La Policía de Investigaciones de Chile, a través de sus unidades especializadas en Cibercrimen y el Instituto de Criminología, emitió una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a las comunidades educativas, en el contexto del aumento de amenazas de ataques difundidos principalmente a través de redes sociales.
El subprefecto Cristian Villalobos, jefe de la Brigada del Cibercrimen, enfatiza que toda amenaza debe ser considerada como real, ya que este tipo de situaciones genera alarma pública y activa protocolos policiales de alta complejidad.
Por su parte, la psicóloga del INSCRIM, Vania Saavedra, destacó que se observa un aumento concreto de denuncias sobre acoso escolar que, en ocasiones, se relaciona con la reproducción de discursos violentos. «Existe un mayor consumo de parte de los jóvenes de las redes sociales, este hábito junto al acceso a discursos, contenidos, narrativas, pueden legitimar el uso de la agresión o de la violencia como forma de expresión».
Además, la profesional analizó las estadísticas de acoso escolar: «a nivel mundial, hay una cifra que bordea el 36% de niños y jóvenes que han sufrido algún tipo de violencia digital. En Chile, este aumento es gradual desde la pandemia con un alza del 10% en denuncias durante 2024 (8.509 casos) respecto al año anterior, concentrándose en maltrato entre estudiantes y agresiones físicas».
Por otra parte, la PDI recomendó en casos de acoso digital resguardar evidencia digital relevante, como capturas de pantalla, enlaces y nombres de usuario, información que resulta clave para el trabajo de análisis e identificación de los responsables por parte de las brigadas especializadas.
La institución también reiteró la importancia de realizar denuncias oportunas, tanto en cualquier unidad de la Policía de Investigaciones como al Ministerio Público, además de informar inmediatamente a las autoridades del establecimiento educacional correspondiente.
En paralelo, se advirtió que no se debe intentar identificar ni confrontar a los posibles autores, así como tampoco exponerlos en redes sociales, ya que estas acciones pueden interferir en el desarrollo de la investigación y eventualmente constituir otros delitos.
Respecto al rol de los adultos, la PDI destacó la relevancia de una supervisión activa del uso de plataformas digitales por parte de niños, niñas y adolescentes, junto con el fortalecimiento del diálogo sobre los riesgos y consecuencias legales asociadas a estas conductas. En ese sentido, la psicóloga del INSCRIM, ponderó que «desde la psicología infanto-juvenil es necesario transmitir que no existe una única conducta que nos pueda advertir de alguna situación de bullyng o daño emocional que pueda existir en algún niño, no obstante, es importante considerar cambios conductuales que pueden presentar niños y jóvenes, así como falta de adherencia al sistema escolar, mayor reclusión, menor espacio de sociabilización, dentro de manifestaciones que nos pudieran preocupar».
