Dicha iniciativa tiene un fuerte foco en transparencia, fiscalización y en la calidad del servicio que se entrega a la ciudadanía.
Tras más de seis años de tramitación legislativa, este martes la Sala del Senado aprobó y despachó a ley la ansiada reforma al Sistema Notarial y Registral, iniciativa que permitirá actualizar el sistema en sus aspectos orgánicos y funcionales, formando parte de la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional, permitiendo, entre otros avances, proporcionar estándares claros de transparencia; establecer procesos de selección mediante Sistema de Alta Dirección Pública; limitar el tiempo de ejercicio en el cargo a los 75 años; fijar tarifas máximas para los trámites notariales; entre otras.
El seremi de Justicia y DDHH Samuel Navarro Castro se refirió a esta iniciativa señalando que “como Gobierno creemos que esto es un gran avance después de 6 años de tramitación y fundamentalmente lo que se busca es actualizar, transparentar y hacer más accesible a la ciudadanía este procedimiento, creemos que todo lo que tiene que ver con la mejora de atención de público, con el establecimiento de horarios obligatorios de funcionamiento, requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico van en directa relación con mejorar la calidad del servicio que se está prestando”.
Mencionar que dentro de las características de esta ley están:
– Concursos públicos para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
– Fin a los cargos vitalicios, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo, y prohibición para que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombramientos.
– Fiscalización: Se incorpora al Sernac como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio y permitir a las personas usuarias puedan reclamar a través de sus plataformas respecto a los problemas de atención, servicios y cobros irregulares.
– Modernización y digitalización del servicio, garantizando acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura.
– Transparencia en tarifas, fijando precios máximos mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.
– Mejora en la atención al público, con horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico.
Finalmente, cabe mencionar que, tras su aprobación en el Congreso, la reforma será remitida al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, conforme al procedimiento legislativo vigente.
