Patricio Segura
En la Memoria Integrada 2024 de la pesquera y salmonera Blumar, el presidente del directorio Rodrigo Sarquis Said hizo una férrea defensa de su empresa y del sector pesquero y acuícola. En su carta a los inversionistas hizo un repaso por lo que fueron los principales hitos del año que terminó, abogando fuertemente por menores regulaciones, principalmente en materia ambiental. De paso, las emprendió en contra de las organizaciones de la sociedad civil que han develado la forma de operar del rubro, particularmente dentro de parques y reservas nacionales.
“La industria está enfrentada a múltiples burocracias que frenan el desarrollo y entregan mayor espacio a nuestros competidores de otros países” dijo, dando cuenta de una de sus principales preocupaciones.
Sarquis normalmente actúa fuera de los focos. Así quedó demostrado en un reportaje publicado en 2023 por CIPER bajo el título “En la casa de Pablo Zalaquett: la reservada reunión donde los ministros Grau y Rojas acercaron posiciones con la industria salmonera”. En uno de sus párrafos, el artículo consigna que “en la comida estuvo Rodrigo Sarquis Said, director de Blumar, la pesquera que también estuvo en la mira de la justicia por financiar ilegalmente campañas políticas. Sarquis es primo de Pablo Zalaquett, quien figura registrado como lobista de Blumar en reuniones con distintas autoridades durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera”.
El actual foco comunicacional y judicial de las grandes empresas en contra de dirigentes y agrupaciones socioambientales da a entender que sería injusto todo lo que se dice sobre ellas. Un invento, un mito creado con el fin de torpedear el desarrollo de Chile.
Algo de razón tienen: efectivamente un objetivo es interpelar el modelo de desarrollo nacional y regional. Y no sólo ambiental. La idea es mostrar lo que empresas y autoridades callan. Blumar es excelente ejemplo para ello. Una corporación controlada por una de las “7 familias” que desde hace décadas se reparten el mar chileno.
En la memoria, Rodrigo Sarquis informa que “en la Región de Aysén operaron 15 centros de cultivo de salmones en 2024 que se encuentran emplazados en la Reserva Nacional Las Guaitecas”. Mientras que “en la Región de Magallanes operaron 6 centros de cultivo de salmones en 2024 que se encuentran emplazados en la Reserva Nacional Kawésqar”.
Lo que no menciona es que ese mismo año la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio en contra de la compañía “por sobreproducción en el centro Córdova 1, ubicado en la Reserva Nacional Kawésqar, Región de Magallanes y la Antártica Chilena”. Éste tenía autorizada una producción máxima de 5.875 toneladas de acuerdo a su resolución de calificación ambiental de 2015, “sin embargo, durante el ciclo 2019-2021, la producción total alcanzó las 6.540 toneladas, excediendo en 665 toneladas (11%) lo autorizado”.
El ejecutivo, además, hace una aseveración temeraria y desinformada para defender su derecho a cultivar salmones en un área protegida: “A principios del siglo pasado, se estableció la Reserva Nacional Las Guaitecas para proteger el alerce, un árbol milenario. Sin embargo, por razones poco claras hace unos años la Contraloría extendió esta protección a las aguas colindantes, a pesar de la inexistencia de bosques de alerce en esas zonas, sentando un precedente preocupante sobre la certeza jurídica que ofrece el Estado para el uso del borde costero” dice en el documento.
Temeraria porque la Contraloría es un órgano autónomo del Estado, al cual el presidente del directorio cuestiona sin mucho fundamento. Y desinformada porque la Reserva Nacional Las Guaitecas no se creó en 1938 para proteger alerce milenario alguno sino, como su nombre lo indica, el ciprés de las Guaitecas. Y más allá de ello, incluso, el problema sigue siendo que independiente de la importancia de los objetos de protección específicos, se intenta reducir a su mínima expresión la relevancia de los sistemas ecológicos, lo cual no sólo es un error sino una práctica común en las empresas que se someten a evaluación ambiental.
Pero este 2025 a Blumar no le ha ido mejor.
A su flota pertenece el barco Cobra, vinculado al naufragio de la lancha Bruma ocurrido el 30 de marzo, cuyos siete tripulantes aún se encuentran desaparecidos. Hoy el caso es investigado de oficio por el Ministerio Público, sumándose en los últimos días una querella criminal interpuesta por las familias de los trabajadores de la nave siniestrada. Hace poco más de una semana, además, apareció el cuerpo sin vidadel vigía de la embarcación industrial, circunstancia en que el gerente de Blumar Gerardo Balbontín apuró la teoría de que fue suicidio, debido a que éste “no resistió esa presión social, esa presión sicológica«.
Y este fin de semana es vinculada Blumar a otra tragedia, al ocurrir el fallecimiento en la región de Aysén de un buzo, oriundo de Chiloé, que “realizaba labores en centro de cultivo de empresa Blumar en Puerto de Chacabuco”.
Desde hace un tiempo diversas autoridades de Aysén (electas y designadas) vienen relevando el aporte de Blumar a lo que entienden por desarrollo. Dadas las características de los hechos conocidos, de alcance regional y nacional, sería bienvenido que también se alzara la voz para pedir mayor fiscalización y respuestas. En tragedias que ya no son sólo de carácter socioambiental, se relacionan con la vida de compatriotas.
Es el problema de apostar por un desarrollo donde pocos actores controlan la economía y buscan flexibilizar el rol del Estado para su beneficio, inventando términos como “permisología”, que no es más que manga ancha para el modelo extractivista. El problema es que se silencian, asimismo, las voces ciudadanas. Y también las de representantes del Estado, en ocasiones prestos a destacar bondades, al tiempo que callan las verdades incómodas para, en este caso, los dueños del mar.
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