En el ámbito del trabajo, medioambiente, pueblos indígenas, ética y transparencia.
· Reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2021), presentó un detallado relato de cómo este sector está al debe en múltiples aspectos relacionados con el cumplimiento de las garantías fundamentales de los trabajadores y las comunidades en que se insertan, incluidos los ecosistemas.
· El lado oscuro de un sector que hoy pide apoyo estatal para sus inversiones, pero que no se compromete con estas brechas constatadas por organismos del Estado.
Las últimas informaciones sobre la realidad laboral en la industria salmonera (relativos a reemplazo de trabajadores por procesos automatizados y malas prácticas en las contrataciones) han hecho cobrar relevancia a un poco difundido reporte que en 2021 publicara Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en colaboración con su homólogo danés. Se trata del “Informe Industria Salmonera en Chile y Derechos Humanos”, que en 367 páginas entrega un detallado relato de cómo este sector está al debe en múltiples aspectos relacionados con el cumplimiento de las garantías fundamentales de las y los trabajadores y las comunidades en que se insertan.
A través de capítulos sobre temas laborales, socioambientales, de pueblos indígenas, ética y transparencia se da cuenta del lado oscuro de una industria que hoy exige apoyo público para sus inversiones, pero que no se compromete con estas brechas constatadas por organismos del Estado.
Un elemento clave es la transformación de las prácticas culturales tradicionales de las comunidades, que son incompatibles con la forma de operar de la industria. “Entre las personas entrevistadas aparecen menciones que explicitan que los horarios y turnos de las empresas coartan la libertad de ciertas prácticas tradicionales o comunitarias que requieren mayor flexibilidad y formas diferentes de administrar el tiempo” explica el reporte. Agregando que en términos de transformaciones “sociales y culturales impuestas por la llegada de la industria salmonera, es posible afirmar que la pérdida del trabajo comunitario fue de la mano de un debilitamiento del tejido social”.
Y aunque el empleo es el gran caballito de batalla de la industria, el informe explica que el sueldo “no les alcanzan para vivir y que deben endeudarse”, lo cual vulnera el “derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” y unas “condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias”(Artículos 7 y 7 ii del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Especial mención tienen los turnos de noche, que “1) afectan el sueño y el descanso, 2) afectan la vida familiar, y que 3) en algunas empresas no existe la libertad para elegir hacer turnos de noche o no”.
En un artículo de la Radio Universidad de Chile se constataban situaciones aún más complejas: “En agua de mar, los y las funcionarias son sometidas a turnos de 14 días seguidos, lo que repercute en la vida familiar y la salud mental de las personas trabajadoras”. Agregaba el medio que “mientras que en las afecciones en las plantas de proceso se detectó el uso de muchos contratos por obra y faena para labores que son continuas, lo que incurre en la vulneración al derecho de vacaciones pagadas, al acceso a tratamiento médico adecuado en caso de enfermedades laborales o accidentes y el derecho a la sindicalización”.
Y en el caso de las mujeres la situación es mucho peor: “Algunas empresas controlan la cantidad de veces y el período de tiempo en que las trabajadoras asisten al baño y también se evidenció un incumplimiento respecto a las obligaciones asociadas al embarazo de las trabajadoras”.
Son éstos elementos clave al momento de discutir sobre una industria que busca que la sociedad en su conjunto las subsidie mediante flexibilización normativa y administrativa, en ámbitos ambientales fundamentalmente, pero que no se pronuncia sobre sus deudas con los trabajadores, comunidades y la biodiversidad.
