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*Movimiento Ciudadano integrado por más de 40 organizaciones buscan detener tramitación de Tratado Transpacífico, ya que señalan que este acuerdo pretende asegurar la forma de operar de las corporaciones, en desmedro de las comunidades.
Tehuelche Noticias.cl
La mañana de este viernes más de 40 organizaciones sociales y territoriales, encabezadas por la red regional No Más Mineras en la Patagonia, entregaron una carta a los senadores de la región, David Sandoval y Ximena Órdenes, para que éstos no ratifiquen el TPP11 en el Senado, cuestión que debería ocurrir en el mes de junio.
El documento, según señala la vocera de las organizaciones, Marianela Molina, tiene tres objetivos. “El primero de ellos es la afectación que significaría su eventual ratificación en el Senado, como segundo punto que se trabaje en el Congreso, en las distintas comisiones con mayor transparencia y con participación de la ciudadanía, lo cual no se está haciendo y asimismo exigirles a nuestros senadores que voten en contra del TPP11, que es nefasto para la comunidad”, precisó.
Para economistas serios como José Gabriel Palma, profesor de economía de la Universidad de Cambridge, este tratado busca reducir el rango de maniobra del Estado en diversas materias y más bien es un contrato “proteccionista” para los intereses de las trasnacionales.
Las organizaciones advierten “que la ratificación del TPP-11 dañaría irremediablemente a la agricultura familiar campesina, al impedir llevar a cabo las prácticas tradicionales. Además, afectaría a quienes se esfuerzan por entregar a la población productos locales. A jóvenes y futuras generaciones les hará casi imposible su permanencia en el campo, debido al alto costo que significaría mantener una agricultura a gran escala. Con este tratado se busca, por lo tanto, realizar una agricultura prácticamente sin agricultores, con alto uso de insumos químicos con todos los daños que estos productos generan a la salud humana y al medio ambiente”.
En este sentido hay que mencionar que el artículo 18.7 del TPP-11 establece que, de ratificarse, Chile debe implementar inmediatamente el convenio de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), el cual protege los derechos de propiedad intelectual de los obtentores de nuevas variedades. En la práctica, ello significa que las empresas podrán reclamar la propiedad no sólo de las variedades que producen, sino que de “cualquier otra que no se distinga claramente de ellas”, ampliando sin control las semillas que podrán patentar.
Añaden que “este es un tratado que en realidad no se refiere al comercio, sino que establece garantías para los inversores, es decir, las corporaciones transnacionales que buscan asegurar y aumentar sus ya abultadas utilidades. Entre estas corporaciones están la industria farmacéutica, las corporaciones informáticas, de energía, las mineras, forestales, la agroindustria y muchas otras que pretenden obtener por esta vía lo que no logran a través del Congreso ni en tribunales”, precisan.
Igualmente agregaron que “este tratado sería un candado para las luchas sociales orientadas a generar cambios de fondo que podrán ser considerados “obstáculos al comercio” por el tratado” y por lo tanto la idea es mantener el statu quo actual, que empobrece a las comunidades y que no se “traducirá ni en mayor comercio, ni menos plazas laborales, ya que el 80% de lo que exporta la región se hace a países que no son parte del tratado”, explicó Marianela Molina.
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