El Tribunal Constitucional de Chile analiza el controvertido artículo 48 de la Ley de Presupuesto 2025, que propone suspender por un año la Ley Lafkenche, normativa que protege los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO). Esta disposición, impulsada por parlamentarios de Renovación Nacional, ha sido señalada como una amenaza a los derechos consuetudinarios de las comunidades indígenas y calificada como una «derogación encubierta» por especialistas en derecho constitucional.
El 19 de diciembre, el Tribunal declaró admisibles los recursos de inconstitucionalidad presentados por diputados, senadores y el Ejecutivo, quienes argumentaron que la suspensión discrimina arbitrariamente a los pueblos originarios y vulnera principios como la igualdad ante la ley y la no regresividad en derechos humanos. “Estamos frente a un retroceso en la protección de derechos indígenas y la conservación de ecosistemas clave”, afirmó un grupo de senadores.
La diputada mapuche williche Emilia Nuyado denunció públicamente que la suspensión de la Ley Lafkenche “representa un retroceso inaceptable en los derechos adquiridos de los pueblos originarios”. Nuyado añadió que presentó un requerimiento en conjunto con otros diputados y que las audiencias públicas han sido clave para visibilizar esta situación.
Ver declaraciones de la diputada Nuyado (Cámara)
Jornada histórica de audiencias
El 26 de diciembre, representantes de diversas comunidades indígenas participaron en una histórica audiencia ante el Tribunal Constitucional. Entre ellos estuvieron la Identidad Territorial Lafkenche, la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, y otras organizaciones, quienes denunciaron que la medida limita el acceso al mar, elemento esencial en su cosmovisión y forma de vida.
Yohana Coñuecar Llancapi, de la Comunidad Admapu Ka Lafken y de la la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, declaró que la suspensión “vulnera gravemente los derechos colectivos de los pueblos originarios, principalmente los derechos de las mujeres en el borde costero”.
Adolfo Millabur, cofundador de Identidad Territorial Lafkenche, agregó que la indicación contraviene el Convenio 169 de la OIT al no haber consulta previa. Aseguró que el artículo en cuestión “afecta directamente al pueblo mapuche y establece un precedente negativo para los derechos indígenas”.
Patricio Colivoro, werkén de la comunidad Mapuche-Wapiche Yaldad Mon Fen, enfatizó la discriminación implícita en la suspensión de los ECMPO. “Esto limita nuestro acceso al mar, que es parte de nuestra cosmovisión y nuestra forma de vida”, declaró a Ecoceanos. Colivoro también alertó sobre “una campaña de desinformación racista promovida por la industria salmonera y la pesca industrial”.
Expectativas por el fallo
Se espera que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para los siguientes días, siente un precedente para la defensa de los derechos indígenas, protegiendo los ECMPO y fortaleciendo el marco legal.
Comunidades y especialistas confían en que se restablezcan los derechos vulnerados y se garantice el cumplimiento de la normativa vigente.
