Plan Nacional de Búsqueda
El pasado lunes, el Presidente de la República Gabriel Boric Font, hizo entrega de las carpetas de calificación a familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política, cometidas por agentes del Estado durante la dictadura civil militar entre 1973 y 1990.
Durante la transición a la democracia, la Comisión de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y luego la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, investigaron de manera extrajudicial las violaciones a los derechos humanos cometidas durante este periodo, para lo cual se contó con documentación de organizaciones de la sociedad civil, testimonios de familiares y sobrevivientes, así como material reunido por los propios equipos de investigación de la Comisión y la Corporación.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro destacó este significativo momento señalando que “efectivamente el lunes recién pasado, en el día de los archivos el Presidente Gabriel Boric junto al Ministro de Justicia Jaime Gajardo y la subsecretaria de Derechos Humanos Daniela Quintanilla participaron de este compromiso que había asumido el Presidente de la República como anuncio presidencial el 30 de agosto de 2024, en el sentido de entregar a las víctimas familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpos de una carpeta de calificación donde están aquellos antecedentes recopilados en las instancias de las comisiones de verdad y reconciliación o en la comisión Valech junto a otros antecedentes que en el contexto del plan nacional de búsqueda se han ido recopilando respecto a los familiares de detenidos desaparecidos”.
Tras participar de esta emotiva ceremonia, la presidenta de la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique, María Erita Vera quién recibió de manos del Presidente Gabriel Boric la carpeta de su padre Juan Vera Oyarzún, quien junto a Rosendo Pérez y Néstor Castillo, forman parte de los detenidos desaparecidos del caso Coyhaique en 1973, señaló “para mí como hija de un detenido desaparecido, la actividad del lunes realizada en el Palacio de la Moneda que fue la entrega de un expediente de calificación como víctimas de la desaparición forzada de nuestros familiares fue una actividad muy emotiva, simbólica, y con mucha emoción por el momento que tuvimos que vivir los ocho familiares que recibimos la carpeta en esta oportunidad, esto es como un retroceso al pasado, reencontrarse con todos estos antecedentes que consiguió el informe Rettig durante su trabajo, y que permitió que fueran en este caso mi padre calificado como víctima de desaparición forzada producto de la represión vivida en nuestro país durante la dictadura militar, viví ese momento con mucha emoción”.
Cabe mencionar que se trata de la primera entrega de estas carpetas, que contienen antecedentes personales, testimonios, documentos administrativos, informes periciales y o judiciales y resoluciones de calificación, entre otros. Hasta ahora, la información de las carpetas era reservada, por lo que es la primera vez que las y los familiares reciben esta documentación.
Ahora con la entrega de estas primeras carpetas, se estableció un mecanismo que permite a todos los familiares de las víctimas de desaparición forzada y ejecución política durante la dictadura civil militar solicitar una copia a través de un formulario electrónico en el sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o a través de un formulario físico en la oficina de la seremi de Justicia y Derechos Humanos de Aysén ubicada en Baquedano #334, Coyhaique.
Por su parte, la seremi de Gobierno Úrsula Mix también se refirió a esta importante instancia señalando que “la entrega de carpetas de calificación a familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política tiene una gran importancia jurídica, política y reparadora, ya que reconoce el sufrimiento de las familias de personas que fueron víctimas de la dictadura, constituye una reparación simbólica, fortalece la memoria histórica y permite el seguimiento de los responsables de crímenes mediante investigaciones penales, fortaleciendo las luchas por verdad, memoria y justicia”.
Finalmente, cabe señalar que esta documentación representa un patrimonio y parte de la memoria de las familias, la comunidad y el país en general, mientras que su entrega busca reconocer la lucha sostenida por las personas y las organizaciones para alcanzar verdad y justicia, y destacar el rol que tuvieron al entregar antecedentes a las comisiones de verdad.
