Tuesday, 28 July, 2020
El cambio climático y la escasez de agua ponen a Chile como uno de los territorios más vulnerables frente a este riesgo ambiental mundial.
Por Claudia Torres, desde La Plata, Argentina para Tehuelche Noticias
“En plena pandemia, nuestra comunidad en el mejor de los casos, solo accede a 15 litros por persona al día, pero la realidad es que a veces, el agua nos llega 1 ó 2 veces por semana”, cuenta Lorena Donaire, pobladora afectada en la comunidad de La Ligua, Provincia de Petorca, ubicada en la región de Valparaíso, a 150 km de Santiago la capital nacional.
La crítica situación que data desde 2008 tiene definida a este territorio como zona de catástrofe hídrica. Tal como lo relata Lorena, son cientos los habitantes de la zona central de Chile que deben sobrevivir con estos pocos litros de agua al día, suministro que además es repartido por un camión aljibe. Cabe señalar que el consumo normal diario de agua por habitante en ese país, fue de 172,2 litros en 2018, según el último informe de gestión del sector sanitario disponible en la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
Para comprender el modelo de gestión y uso del agua en Chile, es indispensable mencionar que entre los años 1973 y 1990 la dictadura Cívico-militar, instaló un modelo económico y político que generó en 1980 una Constitución de la República, que en 1981, definió un código de aguas que dan el marco jurídico a un modelo de gestión y uso de este vital elemento. Dicho sistema, entregó a grandes corporaciones, empresarios chilenos y extranjeros, los principales caudales de agua de manera gratuita y a perpetuidad, dejando con porcentajes ínfimos a comunidades completas, para su uso tanto domiciliario y productivo.
Actualmente más del 90% de las cuencas que existen en Chile han sido otorgadas a privados, lo que indica que se entregaron más derechos de agua que la disponibilidad real. “¿Por qué se generó eso?. No por un desorden en la distribución, sino porque lo que buscaba el Estado fundamentalmente, era generar un mercado especulativo con las aguas desde el sur hacia el norte”, señala Víctor Bahamonde, encargado nacional orgánico y de crecimiento del Movimiento medioambiental Modatima Chile.
Según el World Resource Institute, Chile se ubica entre los 18 países con mayor estrés hídrico del mundo, y ocupa el primer lugar del grupo de naciones con un estrés hídrico alto. A pesar de este compleja situación ambiental, Chile a nivel de Estado está lejos de abordar de manera concreta el avance de la crisis, al menos en lo que respecta al modelo de uso y gestión del agua.
El escenario que vive Chile, es una de las crisis hídricas más graves de su historia. Actualmente, 137 de las 346 comunas del país enfrentan escasez hídrica, según lo decretado por la Dirección General de Aguas, casi un 40% del total nacional. Y los porcentajes de déficit de aguas lluvia son especialmente preocupantes. En Santiago, éste bordea el 90% y en La Serena llega al 94%, según las cifras de la Dirección Meteorológica de Chile. Incluso en ciudades del centro sur, como Chillán y Temuco, el déficit supera el 50%.
Esta crisis tiene principalmente dos grandes causales: la meteorológica, que tiene que ver con la falta de precipitaciones, ya sea nieve acumulada en la cordillera de los andes, desde donde nacen los principales cuencas hídricas nacionales, y por otro lado, la gestión del otorgamiento de derechos y usos del agua. En este último, según datos de la (DGA, 2017), el 7% corresponde a extracciones consuntivas de agua, equivalentes a un caudal de 346 m3 /s. El sector agrícola es el mayor usuario de agua de este tipo con un 72%, seguido por el agua potable, consumo industrial y uso minero, con el 12%, 7% y 4%, respectivamente (el 5% restante está asociado al sector pecuario y al uso consuntivo en generación eléctrica). Hacia el futuro se proyecta que la demanda de agua siga creciendo con una proyección de 4,5% en la demanda consuntiva al 2030, y de 9,7% al 2040.
Este escenario, sin duda deja a Chile como un territorio altamente vulnerable frente a los problemas ambientales globales. “La crisis hídrica y el cambio climático, es una consecuencia del modelo de despojo que impera en Chile”, indica Lorena, quien participa activamente en su comunidad y junto a otros territorios afectados, por la recuperación del agua como un bien público y no como una mercancía.
Es así, como Chile se enfrenta a una lucha territorial y una crisis social, que pide fundamentalmente cambiar la Constitución Política, contexto además agravado por la situación sanitaria de la pandemia mundial del Covid19, hace que las comunidades hoy día exijan el aseguramiento del derecho humano al agua en cada una de las localidades del país.
“Se comenzó con un proceso de solidaridad, de organización popular, para entregar agua a a comunidades que no tienen, a diferencia de lo que alguna manera está haciendo el Estado, que es mantener el modelo de gestión privada sin asegurarle el consumo mínimo las personas”, indica Bahamonde.
Notas de contexto:
Megasequía el fenómeno que golpea al mundo rural
Chile atraviesa por la década más seca de toda su historia, desde que se empezaron a tener registros de precipitaciones en 1915. El 2019 fue un año particularmente seco y lo pone como uno de los tres más complicados, desde los que se tiene registro. “Es uno de los periodos más críticos de esta megasequía, que se caracteriza por ser muy continua, que ha tenido un déficit de 20% o 30%, pero que este año ya alcanzó un 80%”, aseguró Juan Pablo Boisier, físico de la Universidad de Chile y magíster en meteorología, quien estudia el proceso de sequías en el país.
En la ciudad de Santiago, capital nacional, hay un déficit de un 75% según la Dirección Meteorológica de Chile. Esta escasez en el caso de la zona central de Chile, se debe principalmente a los cambios en la precipitación.
Boisier indica que según estudios de variabilidad climática, este periodo particularmente seco tiene una causa mixta, por un lado hay fenómenos naturales a gran escala, que ocurren en el Pacífico asociados a los ciclos del el niño y la niña, que tiene influencia sobre una buena parte de las condiciones atmosféricas en la zona central y Centro Sur de Chile, que provocan bajas precipitaciones. Por otro lado la concentración de los derechos de agua en manos de empresas del sector agro exportador, que deja sin agua disponible a gran parte de esas comunidades.
El panorama que se proyecta para Chile sigue siendo crítico. La última temporada de primavera-verano, tuvo temperaturas que superaron los 30°C, en el centro de Chile, situación que además tiene consecuencias para el desarrollo de la vida de las personas y las economías locales como la agricultura y la ganadería.
El ministerio de agricultura, cifró en 34.000 animales muertos, un colapso en los sistemas de riego de diversas provincias, el desabastecimiento de agua para consumo humano y la desertificación de los suelos que antes abastecían de alimentos para una parte importante de la población.
La realidad de esta megasequía a lo que va de este año 2020, tiene a cerca de 1,5 millones de chilenos y chilenas sin acceso al agua, en un contexto de pandemia, donde la sanidad es prioridad fundamental para prevenir el contagio.
El agua como derecho y no como mercancía
En el mes de mayo el Instituto de Derechos Humanos de Chile, INDH, ingresó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por falta de agua en la provincia de Petorca, considerando el actual contexto de pandemia.
El recurso fue presentado contra la autoridad sanitaria de la Región de Valparaíso, Francisco Álvarez y la gobernadora provincial de Petorca, María Paz Santelices. “La omisión ilegal y arbitraria en que han incurrido ambos organismos al no tomar todas las medidas necesarias para satisfacer todas las medidas básicas de agua necesarias, para que las comunas de Cabildo, Petorca y la Ligua puedan efectuar todas las acciones de higiene y de salud que son necesarias en el contexto del Covid-19", indicó Fernando Martínez, jefe regional del INDH Valparaíso.
Cabe mencionar que a mediados de junio ll máximo tribunal declaró la acción legal como admisible, por lo que deberá volver a la Corte de Apelaciones para ser tramitada por “por la omisión ilegal de la Gobernación Provincial de Petorca y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud, al no disponer de la cantidad suficiente de agua potable para abastecer a comunidades completas en las comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo, en el marco de la pandemia de Covid-19”.
Esto a raíz de la escasez hídrica, sumada al contexto de emergencia sanitaria producto de la pandemia por COVID-19. Cabe mencionar que la ONU, se ha señalado que el acceso al agua, es un derecho humano y se han establecido rangos como estándares que señalan, que con 50 litros es una cuota exclusiva de sobrevivencia y que con 100 litros recién se pueden satisfacer las necesidades básicas.
En este tema, en Chile existe la discusión de consagrar el agua como bien de uso público para todos y todas en la Constitución, debate que lleva más de 30 años, y que a comienzos del 2020, tuvo su oportunidad de ser modificado en el Senado de la República.
A pesar de ser un eje central en las movilización nacional desde octubre del 2019, la iniciativa fue rechazada por el sector oficialista, quienes argumentan su posición, primero debido al costo que implicaría el pago de indemnización a los privados, empresarios agro exportadores, generadoras eléctricas y mineras, por los derechos de agua, que legalmente han adquirido. Dicho costo que alcanzaría los 30 mil millones de dólares, según la Dirección General de Aguas, DGA. Segundo, porque el agua como bien de uso público ya está establecido en la ley, que además no resuelve el el fondo del problema de la sequía producto del cambio climático.
Sin embargo, el proyecto rechazado por el senado va en otro sentido, que es garantizar que el agua sea un bien nacional de uso público con rango Constitucional, es decir con mayor jerarquía jurídica y no solo bajo lo establecido hoy en día en el Código de Aguas que rige desde 1981 y que considera este vital elemento como un bien nacional de uso público pero a su vez un bien económico que puede ser transable en el mercado.
En este sentido este proyecto de reforma constitucional, que lleva más de una década en el congreso, pretendía consagrar constitucionalmente la naturaleza de las aguas como un recurso cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación, primero estableciendo con rango constitucional que el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados, sean bienes nacionales de uso público.
Regular el tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serán siempre temporales y circunscritas a fines específicos, pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasas. Garantizar la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico y finalmente garantizar el ejercicio del recurso de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos mencionados.
