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La Mesa del Sector Público de la Región de Aysén que agrupa a distintos gremios de los sectores de la salud, jardines infantiles, educación, gobierno central, venimos en manifestar a través del presente comunicado público su absoluto rechazo al Oficio Circular Nº 18, suscrito por el Ministerio Interior y del Ministerio de Hacienda, que ordena la reincorporación masiva de los funcionarios públicos a sus reparticiones, en modalidad de trabajo presencial.
Rechazamos categóricamente las pretensiones del Gobierno, toda vez que se trata de una medida irresponsable, inconsulta, criminal, con absoluta falta de criterio ético y sanitario, que pretende la normalización del trabajo y de la función pública, en medio de la pandemia mundial del COVID-19 que aún mantiene al país en el estado de excepción constitucional de catástrofe, ya que las cifras de infectados y fallecidos han ido en aumento descontrolado, en una curva ascendente que no se detiene.
Como Mesa del Sector Público de la región de Aysén consideramos un riesgo cierto para la vida y la salud, no solo de los funcionarios públicos que deben volver a trabajar presencialmente y de sus familias, sino también para la ciudadanía que atendemos diariamente en infraestructuras que no cuentan con los estándares mínimos de seguridad para disminuir probabilidad de contagios.
Consideramos la decisión de la autoridad como un acto irracional, que puede acarrear consecuencias mortales, pretendiendo demostrar falsa y paulatinamente una “normalidad económica”, haciendo primar los intereses de la actividad económica empresarial, por sobre la vida y la salud de las personas.
Por esta razón los funcionarios públicos de la región de Aysén, interpusimos Recurso de Protección, amparados en el Art. 20 de la Constitucional Política, por la grave amenaza de los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de los trabajadores/as por las medidas e instrucciones que pretenden restablecer el funcionamiento de los servicios de manera presencial, solicitando se deje sin efecto la determinación de la autoridad, resguardando así nuestros derechos.
“No al regreso masivo de los funcionarios públicos al trabajo presencial, no al privilegio del mercado por sobre la dignidad de la vida humana y la salud de la población”
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