La Corte de Coyhaique rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmó la resolución que mantuvo en prisión preventiva de E.G.G.S., imputado por el Ministerio Público como autor de delitos reiterados de cohecho y lavado de activos, en el marco de la obtención irregular de licencias de conducir.
En fallo unánime (causa rol 23-2026), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros José Ignacio Mora Trujillo, Natalia Rencoret y el fiscal judicial Jaime Álvarez– confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, al estimar que no han variado las circunstancias tenidas a la vista al decretarse la medida cautelar.
“Atendido el mérito de los antecedentes que se conocen, alegaciones de los intervinientes, estimándose que, hasta ahora, no han variado sustancialmente las circunstancias tenidas a la vista al momento de decretarse la prisión preventiva del encartado; que existen indicios que resultan suficientes para considerar que la medida cautelar personal de prisión preventiva aparece proporcionada, en atención a que la libertad de este constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, en razón de la pena asignada por la ley a los delitos reiterados atribuidos, el carácter, circunstancias, número y forma de comisión; y lo dispuesto, además, en los artículos 139, 140, 143 y 144 del Código Procesal Penal, SE CONFIRMA la resolución apelada de fecha 23 de enero del año 2026, en cuanto por ella se mantuvo la prisión preventiva del imputado E.G.S.S.”.
Según el ente persecutor, desde una fecha anterior no precisada y hasta 2025, se desarrolló una operación destinada a obtener licencias de conducir de manera irregular en la Municipalidad de Coyhaique, en la que habrían participado, al menos, tres involucrados que actuaron en forma coordinada. En dicho contexto, fue posible identificar al funcionario del Servicio de Salud E.G.S.S., quien coordinaba y contactaba a interesados en la obtención expedita de licencias de conducir a cambio de pagos que fluctuaban entre $250.000 y $350.000, sin cumplir con los exámenes teóricos y prácticos exigidos por la normativa vigente.
Posteriormente, E.G.S.S. contactaba a los coimputados J.C.V.S. y L.R.M.A. funcionarios del Departamento de Tránsito municipal, quienes procedían a facilitar u omitir evaluaciones obligatorias, para asegurar la entrega de licencias en plazos inferiores a los establecidos. Gestiones irregulares que beneficiaron a múltiples “postulantes”, incluyendo la obtención de licencias profesionales en solo un día.
Con el beneficio obtenido, E.G.S.S. adquirió, a través de terceros, una parcela y una camioneta. En la causa, se incautaron alrededor de $7.000.000 en dinero en efectivo.
