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El pasado miércoles la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional impulsada por el Gobierno y ratificada por el Senado, que busca aumentar las sanciones para quienes incumplan medidas sanitarias en tiempos de pandemia.
La iniciativa que quedó lista para ser promulgada como ley por el Ejecutivo, establece penas de hasta 5 años de prisión y multas por más de $12 millones para quienes no respeten las normas sanitarias como la cuarentena, sancionando así la “Inobservancia de asilamiento” o cualquier otra medida preventiva dispuesta por las autoridades sanitarias.
“La gran Mayoría de los chilenos es responsable y cumple con las medidas preventivas interpuestas por nuestras autoridades, el problema radica en aquellos descolgados que no piensa en su propio bienestar, ni en el bienestar colectivo; realidad de la que no ha quedado exenta nuestra región, aunque no a la escala país. Por eso, se nos hace necesaria esta ley, para resguardar la seguridad de todos los chilenos y chilenas que tenemos como norte el salir airosos de esta pandemia”. Indicó la Seremi de Gobierno, Tatiana Fontecha.
Tal como lo señala la autoridad, la iniciativa impulsada por el Gobierno forma parte de los esfuerzos para promover un mayor nivel de cumplimiento de las medidas dispuestas en el contexto de la pandemia global de Covid-19, con el fin de proteger la salud de todos los chilenos.
Con esta modificación legal, las sanciones que iban de 61 a 540 días o una multa de $300 mil a $1 millón, aumentaron a un rango de 61 días a 3 años, o a una multa de $300 mil a $10 millones; considerando como agravantes el convocar a celebraciones, festividades o espectáculos masivos; además se considerará delito calificado para quién ponga en riesgo la salud pública, estableciendo penas de 541 días a 5 años y multas de $ 1,2 millones a $12,5 millones.
“Esta ley busca regular los encuentros masivos y clandestinos bajo los contextos de crisis sanitaria y pandemia como la que estamos viviendo; pero además también sanciona al empleador que ordena al trabajador a infringir las medidas sanitarias concurriendo presencialmente al trabajo y permite establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica”.
Así como subraya Fontcha Bórquez, la sanción se podrá aplicar en el ámbito laboral para cualquier empleador que ordene a sus subordinados a concurrir al lugar de desempeño de sus labores, pese a que el empleado esté en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria. El castigo en este caso sería entre 61 días y 3 años de cárcel.
“Es necesario un riguroso cumplimiento de la cuarentenas y de las medidas sanitarias, es necesario para poder sobrellevar esta crisis y salir lo antes posible de ella. Como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera siempre hemos velado por el cuidado y resguardo de todos nuestros compatriotas y no dudaremos de poner mano dura para que se respete. Mientras se cumpla con mayor eficacia, más rápido podremos volver a nuestra normalidad”. Concluyó la Vocera.
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