Tuesday, 03 November, 2020
*”Queremos disputar los espacios con delegados constitucionales, para que la Constitución garantice este derecho humano”, señala Danilo Ahumada, Coordinador Nacional De Políticas de Comunicación del Colegio de Periodistas de Chile,
El derecho a la comunicación no existe como garantía plena en Chile. Ese es un hecho. Ante este escenario poco alentador para la democracia, el Colegio de Periodistas enfatiza que se requiere una nueva institucionalidad que de plena garantía de este “derecho humano” y que debería estar consagrado en la Nueva Constitución.
Por eso Tehuelche Noticias conversó con el presidente del Colegio de Periodistas y Coordinador Nacional De Políticas de Comunicación del Colegio de Periodistas de Chile, Danilo Ahumada y la presidenta del gremio en Aysén, Marjorie Araya, quienes coincidieron en destacar la importancia del derecho a la comunicación e información para el desarrollo de los países y comunidades. “Hemos logrado que este debate no sea solo del mundo de los periodistas o las comunicaciones, hemos tratado que sea un debate ciudadano, del pueblo chileno, porque entendemos que la comunicación es tan gravitante e importante como es el derecho a la salud, vivienda o educación”, resalta Danilo Ahumada.
La comunicación, desde el punto de vista genérico, debe ser vista “como un derecho fundamental para que la democracia se sostenga y avanzar hacia una diversidad de medios que permita la pluralidad que en Chile no existe”.
Cabe señalar que la actual Constitución garantiza la libertad de expresión, es decir, emitir opiniones, sin censura previa, pero está focalizado desde el ciudadano individual, contrario al derecho a la comunicación que tiene un carácter colectivo y social.
La ley de prensa –que data de los noventa- no cumplió el objetivo de incentivar la aparición de medios de comunicación, “por el contrario el sistema neoliberal imperante ha protegido esta institucionalidad, porque permite la concentración de medios en Chile”, precisa Ahumada.
“La elite política y económica tiene medios de comunicación, porque les permite tener cierto grado de control en la población. El caso Luksic que está en muchos rubros comerciales, pero además es dueño de canal 13, lo mismo pasa con las grandes trasnacionales de las radios, hay dueños que tienen 200 frecuencias en todo el país y los medios del duopolio de El Mercurio y La Tercera, que se leen cada vez menos, pero tienen un tremendo impacto a la hora de generar opinión pública”, explica Ahumada.
Es así que el Colegio de Periodistas busca crear un sistema de regulación que impida “esta concentración que llega a ser grotesca en Chile. El espacio radioeléctrico que es de todos los chilenos, espacios públicos que se entregan a concesión y se fue privatizando. Por eso queremos instalar el derecho a la comunicación como un derecho humano. Señalar que la libertad de expresión no es lo mismo que el derecho a la comunicación, la primera es individual, mientras que el derecho a la comunicación e información debe hacerse cargo el estado para que se genere la diversidad”.
En ese mismo sentido, Marjorie Araya, presidenta del gremio a nivel regional, indica que “como colegio abogamos para que la gente comprenda que la comunicación es un bien social y público y el rol que nos toca jugar como periodistas es ser engranaje entre el medio social en el que habitamos y cómo traspasamos esa información a la ciudadanía. Muchos medios son el espejo de lo que ellos representan. No se transparentan los intereses de los medios de comunicación a la ciudadanía”, advierte.
No obstante, en el contexto local de Aysén, Araya ve una oportunidad distinta al resto del país. “La región tiene una oportunidad pero todavía no tenemos medios tomados por el duopolio y los grandes conglomerados, todavía hay libertad en la región, aquí existe mayor independencia en los medios de comunicación, pero no nos creemos el cuento”.
Propuestas
“Nuestra ley de prensa es una ley ordinaria, que no da el ancho, ni alcanza siquiera a responder, fue una ley de mucho lobby político y de las grandes cadenas de radio y televisión. Hubo mucha presión importante. De hecho había más medios de comunicación en la Dictadura que en la democracia”, enfatiza Ahumada.
Para que el derecho a la comunicación esté garantizado se requiere que tenga rango constitucional. “Necesitamos que el derecho a la comunicación se garantice y consagre en la nueva constitución para darle solidez”.
Junto con asegurar que los medios en Chile no contienen la diversidad de miradas de país que coexisten en el territorio, el Colegio de Periodistas de Chile viene hace años trabajando alternativas para destrabar esta situación. “Creemos en un sistema medial público para Chile, medios de comunicación de pueblos originarios, universitarios y estatales. Que el Estado financie un sistema de comunicación, no los medios de forma particular, que tengan directorio y regulación, al igual que una televisión pública, en donde la televisión nacional sigue siendo muy binominal”, expone Ahumada.
De este modo la propuesta del Colegio de Periodistas plantea un sistema que contenga al menos:
-Medios privados que compitan en igualdad de condiciones
-Medios de comunicación públicos a través de un sistema medial
-Medios comunitarios con mecanismos de financiamiento directo
La idea es destruir las prácticas monopólicas que existen en Chile y que invisibilizan a amplios sectores de la sociedad, con un discurso hegemónico, que contradice la concepción de democracia.
De este modo deberían existir medios con enfoque descentralizado, territorial, diverso, con enfoque de derechos humanos, no sexistas y con incorporación de los pueblos originarios.
“Queremos disputar los espacios con delegados constitucionales”
El Colegio de Periodistas participa activamente de la Mesa de Unidad Social a nivel nacional, como también de distintas asambleas y organizaciones territoriales, donde busca levantar delegados constitucionales que defiendan el derecho a la comunicación, a la par de otros derechos que la actual Carta Magna no contiene. “Queremos disputar los espacios como delegados constitucionales, es una decisión del colegio, queremos defender nuestra propuesta y prepararnos. Estamos articulándonos y haciendo visible el derecho a la comunicación”, manifiesta Ahumada.
El caso argentino
Fue una dura disputa de casi 10 años en que los grupos económicos y los grandes conglomerados mediáticos del país hicieron lo posible para bajar la ley de medios de Argentina, conocida como de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue resultado de la ebullición y efervescencia social de 2001, donde la gente entendió la importancia de contar con pluralismo y diversidad en los medios de comunicación. “El pueblo argentino no va con dobleces y eso se refleja también en los medios de comunicación”, dice Claudia Torres, quien estudia periodismo en la Universidad Nacional de La Plata.
“Los gobiernos de facto intervienen inmediatamente los medios de comunicación para amordazar y en Argentina pasó también en la Dictadura en los ochenta, se redujo la intervención del estado para privilegiar un sistema de mercado”, añade la comunicadora que mantiene el medio alternativo La Cacerola Violeta.
La elaboración de esta ley se hizo con amplia participación de organizaciones de la sociedad civil. “Espacios de discusión de organizaciones sociales, comunicadoras populares, colegios profesionales, juntas de vecinos, sindicato de trabajadores no sólo de comunicaciones, más de 300 organizaciones de todo tipo. La comunicación es un derecho humano para el pueblo argentino y no un bien de consumo”, opina Torres.
Dentro de los 21 preceptos de esta ley destacan que “la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
Además indica que “se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos.”.
Otro tema relevante es que “las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante”.
