto son sólo especulaciones”, remató la máxima autoridad regional.
Y luego vino lo siguiente: “Me hubiese gustado que, así como nos pregunta (por el periodista de un medio radial) hoy día, nos hubiera preguntado antes de hacer su publicación en twitter, dado que usó palabras como posibles situaciones anómalas que habríamos recurrido a Contraloría y Fiscalía, respecto de la campaña alimentos para Chile y sin tener información previa se entregan conceptos errados”, puntualizó.
Es decir, Intendencia decidió ser proactiva y solicitar una revisión de lo que están haciendo con el programa, que ya entregó miles de cajas, pero que no ha dejado conformes a todos los proveedores, porque mientras algunos adjudican 10 cajas al programa, otros despachan miles.
Por otro lado, Franklin Fournier, Sub Director Médico del Servicio de Salud, algo arrebatado y buscando palabras y conceptos, cuestionó el actuar del diputado René Alinco. “Respecto a estas declaraciones que hizo esta autoridad regional, me parecen que son absolutamente desafortunadas, se podría haber resuelto tan simple como con un llamado telefónico o a la Autoridad Sanitaria, o mi persona. Mi teléfono está siempre disponible para que puedan consultar cualquier situación, y este mal entendido, o descoordinación donde se informan de 5 casos de fallecidos que no es tal, producto del coronavirus se pudo haber resuelto y no sembrar esta desconfianza en nuestra gente”, dijo a propósito de las declaraciones del Diputado René Alinco, quien acusó ocultamiento de información e incluso en un espontáneo video les dio el sentido pésame a las cinco personas que habrían fallecido por covid 19, situación que fue aclarada el domingo por el epidemiólogo Marco Acuña y que se trataría de un sistema paralelo llamado epivigila, donde se registran todas las muertes sospechosas de coronavirus, aunque el PCR no lo confirme.
Y luego vino una súplica de Fournier, para que la población crea en las decisiones que adopta la autoridad y no sembrar la duda, ante la evidente crisis de credibilidad del Gobierno. “Confíen en nosotros y en nuestra labor, estamos haciendo lo mejor que podemos”, expresó.
El problema es que actualmente Chile es récord mundial, al encontrarse en el séptimo lugar en número de contagiados y a punto de entrar al top ten de muertos, siendo el país que muestra las peores cifras por millón de habitantes, pensando que los demás países de este triste ránking tienen una población muy superior a nuestro país.
Cuarentena preventiva obligatoria
La Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, entretanto, señaló que la cifra señalada hace unas semanas atrás de 2500 controles a personas que ingresan a la región de forma semanal, consideran también los traslados entre las comunas y localidades de la región. De este modo justificó la baja cifra de personas en cuarentena, que oscila entre 300 y 500 personas. A su vez señaló que la cuarentena para quienes ingresan desde otras regiones del país es preventiva, pero obligatoria. “No son controles sólo en aduanas, sino también barreras sanitarias. Son controles de comuna a otra comuna, recordemos que en la región no hay prohibición de desplazamiento. Sólo quienes ingresan a la región, focalizado en las personas que ingresan desde Balmaceda”, recalcó.
Mientras, este martes se informaron 28 casos totales de coronavirus, con lo cual se mantiene la cifra desde casi una semana, la mayoría está de alta y sólo una persona permanece en la UCI del Hospital Regional.
Guadal: Un nuevo Flanco
La empresa Edelaysén informó que el 1 de julio podrían llegar hasta 80 trabajadores externos a la pequeña localidad del Lago General Carrera, para recomenzar la construcción de la central Los Maquis. Esta situación no fue bien recibida por la comunidad, que exige el retraso de esas obras hasta que pase la peor etapa de la pandemia. La situación parece plenamente justificada desde el punto de vista sanitario, pensando en que hay decenas de adultos mayores y una importante cantidad de población crónica, con diabetes, hipertensión o dificultades cardiovasculares. “Nos parece de extrema gravedad que estando en plena crisis sanitaria y pandemia, donde se están extremado las medidas de cuarentenas, evitar aglomeraciones y traslados de personas, la empresa pretenda exponer a la población de nuestra comunidad y a los trabajadores de salud” indican. Los motivos son “no solo las precarias condiciones de implementación de la posta sino fundamentalmente el gran número de vecinos y vecinas adultos mayores que existe en el pueblo (99 consignados), sumado a quienes presentan enfermedades de base y patologías crónicas (122 con problemas cardiovasculares, 68 hipertensos, 31 diabéticos, por mencionar algunas cifras) y las condiciones de riesgo de embarazadas”, indicó Alicia Vera Gatica, de la junta de vecinos de Guadal.
La Seremi Alejandra Valdebenito, deslindó su responsabilidad a los Ministerios de Hacienda y Trabajo. Precisó que en la región no hay cuarentena, ni cordón sanitario y que se encuentran validando el protocolo sanitario que presentó la empresa a Salud. No quiso referirse o profundizar más en las reuniones o acercamientos con Hacienda y Trabajo. “El Ministerio de Hacienda establece cuales son las labores esenciales, que aun cuando exista cuarentena o cordón no pueden ser suspendidas”.
Al paso de estas declaraciones y para aclarar el punto, el asesor de Hacienda, Fernando Camiroaga, precisó que “no son resoluciones de corte regional, sino que es el Ministerio de Hacienda y Trabajo quienes definen cuáles son los sectores prioritarios para el funcionamiento del país y en eso está la banca, suministro eléctrico y otros servicios como la prensa y cajas de cambio, entre otras. No son determinaciones regionales”, manifestó.
De este modo, al igual que la solicitud de cordón sanitario, que, a pesar de ser solicitada desde Aysén, no se adoptó por decisión del nivel central, lo mismo parece ocurrir en este caso.
*Foto Fernando Camiroaga, Asesor de Hacienda
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