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Organizado por la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Aysén
Recursos de amparo como parte de la estrategia de defensa en favor de condenados e imputados, así como los derechos que asisten a los privados de libertad e imputados y que son exigibles por la defensa en el actual contexto de Pandemia por Covid19, fueron los temas abordados en una reciente capacitación en la que participaron los defensores locales y abogados dependientes de la Defensoría Regional de Aysén.
La actividad fue coordinada por Cristian Cajas, jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Aysén, y dictada por dos abogados de la Defensoría Nacional, Javier Ruiz, de la Unidad de Corte del Departamento de Estudios y Tomás Pascual, jefe de la Unidad de DDHH.
En esta capacitación los defensores actualizaron conocimientos y aclararon dudas en estos ámbitos, que han sido centrales para la defensa penal en el actual contexto de emergencia sanitaria.
Los contenidos entregados permitieron un productivo debate sobre las estrategias de defensa a utilizar en la región ante la actual situación de pandemia, especialmente considerando la realidad que en cada región existe en la aplicación de la justicia penal.
En este sentido Cristian Cajas recordó que en materia de revisiones de prisión preventiva en la Región de Aysén, de un total de 37 solicitudes presentadas por la defensa, los tribunales acogieron 12 y rechazaron 25, lo que da cuenta de buenos resultados estadísticos. Sin embargo, hay casos que no han tenido el mismo devenir, como por ejemplo, el de una mujer adulta, embarazada y que actualmente se encuentra en prisión preventiva en Coyhaique. Se trata de un caso complejo pero que preocupa a la Defensoría Penal Pública y sobre el cual se estudian alternativas.
Cabe señalar que desde el inicio de la Pandemia, la Defensoría Penal Pública ha instado por disminuir el número de imputados e imputadas en prisión preventiva, ello porque las probabilidades de contagio por COVID19 aumenta en 5 veces, si se está privado de libertad. Si bien en la Región de Aysén el número de casos de contagios es menor y a la fecha no ha habido casos de contagios en las unidades penales, la defensa estima que se debe actuar anticipándose a posibles escenarios contagios, disminuyendo el número de imputados encarcelados.
“Esta situación – explicó Cajas – de ninguna manera busca la impunidad o dejar sin medidas cautelares a una persona que está siendo investigada por un delito. Nuestro Código Procesal Penal contempla una amplia variedad de medidas cautelares que garantizan el éxito de la investigación, la seguridad de sociedad o de la víctima, de forma más eficaz que la prisión preventiva, por cuanto permiten graduar su intensidad atendida la gravedad especifica de los distintos delitos y definir sus alcances de acuerdo a las reales necesidades del caso concreto; demandan menores gastos de recursos del Estado; y son compatibles con la actual política sanitaria de distanciamiento físico, al reducir el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios””, señaló.
Situación en audiencias y revisiones de cautelares
Respecto de los resultados en audiencias de control de detención realizadas desde el 18 de marzo a la fecha y de las revisiones de prisión preventiva en la región, Cajas señaló “se observa que en razón de los pocos casos de contagio de COVID-19 que aún presenta la Región de Aysén, la crisis sanitaria no ha sido un factor que haya influido a disminuir el uso de la medida cautelar de prisión preventiva. Se trata de una situación que preocupa a la Defensoría Penal Pública, por cuanto la privación de libertad es un factor de vulnerabilidad sanitaria que resulta evitable y frente al cual existen alternativas en nuestro ordenamiento jurídico”.
Finalmente, Cristian Cajas destacó la capacitación entregada por los profesionales de la Defensoría Nacional, “No obstante su juventud, se trata de Abogados muy destacados y con amplia experiencia en sus respectivas áreas de desarrollo profesional. Javier Ruiz litiga diariamente ante la Excma. Corte Suprema y Tomás Pascual es académico universitario especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ambos han aportado sus conocimientos a un nuevo capítulo en el proceso de formación permanente de los Defensores y Defensoras de nuestra Región, que resulta indispensable para estar al día en la jurisprudencia y la doctrina más reciente, a fin de otorgar una defensa penal de alta calidad a nuestros usuarios”.
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