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La senadora Ximena Ordenes se sumó este miércoles a la firma de un protocolo de acuerdo en el que se manifiesta la voluntad transversal de las distintas bancadas que conforman el Senado de avanzar en reformas a la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas, impulsando y dando celeridad al trámite legislativo que permita modernizar los registros de armas e introducir reformas sustantivas a ese marco legal.
La firma del protocolo fue encabezada por el Presidente del Senado, Jaime Quintana, y por el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, acompañados por el titular de la SEGPRES, Gonzalo Blumel, así como de senadoras y senadores que manifestaron su intención de despachar las enmiendas a la Ley de Control de Armas dentro de los próximos treinta días.
Según el texto firmado por los parlamentarios y representantes del Gobierno, la idea central de las reformas a la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas es contar con un sistema registral de armas actualizado, asunto que ha tomado una fuerte relevancia en los últimos días, a raíz de la cifra de delitos de mayor connotación social perpetrados con armas de fuego en nuestro país.
“Tal como lo señaló el Presidente del Senado, existen muchas diferencias con el Gobierno en materia de Seguridad Ciudadana, pero coincidimos en que ningún delincuente o narcotraficante puede tener armas en sus manos, y por ello, es importante el acuerdo transversal que firmamos con senadoras y senadores de todos los sectores”, aseguró la senadora Ximena Ordenes.
El protocolo establece que, tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones de Chile, informaron al 2018 que el 60% de las armas incautadas corresponden a armas de fuego inscritas, pero más del 30% de las armas de fuego inscritas se encuentran extraviadas, robadas, hurtadas o asociadas a personas fallecidas, no coincidiendo el registro con la realidad.
Asimismo, la parlamentaria señaló que uno de los propósitos del documento “busca establecer la obligación de tomar muestras de casquillos y balas disparadas por un arma que ingresa a Chile, para ser incorporados en un Sistema de Identificación Balística (IBIS), de responsabilidad de la Dirección General de Movilización Nacional. Así, toda arma que ingrese o se fabrique en Chile deberá ser disparada por el Banco de Pruebas, con el objeto de conocer las balas y casquillos que ella dispara; cuestión que se irá extendiendo a las armas que existen en Chile y que deban ser reinscritas de acuerdo al proceso que se pretende concretar por la vía legislativa”.
Indicó que este sistema será interoperable con aquellos que posean las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y a él podrá acceder el Ministerio Público en investigaciones penales, con el objeto de facilitar la persecución de delitos en que se utilicen armas.
Igualmente, se acordó aumentar las facultades y capacidades fiscalizadoras de la autoridad contralora, reforzando los requisitos y las condiciones que se demanden desde el Estado, para limitar que los particulares puedan poseer armas de fuego.
En el documento suscrito, se señala que “debemos avanzar en una cultura de tenencia responsable de armas, que aumente los controles y demande acreditar periódicamente que se poseen las condiciones para su tenencia y uso. Para ello, se establecerá un control anual al que deberán someterse todos los ciudadanos que tengan armas inscritas a su nombre. Asimismo, se aumentarán las fiscalizaciones a la venta de armas sujetas a control, con el objeto de limitar al mínimo cualquier irregularidad en la adquisición de las mismas, y se incorporará a la autoridad sanitaria en la certificación de la idoneidad psiquiátrica”.
También se menciona que “a su turno, se establecerá un procedimiento para la entrega y reinscripción de armas de fuego, a fin de estimular la entrega y, finalmente, contar con un registro actualizado y disminuir la circulación de armas que pueden terminar en manos criminales. Asimismo, y con el objeto de asegurar la máxima transparencia respecto a las armas que se encuentran en manos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, se dispondrá legalmente un Registro de armas del Estado, con el objeto de tener una trazabilidad de las mismas”.
El protocolo finaliza asegurando que “en síntesis, las enmiendas que impulsamos como entes colegisladores, tienen por objeto consolidar normativamente propuestas contenidas en el Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública, y corresponden a modificaciones legales que vienen desde el mundo parlamentario, de la academia, las policías, la Dirección General de Movilización Nacional y del Ministerio Público”.
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