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No sé cuándo será el día en que el Gobierno presidido por Sebastián Piñera entienda lo que pasa en el país, cuándo será el momento en que alguien pueda convencerlo que cada medida que adopta, cada decisión que toma en el marco de la protesta social, no hace otra cosa que golpear la débil democracia que nos queda y que nadie quiere desmoronar. Visto desde la distancia, parece una soberana estupidez intentar apagar el fuego con litros y litros de bencina del mejor octanaje, es colocarle TNT a la demanda, pólvora a la manifestación del pueblo. Ese uso abusivo de la fuerza sólo genera malestar, rechazo y resentimiento. ¿Cómo no se entiende?
El proyecto de ley que pretende que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la infraestructura crítica para proteger lo que Carabineros, con toda su dotación no pueden y que son los llamados constitucionales a mantener el orden público, no es una buena noticia para el país. El argumento central es que los uniformados estarían sobre pasados con los saqueos y la violencia en las calles. Obviamente nadie puede estar de acuerdo con que un grupo de delincuentes nos corte el suministro eléctrico o contamine el agua potable, como no estamos de acuerdo que los amigos del Presidente se roben el agua, las pensiones, la educación y todos los derechos sociales. De todas maneras, lo que proyecta el gobierno hasta ahora no ha ocurrido, es decir, no han existido corte de electricidad o agua de forma masiva, lo último conocido son los escándalos de Osorno, Puerto Octay y otras comunas, pero producto de la pésima administración de las empresas privadas.
Lo que sí está pasando hace muchos años y de forma lamentable, es lo que ocurre en las poblaciones de la capital y otras grandes ciudades, o sea, la confrontación de bandas rivales de narcotraficantes, que no respetan a nada, ni nadie. Y que son capaces de balearse frente a un hospital o un jardín infantil, intentando ampliar sus territorios. Por supuesto que los medios de comunicación han aprovechado estos actos para intentar justificar la presencia de militares sin preparación, ni menos criterio, en las calles del país, para proteger los intereses de quienes son los dueños de estos mismos medios, más un sinfín de sociedades y compañías.
Por otra parte, la dotación de Carabineros se ha dedicado justamente a resguardar los intereses de los dueños de Chile, así pasa con el famoso Costanera Center, donde cientos de uniformados hacen guardia día y noche para evitar los saqueos, pero son incapaces de ingresar a las poblaciones y desbaratar bandas criminales, quienes, amparados en el estallido social, hacen de las suyas.
Esa llamada infraestructura crítica se encuentra en manos de los mismos amigos del Presidente, familiares y viejos conocidos. ¿Cómo le explicas al pueblo que, bajo la excusa de proteger los bienes y servicios públicos, terminas prestándole colaboración con las fuerzas armadas a los mismos que son parte del problema y origen de lo que pasa en Chile? Es difícil, aunque las intenciones puedan ser justas y entendibles.
Los hechos delictivos deben ser sancionados, los saqueos que cometen minorías de manifestantes mal enfocados, también. Cabe preguntarse ¿a quién le conviene que exista más violencia en las calles? Ciertamente que no al movimiento social. Por eso llama la atención la escasa o nula participación de Carabineros para detener esas pandillas de personas que generan la violencia en el país, al igual que hace la justicia con esos otros grupos que se apropiaron del Chile con todo tipo de “maulas” y malas prácticas.
A propósito de los saqueos y violencia, este domingo supimos que uno de esos saqueadores es un colaborador de Renovación Nacional, partido del Presidente de la República. Se trata de Víctor Sandoval, quien trabaja con el concejal Juan Mena en la Municipalidad de Santiago y que fue detenido por los propios vecinos, mientras arrancaba con su auto cargado de especies en La Cisterna. ¿Un hecho aislado? ¿Alguna instrucción? No lo sabemos.
Cuando el autor de esta columna se presenta como dirigente poblacional no es sólo una declaración antojadiza, es también porque entendemos que la mirada del pueblo del cual nos sentimos parte, con sus carencias y sus dificultades, crea una diferencia con el Chile que promueven las grandes cifras macroeconómicas. Hablamos desde ese país y conocemos que el pueblo no ataca al pueblo. Eso es claro.
Aquí hay cierta intencionalidad de criminalizar la protesta social, dividir a la ciudadanía y tal vez, provocar una intervención militar. La derecha y parte de la vieja Concertación, no trepidan en utilizar todas las formas posibles para re encauzar la historia a su conveniencia.
Por eso el llamado es a cuidar al pequeño comercio de población, y aislar a los grupos que cometen delitos, porque son parte de bandas de criminales o infiltrados. No creemos que sacar a las Fuerzas Armadas a la calle sea la solución, lo que si puede pasar es que se incremente la lista negra de violaciones a los derechos humanos. ¡Piñera Despierta!
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