Por Patricio Segura Ortiz
El 9 de julio el Consejo Regional de Aysén (CORE) aprobó la propuesta del gobernador Marcelo Santana para crear una Corporación de Desarrollo Regional. Era éste un anhelo de larga data, desde hace quince años al menos se venía planteando la posibilidad.
Los últimos esfuerzos fueron realizados por la ex gobernadora Andrea Macías, quien infructuosamente intentó sacar adelante la iniciativa, sin embargo el rechazo de la oposición de la época (hoy en la conducción del Gobierno Regional) no permitió su materialización.
Avanzar en una idea de este tipo requería articulación política: el artículo 101 de la Ley sobre Gobierno y Administración Regional estipula que “la formación de estas corporaciones o fundaciones, o su incorporación a ellas, previa proposición del gobernador regional, requerirá el acuerdo de los dos tercios del consejo regional”. De haber contado con esos esquivos votos de la oposición, es posible que hoy la corporación ya estaría en gestiones.
La de Aysén era una de las últimas (junto a la de Los Lagos) que restaba por constituirse. Lo ocurrido el 9 de julio fue un primer paso, importante, dado que el acuerdo permite la creación del organismo junto a orgánicas habilitantes como son un Comité de Coordinación y Seguimiento, un Consejo de Vinculación Territorial, además de establecer los mecanismos para constituir la asamblea, el ingreso de socios y el directorio.
Claramente, es este hito un logro del actual gobernador. En línea con su objetivo de hacer “que la región vuelva a crecer”. Y es el momento en que entra en juego la discusión sobre los conceptos. Porque, más allá de las ideologías, en el mundo y en Chile está meridianamente zanjado que crecimiento no es lo mismo que desarrollo. El primero asociado a producción, el segundo a cómo éste impacta en la vida de las personas.
Es algo que dice la propia norma. Le Ley 19.175 señala que con estas corporaciones se busca un “desarrollo regional en los ámbitos social, económico y cultural de la región”. Y avanza un poco más, incluso, pudiendo el ente realizar “estudios orientados a identificar áreas o sectores con potencial de crecimiento, estimular la ejecución de proyectos de inversión, fortalecer la capacidad asociativa de pequeños y medianos productores, promover la innovación tecnológica, incentivar las actividades artísticas y deportivas, estimular el turismo intrarregional, mejorar la eficiencia de la gestión empresarial y efectuar actividades de capacitación”.
El acuerdo del CORE valida esta noción, al señalar que será su “misión contribuir al crecimiento y desarrollo de la Región de Aysén, en los ámbitos económico, social y cultural, desde la articulación público-privado, fomentando el desarrollo desde una perspectiva estratégica, innovadora y sostenible en el tiempo”.
Es acá donde entra uno de los elementos esenciales para definir el futuro de la organización: quiénes podrán ser sus asociados. O, dicho en simple, la asamblea que definirá su conducción futura.
Según lo propuesto, estará compuesta por gremios productivos, empresas con sede regional (es posible que las grandes que no están asociadas con otras como Edelaysén y las mineras), la Asociación Regional de Municipalidades, y universidades, institutos y centros de formación técnica.
En el fondo, un marcado énfasis de representación empresarial. Los habitantes de los territorios, la cultura, lo ambiental, están ausentes de esta invitación, a través de sus propias organizaciones representativas. Tampoco están los trabajadores, fundamentales incluso cuando se habla de una organización sólo dirigida hacia lo productivo. Todos ellos claramente algo tienen que decir sobre desarrollo.
Uno de los argumentos para excluirlos de dicho espacio ha sido protegerles de que al “estar incorporado a la asamblea de socios puede ser una limitante para recurrir a los recursos de la corporación” (dicho en la sesión por los impulsores). Lo claro es que esta premisa no sólo sería aplicable a las organizaciones sociales, sino que a todos quienes sean parte de la asamblea y representen intereses de sectores empresariales, academia e incluso municipios, ya que también pueden concurrir conflictos de interés. Otro argumento sería la dificultad de encontrar representaciones legitimadas, figura que igualmente aplica a otros sectores. Por ejemplo, la industria del salmón cuenta con dos gremios: Consejo del Salmón y Salmon Chile.
Para zanjar aquello, la propuesta plantea que en el Comité de Vinculación Territorial se pueda incorporar otro tipo de actores, con una participación no vinculante sino sólo consultiva.
En la Región de Arica y Parinacota, por ejemplo, en la asamblea de socios participa la Central Unitaria de Trabajadores, en Los Ríos se abre a las cooperativas y emprendimientos con impacto local, mientras que en Magallanes está la Fundación Esperanza enfocada en la “promoción y respeto de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes”.
Hablar de desarrollo no se zanjará con una corporación. Y está bien, considerando que es un concepto dinámico. Hace cuarenta años, la conectividad digital no era parte de éste. Hoy sería difícil no contemplarlo.
No vaya a ocurrir lo que hace pocos días se conoció. Las juntas de vecinos de Islas Huichas (Estero Copa, Caleta Andrade y Puerto Aguirre) claman por el apoyo del municipio de Aysén y el Gobierno Regionalproducto de “la grave falta de empleo que enfrentan nuestras comunidades”. Paradójico, considerando que la isla está rodeada de concesiones salmoneras, y donde empresas como Aqua Chile, Blumar, Camanchaca, Invermar, Mowi, Cermaq, Australis Mar, MultiX tienen cientos de centros en la reserva nacional Las Guaitecas y el parque nacional Isla Magdalana, maritorio hoy altamente contaminado por la industria y directamente relacionado con Islas Huichas.
Claramente, ése no es el “desarrollo” al que muchos hacen alusión.
