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Isabel Garrido, Convergencia Social
Hace dos semanas una parte importante de los partidos representados en el Congreso firmaron el llamado “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”, que estableció una serie de lineamientos para iniciar un proceso de cambio de la actual Constitución impuesta en dictadura. Este hito, motivado por la enorme presión que generó la Huelga General del día anterior, fue sin duda un paso histórico que movió radicalmente los límites de lo posible.
La siguiente columna pretende contribuir al debate con una opinión sobre las potencialidades y límites de este acuerdo. Esto, entendiendo que son temas altamente técnicos, y que no existen ejemplos precedentes en nuestra historia que nos ayuden a construirnos una opinión sobre el asunto.
Dicho esto, aun reconociendo el potencial de este acuerdo, a continuación se ofrecen una serie de argumentos en torno a por qué este pacto debe mantenernos en alerta. En otras palabras, en la redacción del texto persisten elementos que, de no modificarse, la nueva Constitución arriesga terminar en un cambio cosmético; el triste “cambiar todo para cambiar nada”, que ya hemos visto demasiadas veces.
En esta columna se abordará el punto 6 del acuerdo, que trata sobre el discutido quórum de ?. Dicho en simple, se establece que cualquier decisión dentro del mismo Organismo Constituyente, debe tener el apoyo de al menos ? de las y los delegados. Así por ejemplo, si un sector propone que la nueva Constitución decrete el agua un bien público cuyo uso prioritario sea el consumo humano, deberá convencer al 66% de las y los asambleístas. Si tan sólo ? (o el 33%) del total de asambleístas está en desacuerdo con esa medida, entonces no se podrá decretar el agua un bien público. Una minoría de ? puede vetar lo que la mayoría defina.
Algunos abogados constitucionalistas, como Fernando Atria o Jaime Bassa, han señalado que este no es realmente un problema, sino que incluso, es una oportunidad: si no se logra acuerdo sobre un determinado tema, la nueva Constitución sencillamente no hará mención sobre aquello, y podrá discutirse más tarde, directamente en el parlamento, con quórum más bajos (en teoría).
Analicemos este argumento. Imaginemos que los sectores más conservadores ligados al gran empresariado consiguen ? de representantes en la Asamblea Constituyente. De ser ese el caso, podrían vetar aspectos tan relevantes como la propiedad de los bienes naturales comunes, asegurar los derechos a la salud y las pensiones dignas, o descentralizar el Estado; reformas a las cuales históricamente se han negado.
Volvamos al ejemplo del Código de Aguas: una norma impuesta en dictadura, que declara las aguas un bien privado transable en el mercado y está causando una catástrofe humanitaria por sequía en buena parte del país. Si no existe el acuerdo de ? de las y los delegados por declarar el agua un bien público, entonces la nueva Constitución no dirá nada sobre el agua. ¿Qué pasaría con el actual Código de Aguas? Pues seguirá rigiendo sin problemas, pues no será inconstitucional; después de todo, la nueva Constitución no mencionará nada sobre el agua.
Siguiendo el argumento de los abogados constitucionalistas, en ese caso se podría reformar fácilmente el Código de Aguas en el parlamento. Sin embargo, este argumento debe ser revisado. Si tuviéramos que discutir en el Congreso todo lo que bloquean los sectores conservadores dentro de la Constituyente, para empezar, las reformas urgentes que hoy Chile demanda se atrasarían en varios años, considerando la lentitud de estos procesos. Sólo por poner un ejemplo, la rebaja a la dieta parlamentaria se demoró 6 años desde que los diputados Jackson y Boric lo presentaran, y sólo fue posible luego de una sublevación popular masiva.
En segundo lugar, dejaríamos fuera de la Constitución todo aquello que significa un cambio de fondo; aspectos centrales para la vida y bienestar de la población quedarían al arbitrio de mayorías circunstanciales del congreso, en vez de consagrarlos constitucionalmente como derechos. En otras palabras, si el día de mañana el parlamento tiene una mayoría opositora, podrían volver al antiguo Código de Aguas.
En tercer lugar, consideremos que al día de hoy ha sido muy difícil impulsar cambios de relevancia, pues la Constitución actual establece que toda reforma importante requiere de un quórum gigantesco para realizarse. Aspectos como una reforma al sistema de salud, pensiones, o el mismo Código de Aguas no han sido transformados, pues no existen los quórum necesarios para ello. Y para transformar esos quórum, establecidos en la Constitución, se requieren, nuevamente, de ? de las y los asambleístas de acuerdo. ¿Será probable que el mundo conservador se arriesgue a terminar con los altos quórum para modificar estas normas, siendo que aquello significa perder sus principales nichos de negocio?
Analicémoslo desde otra perspectiva. ¿Creemos realmente que los sectores que quieren cambiar Chile lograrán ganar ?+1 de la Asamblea/Congreso Constituyente, para impulsar fácilmente transformaciones de fondo al sistema neoliberal? Consideremos el poder económico y el control de los medios de información que tiene el gran empresariado. Piñera logró ganar las elecciones presidenciales con apenas 1/4 del total de personas habilitadas para votar, a pesar de que su programa consistía en seguir restringiendo derechos sociales y mercantilizar la vida. Todo ello, gracias a que fue capaz de instalar efectivamente una campaña del terror en los principales medios de información (“Chilezuela”).
Pero no le crea a esta columnista, créale a Alejandro Fernández, analista de la consultora Gemines, el oráculo político del empresariado. En una entrevista el Sr. Fernández señaló que el empresariado no debe temerle al cambio constitucional, pues el alto quórum de ? resguarda que queden “cosas raras o cosas locas” en la nueva Constitución, y asegura que todo lo que sea escrito en el nuevo texto sea “consensuado y cuerdo”. Esto, pues todo el texto deberá ser negociado con amplios sectores, lo cual obliga a moderar y transar todas las propuestas con el mundo conservador. ¿Qué es lo que el empresariado, hasta hoy, ha considerado “consensuado y cuerdo”? Pues que el agua de Chile sea privada. O las AFP. O hacernos trabajar 9-10 horas al día. Y así podríamos seguir…
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