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Tehuelche Noticias
I
El estallido social en Chile a esta altura es una revolución, pasados los primeros días de catarsis e ira compulsiva por décadas de postergaciones, los chilenos dan paso a una segunda etapa, que busca promover los derechos sociales y consignarlos donde corresponde, es decir, garantizarlos en una nueva constitución.
Cuando la Claudia Torres, desde La Plata Argentina, nos pidió hacer un resumen de lo que está ocurriendo en el país, desde la mirada de dirigente social, lo pensé dos veces. Y es que no nos sentimos preparados para interpretar la multiplicidad de miradas que coexisten en Chile y en las poblaciones del país. Sin embargo –advertimos- hablaremos desde la experiencia, intentando resumir cuarenta años de sistema neoliberal impuesto a sangre y fuego por una de las Dictaduras más crueles de Latinoamérica, en el desolador escenario post golpe de estado de 1973.
Una vez que llegó Pinochet al poder, y tras la suspensión de los derechos fundamentales de los chilenos, de sus formas de expresión y el intento por eliminar cualquier tejido social, proscribiendo partidos políticos y ejecutando en la práctica un férreo control sobre todas las organizaciones sociales, eliminando la disidencia, persiguiendo a los opositores e instalando un terrorismo de estado, el gobierno de facto intentó legitimarse a través de una Constitución en 1980, que no tenía otro fin que justificar la Dictadura, mal llamado gobierno militar por algunos proclives a esa administración.
En ese escenario, los cientos de becados por la Universidad de Chicago en Estados Unidos, que provenían de la Universidad Católica de Chile promovieron lo que se conoció como El Ladrillo, un texto ampliamente difundido que mostraba las pautas del sistema económico neoliberal de libre mercado y que fue conocido por los adherentes a la Dictadura como “El Milagro de Chile”. Una vez instalados en el poder, estos civiles conocidos más tarde como los Chicago Boys, por su escuela matriz, impusieron un sistema que traspasó las responsabilidades fundamentales en materia de derechos y recursos naturales a empresas privadas, creando a su vez a través de la Constitución un estado subsidiario, que restringió el papel del estado y, de paso, justificó en la Carta Magna su accionar.
La profunda crisis de los ochenta comenzó a hacer mella en el sistema político, se intensificaron las ollas comunes y el hambre y la pobreza se multiplicaron en Chile, sin embargo, el sistema neoliberal no cayó, gracias a la protección de militares y civiles con el poder económico suficiente para mantener el statu quo.
Con el mal llamado retorno a la democracia en 1989, los chilenos no sólo dejaban atrás una cruenta Dictadura Cívico Militar, sino que esperaban que las condiciones de pobreza del pueblo y la distribución de la riqueza pudieran generar un estado de bienestar para todos y todas. Aquello no ocurrió, en lo elemental Pinochet siguió gobernando hasta bien adentro en los noventa, tal vez hasta que fue detenido en Londres, punto de inflexión en el enorme poder que mantuvo tras los gobiernos democráticos de Aylwin y Frei Ruíz Tagle.
Pero la Concertación mantuvo el sistema neoliberal y hasta lo profundizó, si bien es cierto las cifras macroeconómicas proyectaron a Chile a la elite mundial, la pobreza fue escondida detrás de los escaparates de tarjetas de crédito, que nos dieron la falsa promesa de que éramos los nuevos ricos del barrio.
Pero el modelo no pudo esconder para siempre las injusticias, las desigualdades y la corrupción, de cuando en cuando nos mostramos sorprendidos por colusiones de grandes cadenas, o la apertura comercial que permitió en muchos casos la depredación de los recursos naturales sin ningún tipo de cortapisas.
Las pensiones miserables, la salud para ricos y pobres, al igual que la educación o vivienda, fueron generando un legítimo resentimiento. La denominada clase política fue incapaz de dar respuestas y se desconectaron de tal manera de la calle y sus demandas, que no escucharon lo que se venía incubando hace años. A mediados de los noventa, con protestas estudiantiles de varios meses, luego de carácter ambiental, más tarde contra las AFP o el sistema de pensiones de Chile, luego de nuevo los estudiantes el 2006 y 2011, entre medio más protestas ambientalistas y de pueblos originarios. Esta amalgama de demandas sociales fueron el caldo de cultivo para que estallara la movilización social, la toma de conciencia de las condiciones de la mayoría del país se hizo evidente. De pronto ya no existía clase media, como nos vendieron durante décadas, sólo había ricos y pobres, a los que si les quitas las tarjetas del retail no podrían ni comer. La lucha de clases de manifiesto una vez más, a pesar de que muchos intentaron ocultarla bajo la alfombra de subsidios y bonificaciones, paralelos al asistencialismo que acostumbró a muchos chilenos a rendirle pleitesía al político de turno. Todo eso está en cuestionamiento en el Chile actual.
Las instituciones están totalmente deslegitimadas y por lo tanto de ellas no saldrá la respuesta que el propio pueblo deberá levantar.
II
En estos momentos Chile vive una crisis social sin parangón, la caída de las confianzas en la institucionalidad no es medible en el corto plazo y por lo tanto las consecuencias tampoco. La polarización social está apareciendo en los últimos días y la historia se repite, entre upelientos (aquellos que adscribieron al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende) y los momios (derecha), han generado enfrentamientos en lugares acomodados de la capital, Santiago.
Más allá de eso, como efecto natural de quienes no quieren perder sus privilegios, ni menos compartirlos, el gobierno de Sebastián Piñera ha gobernado a tumbos, como un ciego a tientas y sin bastón que los guíe. Sus ministros han apagado con bencina el fuego y el propio Presidente ha demostrado una falta de tacto propio de un novato político, vandalizando, criminalizando y finalmente llamando a la guerra. Y junto con ello, la medida de sacar los militares a la calle y la amenaza de seguir haciéndolo convierte la democracia de Piñera en una Dictadura de hecho. Las violaciones a los derechos humanos, la violencia de Carabineros es un ingrediente adicional a esta sopa que se expresa a diario en las calles del país.
El acuerdo de unidad nacional, al cual llegó casi todo el espectro de partidos políticos del país, es insuficiente porque tiene un vicio de origen al ser impuesto desde arriba hacia abajo, y además porque se sortea la demanda de una asamblea constituyente, a través de este mecanismo de convención constituyente.
La mesa de unidad social trabajó una propuesta que está siendo socializada en todo el país para abundar ideas y conclusiones, de tal forma que el proceso constituyente salga desde la base de organizaciones sociales del país.
Por otra parte, la agenda social del Gobierno, ha sido reiterar sobre la reiteración de medidas que no conducen ni mínimamente a la contención del estallido social y que, por lo tanto, genera más desilusión, rabia e impotencia.
El pueblo ha sido claro en la calle en demandar fin a las administradoras de fondos de pensiones, nacionalización de los recursos naturales y asegurar derechos a vivienda, salud y educación, entre otros.
En el plano local, en Aysén se busca que la futura Constitución genere una mayor autonomía regional, medidas especiales para el alto costo de la vida y evitar la creciente contaminación en todas sus manifestaciones.
Las últimas medidas de Piñera, en orden a mantener los militares en la calle para resguardar infraestructura básica y de funcionamiento, es visto como una manera de co gobernar con las Fuerzas Armadas y es rechazada por las organizaciones sociales. Esto es todavía es más sensible cuando Human Rights Watch acusa graves violaciones a los derechos humanos en Chile y llama a reformar Carabineros.
Desde las poblaciones del país, sienten que no existe una respuesta contundente a las demandas y que, por lo tanto, sin nada ganado, no hay desmovilización posible en el corto plazo.
La salida es anunciar una verdadera agenda de reformas instantáneas para el país y desde ese piso mínimo comenzar a conversar la Nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente Plurinacional, es decir, asegurar la participación de los pueblos originarios, pero también de las minorías, paridad de género y un mecanismo que asegure la participación de todes en condiciones justas.
Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque también dentro de las propias organizaciones hay distintas miradas que ralentizan los procesos democráticos, pero que son necesarias para actuar en unidad.
Por ahora, Chile en los hechos, no tiene un Presidente que tome las riendas del asunto y se salga de la especulación bursátil, esa característica fuerte que de nada sirve en el actual escenario político-social en el país y donde además y de sostenerse en el tiempo, podría derivar en una crisis económica que podría hacer imparable una situación mucho peor para el país, conviniendo que las actuales circunstancias son el momento para mejorar las condiciones de los chilenos y chilenas y por fin tener un pacto social entre todas y todos.
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