Aaron Martínez para Tehuelche Noticias
La situación que enfrenta la comunidad educativa de la Escuela Despertar no es un hecho aislado ni una mera crisis administrativa: es el resultado directo de una estructura capitalista que subordina los derechos sociales, como la educación, a las dinámicas del mercado y a las prioridades del capital. Lo que está en juego aquí no es solo la reposición de una infraestructura escolar, sino el acceso a un derecho fundamental que ha sido históricamente vulnerado para las comunidades trabajadoras. El retraso en la construcción de la Escuela Despertar y las dificultades para implementar soluciones transitorias reflejan las contradicciones inherentes a un modelo económico y político que margina sistemáticamente a los sectores populares y los deja a merced de la precariedad.
Desde la perspectiva marxista, es evidente que el conflicto en la Escuela Despertar es un síntoma de una problemática estructural: la incapacidad del sistema capitalista para garantizar derechos sociales básicos cuando estos entran en conflicto con los intereses del mercado y de la clase dominante. La educación pública, lejos de ser una prioridad para el Estado burgués, es tratada como una carga presupuestaria que solo merece atención cuando las movilizaciones sociales o las presiones políticas la ponen en el centro del debate.
El proyecto de reposición de la Escuela Despertar comenzó en 2017, pero fue abandonado y postergado durante años. Esto no es casualidad. La falta de voluntad política para resolver este problema en administraciones anteriores evidencia cómo las decisiones estratégicas del Estado están guiadas por las prioridades del capital y no por las necesidades de las comunidades trabajadoras. La educación pública, especialmente en regiones periféricas como Aysén, ha sido tratada históricamente como un problema secundario, mientras los recursos y las inversiones se concentran en sectores estratégicos para el mercado y para la acumulación de capital.
Sin embargo, la llegada del actual gobierno marcó un cambio en esta dinámica. La decisión de retomar el proyecto de reposición de la Escuela Despertar y de buscar soluciones concretas para resolver el problema demuestra que, cuando hay voluntad política y compromiso con las clases trabajadoras, es posible avanzar hacia una educación más justa y digna. La Seremi de Educación de Aysén, Isabel Garrido, ha jugado un papel clave en este proceso. Su disposición al diálogo con la comunidad, la transparencia en la gestión y la búsqueda de soluciones técnicas realistas son señales de que, pese a las dificultades estructurales, existe una genuina intención de garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas para las niñas y niños de Aysén.
Sin embargo, el proceso ha enfrentado obstáculos significativos, relacionados con la propiedad del terreno, el financiamiento y las condiciones técnicas para la instalación de una escuela modular como solución de contingencia. Estas dificultades no son casuales: son el resultado de una estructura capitalista que subordina la gestión pública a las dinámicas del mercado inmobiliario y a las limitaciones presupuestarias impuestas por un modelo económico que prioriza el crecimiento del capital sobre las necesidades sociales.
Lo más preocupante de este escenario es la actitud oportunista de la derecha, que ahora se presenta como defensora de la comunidad educativa, cuando en realidad fue precisamente durante los gobiernos neoliberales donde se produjo el abandono y la postergación de este proyecto. Los mismos sectores políticos que hoy critican las decisiones del gobierno y cuestionan la gestión de la Seremi Isabel Garrido son los que en su momento promovieron las políticas de privatización y desmantelamiento de la educación pública. Su discurso no es más que una estrategia de manipulación política para capitalizar el malestar social y debilitar la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales.
El intento de instrumentalizar la movilización de la comunidad educativa para atacar al gobierno es una muestra clara de cómo la derecha opera en defensa de los intereses del capital y no de las familias trabajadoras. La comunidad de la Escuela Despertar no necesita discursos grandilocuentes ni promesas vacías; necesita soluciones concretas y sostenibles, y eso es precisamente lo que el gobierno y la Seremi de Educación están ofreciendo. La decisión de habilitar el internado del Liceo Politécnico de Aysén como una solución temporal responde a un análisis técnico y político serio, que busca garantizar la continuidad de las clases en condiciones dignas mientras se avanza en la construcción definitiva de la nueva escuela.
Desde una perspectiva marxista, la lucha por la reposición de la Escuela Despertar es parte de una lucha mayor: la lucha por la democratización y el fortalecimiento de la educación pública como un derecho social y no como un bien de mercado. La educación pública en Chile ha sido históricamente precarizada y sometida a las lógicas del mercado, donde las condiciones educativas de las comunidades dependen de la disponibilidad de recursos y de las decisiones de los sectores económicos dominantes. La decisión de este gobierno de avanzar hacia la reposición de la Escuela Despertar, enfrentando las limitaciones estructurales del sistema, es una muestra de que es posible construir un modelo educativo diferente, basado en la justicia social y en la garantía de derechos fundamentales para las clases trabajadoras.
Es necesario, entonces, que la comunidad educativa de la Escuela Despertar mantenga una postura crítica y vigilante, pero también que reconozca los avances y las decisiones políticas que se están adoptando para garantizar soluciones reales y sostenibles. La movilización y la organización de la comunidad son fundamentales para presionar al Estado y para asegurar que las soluciones ofrecidas se implementen de manera efectiva. Pero también es necesario rechazar las estrategias oportunistas de la derecha, que solo buscan dividir a la comunidad y obstaculizar el proceso de reposición para obtener réditos políticos.
La educación pública es un derecho conquistado por las clases trabajadoras mediante la organización y la lucha. La reposición de la Escuela Despertar debe entenderse como parte de ese proceso histórico de resistencia y conquista. El camino hacia una solución definitiva aún no ha terminado, pero las bases están claras: compromiso político, diálogo con la comunidad y una gestión transparente y eficiente por parte de la Seremi de Educación y del Ministerio de Educación.
La lucha por la educación pública es también una lucha de clases. La comunidad de la Escuela Despertar no solo está reclamando por una nueva infraestructura; está exigiendo dignidad, justicia y el reconocimiento de la educación como un derecho social y no como una mercancía. Y esa es una batalla que solo se ganará mediante la organización popular y la defensa irrestricta de los derechos de las clases trabajadoras.
