Por: Úrsula Mix Jiménez, Seremi de Gobierno de la Región de Aysén
Nuestra legislación reconoce a las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias funcionales y organizaciones de interés público como pilares fundamentales de la participación ciudadana. Probablemente, en las distintas localidades de nuestra región, todos conocemos a un dirigente o dirigenta social que escucha las demandas de sus vecinos, busca y gestiona mejoras para su barrio y fomenta la unión de su comunidad.
Muchas veces, las y los dirigentes son el primer nexo entre la ciudadanía y los organismos del Estado, especialmente en lugares alejados, rurales o vulnerables. Es un trabajo no remunerado, que implica tiempo y sacrificio de la vida personal y familiar, y que en ocasiones los expone a riesgos como amenazas y agresiones.
Vivir y convivir con amenazas no es viable en democracia, porque no sólo contraviene el bienestar y la seguridad de las personas, sino que pone en riesgo su participación y la de sus comunidades, erosionando la democracia. Eso no lo podemos tolerar.
Por eso, para el gobierno del Presidente Gabriel Boric es una prioridad avanzar en medidas que permitan resguardar a quienes promueven el desarrollo y los derechos de las diferentes localidades de la región. Y una forma de hacerlo es respaldando el Proyecto de Ley de Protección a Dirigentes Sociales, que esta semana se vota en la Cámara de Diputados y Diputadas.
La iniciativa, no sólo reconoce el rol fundamental de las dirigencias, sino que agrava las penas contra quienes cometan delitos de amenazas, lesiones u homicidios contra dirigentas y dirigentes sociales en represalia por su labor. Con esto, apuntamos a prevenir la violencia y el hostigamiento que sufren quienes representan y defienden a sus comunidades, luchan por un país más justo, equitativo y democrático.
Desde la Seremi de Gobierno de Aysén, trabajamos día a día por fortalecer a las dirigencias en la región, entendiendo que la protección va de la mano de empoderar a las personas. Por esto, hemos llevado las Escuelas de Formación Social a diferentes localidades, entregando herramientas concretas de aprendizaje y fortalecimiento a quienes ejercer funciones de liderazgo. Apoyamos también sus diversos proyectos, -muchos de seguridad comunitaria- a través de nuestro Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, que este año benefició a más de 800 organizaciones sociales de todo el país.
Con acciones como estas, el Estado debe ser capaz de responder a las necesidades de nuestros dirigentes y dirigentas, darles protección, velar por su integridad y permitir que puedan liderar a sus comunidades en ambientes libres de violencia.
Con este proyecto de ley, nuestro Gobierno está priorizando a las y los dirigentes sociales de Aysén y del país, porque cuidarlos a ellos, es cuidar la participación ciudadana y la democracia.
