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La senadora Ximena Ordenes manifestó su rechazo al proyecto de Ley incluido por el Gobierno en la nueva agenda con la que La Moneda intenta salir al paso de la crisis social que vive el país, asegurando que la propuesta oficialista pretende «»privatizar y precarizar»» el modelo de protección de la primera infancia, y que existen distintas formas de mirar la iniciativa.
Ordenes se refirió a este proyecto tras la discusión de la iniciativa en la Comisión de Educación del Senado, e indicó que “la propuesta privatiza y precariza el modelo dado que aborda como un “beneficio” en circunstancias que este debe garantizar el derecho a Sala Cuna Universal. No se centra en que todos los niños tengan derecho a educación inicial, sino que se basa en requisitos que deben reunir sus padres para ser usuarios”.
“El Gobierno, en medio todas las demandas sociales, insiste en reforzar el modelo de empresa ahora hacia la primera infancia con el PL de Sala Cuna”, dijo.
“Por ende, se ve la sala cuna como un lugar físico que brinda asistencialismo al padre/madre que trabaje, y no en priorizar la educación de un niño/a desde temprana edad”, aseguró.
La senadora además expresó que no existe el derecho a Sala Cuna Universal, para todo niño o niña bajo la lógica que propone el Gobierno, ya que se excluyen a Padres en situación de cesantía; Padres que sean trabajadores independientes que no contemplen todos los requisitos que exige la ley; Funcionarios y funcionarias de la administración del Estado, y Trabajadores y trabajadoras que queden en rango inferior a las 12 horas semanales, y en el caso de quienes trabajen entre 12 y 30 horas sólo podrán optar a 2/3 del beneficio, ya que el beneficio completo solo se contempla desde las 30 horas laborales”-
El proyecto del Gobierno, asimismo, no plantea dentro de sus objetivos el derecho de otorgar desde la primera infancia educación parvularia de calidad, sino que se centra en la situación contractual del padre o madre que necesita acceder. De esta forma, desde el mundo educativo se cuestiona el riesgo de volver al copago y la segregación educativa: el PL contempla un beneficio mensual de 5,14 UTM ($253.037 app a noviembre de 2019) por menor de 2 años, lo cual en la práctica se traduce en un costo promedio inferior a los aranceles que actualmente tienen salas cunas privados a nivel nacional, cuyo monto asciende sobre los $300.000 pesos.
Además, la parlamentaria aseguró que “el derecho a acceder a sala cuna no puede depender de la situación laboral del padre o la madre, ya que nos encontraríamos en determinados supuestos que afecten a sus padres si el cuidador pierde su empleo, terminando por condicionar la prevalencia de menor en sala cuna, corriendo riesgo de perder tal derecho (se vulneran garantías relacionadas con el derecho a la niñez”.
La senadora Ordenes aclaró que, “quien legalmente tendría la carga para cumplir requisitos y acceder a este “Beneficio” en circunstancias que es un derecho Universal, es el padre o madre, en situación que es el empleador quien debería tener la obligación de contemplar recinto de sala cuna para que sus trabajadores puedan desempeñarse laboralmente en tranquilidad”.
“Es fundamental que la tramitación legislativa de todos los proyectos –los que llevan tiempo, los recién ingresados y aquellos que se ingresará como parte de la Nueva Agenda Social- contribuyan y sean coherentes con las exigencias de la ciudadanía. Es lo que hemos insistido al Ejecutivo: que las iniciativas que el Gobierno presente no tenga letra chica, que se promuevan para el beneficio de los ciudadanos y no de otros intereses, y que responda al requerimiento social que se ha levantado en estos días. Los chilenos y chilenas han hablado y han sido muy claros. Este proyecto va en la dirección contraria”, dijo la senadora de Aysén, Ximena Ordenes.
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