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Isabel Garrido, Socióloga, Partido Convergencia Social
Parece haber un sólo consenso irrefutable: no son los $30 pesos del transporte público, sino que décadas de abuso generalizado e impune. El estallido se veía venir, eran demasiados los síntomas de molestia que se multiplicaron bajo la alfombra del neoliberalismo desatado. No obstante, me atrevería a decir que ni siquiera los sectores que llevamos años movilizándonos, nos imaginamos la forma ni el tiempo en que se produjo.
Algunos personeros de derecha, incluyendo al mismo Presidente de la República, denuncian que existen “organizaciones delictivas” detrás de todo esto que tendrían unos objetivos maquiavélicos para promover el caos, contra las cuales se declara un “estado de guerra”. Esta afirmación es irresponsable y alejada de la realidad. ¡Ojalá hubiera una organización capaz de coordinar acciones colectivas en cada comuna de Chile! Si fuera así, tal vez no existiría la violencia entre civiles que vemos en estas protestas. Por el contrario, la organización popular está destrozada, hecha añicos, y los niveles de politización de la ciudadanía por el piso. Y son precisamente sus políticas antidemocráticas, avaladas en la constitución pinochetista de 1980, las que han llevado a este estado de des-organización. No nos dejemos engañar, no hay nadie detrás de esto, es la furia desatada.
Lo anterior nos presenta tremendo problema. Ante la falta de organización y politización, ¿cómo se canaliza un malestar tan profundamente arraigado, para darle una solución viable? Creo que ningún sector político puede arrogarse una respuesta; sin embargo, la historia, siempre atingente, puede ayudarnos a imaginar el futuro.
En ese sentido, más de una vez se ha comparado el actual estado de protesta nacional con la “revolución de la chaucha” de 1949, cuando los sectores obreros de la capital protagonizaron una sublevación por el encarecimiento del transporte público. Aquí parafraseo al historiador Sergio Grez, que rechaza tajantemente esta afirmación: la “revolución de la chaucha” se limitó a Santiago; en el actual “octubre de furia”, la chispa se extendió por todo Chile.
Los ejemplos latinoamericanos iluminan mucho mejor la situación. El “Caracazo”, año 1989 en Venezuela, donde el detonante también fue el alza en la tarifa del transporte público, luego de años de políticas neoliberales. La crisis en Ecuador de 1999, originada por la desregulación financiera desatada. La “Guerra del agua” en Bolivia, año 2000, iniciada con el intento de privatizar hasta el agua de lluvia (sí, tan irreal como suena). La Crisis del 2001 en Argentina, iniciada con la prohibición de retirar dinero de los bancos a raíz de un pacto con el Fondo Monetario Internacional. Y de nuevo Ecuador, año 2019, donde el antagonista también es el FMI.
Todos estos ejemplos tienen un denominador común. Luego de años de políticas neoliberales ultraortodoxas, las mayorías se hartaron de apretarse el cinturón para que allá arriba sigan viviendo en el paraíso imaginario que construyeron a su medida. Prácticamente todos estos ejemplos decantaron en transformaciones políticas de magnitud que gestaron nuevos actores y ciclos históricos aún en curso. Obligaron a replantear los pactos sociales precedentes, o en otras palabras, a redefinir lo que se consideraba “aceptable” por las sociedades de cada país, para dar lugar a una nueva normalidad. En más de algún caso, el mecanismo para discutir esta nueva normalidad fue la Asamblea Constituyente.
Volviendo a la pregunta que titula esta columna: estos ejemplos nos recuerdan que nuestra historia es compartida con los pueblos de este continente, y por ende es de ahí que podemos obtener aprendizajes significativos sobre qué hacer. Por otra parte, nos sugieren que la furia desatada sólo puede se puede canalizar con una propuesta política de construcción de un nuevo pacto social.
Será el próximo año, o en 5 años más, pero hoy las fuerzas de cambio apretaron el acelerador a fondo. No hay vuelta atrás. Ya no basta con sumar un 4% a nuestros ahorros de pensión; debemos terminar con las AFP. No es suficiente “regular” las ISAPRE: necesitamos un nuevo sistema de salud público y universal. No damos más con que nos amplíen el cupo de la tarjeta: exigimos mejores salarios. Tampoco estamos dispuestos a levantarnos a las 5 AM, necesitamos trabajar menos. Y finalmente, no basta con sacar a toda la plana mayor del Ejército: urge democratizar las Fuerzas Armadas y de Orden, para que nunca jamás en la historia se vuelvan a ver soldados apuntando el arma contra su pueblo.
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