Por Patricio Segura
El 27 de julio de 2007 la revista Qué Pasa daba cuenta en sus páginas de la vida social y económica de los dueños de Chile.
Cubría la disputa de Anacleto Angelini con Roberto Izquierdo, Sergio Sarquis y Jaime Santa Cruz por las cuotas de pesca, mientras Hernán Larraín Matte analizaba el proyecto político de Sarkozy. También nos informaba sobre la absorción de Citigroup por el Banco de Chile, de la mano de Andrónico Luksic. De Francisco Javier Errázuriz nos contaba que el hombre de los pollitos era “más que Unimarc”. Y ahondaba en la vida de Tamara, catalogada como “la mujer fuerte” de la millonaria familia Kaufmann.
A la semana siguiente abordaba un tema que ha vuelto a ser noticia: “Las quejas públicas y privadas de los empresarios”, con la imagen a toda portada de Eliodoro Matte. Entre los molestos estaban Gonzalo García, secretario ejecutivo de la CMPC; Alfonso Swett, controlador de Forus; Jorge Matetic, duelo de Carnes Ñuble e Inchalam; y Nicolás Abumohor, relacionado con SN Holding (propietarios de Parque Arauco, Puerto Velero, Balthus, entre otros).
En aquel desfile de la elite difícil era que organizaciones pequeñas, regionales, tuvieran espacio en sus páginas. Eran los tiempos de Bachelet 1 y en Aysén crecía, poco a poco, la movilización contra HidroAysén. El proyecto ingresaría a evaluación ambiental un año después.
Qué Pasa nació durante el gobierno de la Unidad Popular para enfrentarse a la administración de Salvador Allende. Tanto así que su fundador Gonzalo Vial Correa posteriormente fue ministro de Educación de Pinochet. En sus artículos las comunidades y organizaciones que no forman parte del poder empresarial sólo aparecen como caso pintoresco. O como piedra en el zapato de los dueños de Chile.
En la edición del 17 de julio de 2007 una breve nota, bajo el título “Empresarios y ONG’s”, aludía a la furia de sus parroquianos. “En medio de la siempre álgida discusión ambiental, sectores del empresariado miran con molestia que el gobierno otorgue recursos a ONG’s que, dicen, están permanentemente cuestionando al sector privado. Como ejemplo citan los $ 4.546.000 que la Secretaría General de Gobierno le otorgó el 2006 a CODESA, de Aysén, una organización que se opone a las centrales de HidroAysén. Lo mismo señalan sobre los $ 5 millones que ese mismo año le dieron al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que ha organizado campañas contra Celco, salmoneras y mineras” reseñaba la mini crónica.
Efectivamente, entre 2005 y 2006 la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén había ejecutado con fondos públicos (no del gobierno) el proyecto “Por Chile y Aysén, aprendamos de la energía”, como espacio de autoformación ciudadana sobre los desafíos energéticos del país y la región. El objetivo, que no fueran el Estado y los empresarios quienes orientaran la política pública en la materia. Y eso inquietaba. Fue la primera vez, y creo que única, que CODESA apareció en Qué Pasa.
Han pasado 18 años y muchas cosas han cambiado. Ya HidroAysén no está en el escenario de alternativas energéticas, siendo reemplazado por la idea de pavimentar el desierto de Atacama con paneles solares, sembrar toda la precordillera con centrales hidroeléctricas (y muchas en Aysén) y desplegar en grandes extensiones del país centrales eólicas. Se agrega el impulso al mal llamado hidrógeno verde, que no es más que la versión mejorada de lo ya mencionado, toda vez que se sustenta en la implementación masiva e invasiva de ERNC. El amor por las soluciones tipo enjambre no ha cambiado mucho.
Tampoco ha variado la molestia del empresariado con la sociedad civil.
A mediados de mayo, El Mercurio publicó el suplemento “Crónica para el Futuro”, apuntando sus dardos a una serie de ONGs que estarían enfocadas exclusivamente en “detener o paralizar proyectos”. Oceana, Modatima, AIDA, ONG FIMA, Terram, Greenpeace, Olca, Chile Sustentable y el Observatorio Ciudadano fueron las principales mencionadas. Entre las pequeñas y territoriales, CODESA.
El énfasis de la publicación era claro. El leit motiv de todos quienes participan en organizaciones ambientales es “detener el desarrollo que las grandes empresas quieren para Chile y su gente”. Ese mismo desarrollo que originó las protestas del Movimiento por Aysén de 2012 y el estallido nacional de 2019. Ese que les da privilegios que no están dispuestos a disminuir, dijera Cecilia Morel.
Lo que no dijeron Qué Pasa ni El Mercurio es que el rol de las organizaciones de la sociedad civil en materia ambiental es asistir al Estado en la protección del medio ambiente y de las comunidades que de éste dependen.
Las inundaciones por socavar las cuencas hídricas, el hundimiento de viviendas construidas sobre humedales, el colapso de edificios levantados en dunas, los incendios forestales de monocultivos de pino y eucaliptus, las avalanchas por el derrumbe de relaves, el déficit hídrico por la mercantilización del agua o las plagas por especies introducidas, no son obra del espíritu santo. Son ocasionadas por intervenciones ecosistémicas que no han considerado la naturaleza.
Más aún, la situación de zonas de sacrificio como Quintero-Puchuncaví, el caso de las “Mamitas del Plomo” en Arica, la contaminación por metales pesados por la minería en Alto Mañihuales no se conocerían si no fuera por el trabajo de la comunidad organizada.
Ofensivas como la de Qué Pasa y El Mercurio son parte de la misma matriz. Silenciar el disenso, acallar el trabajo en pos de interés público socioambiental. Para que siga el reparto de Chile y el control de su biodiversidad por los mismos de siempre que aún habitan sus portadas.
A pesar de ello, el trabajo organizado no concluirá por más relaciones públicas que emprendan. Que proteger la naturaleza no es sólo de este tiempo y lugar. Es parte de cierto sentido común humano que persiste y que ningún proyecto de ley ni ofensiva comunicacional podrá extirpar.
