En Comisión de Seguimiento y Control del Gobierno Regional de Aysén.
· Consejeros convocaron al municipio para informar sobre el diseño del Centro de Gestión de Residuos para la cuenca del lago General Carrera, con tecnología no probada de termo disociación anóxica, la que ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones y habitantes del territorio.
· En este sentido, las autoridades comunales señalaron que la gestión de residuos mediante separación, compostaje y reciclaje, como el caso de Villa O’Higgins y próximamente Cochrane y Tortel, son opciones inviables para el mediano plazo.
El miércoles 4 de septiembre el alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz González, junto al director de Planificación, Pedro Durán Ivanoff, asistió a la Comisión de Seguimiento y Control del Consejo Regional de Aysén con el fin de defender su proyecto de quemar el 90 % de los residuos de seis localidades la cuenca. El diseño, basado en lo que se ha llamado termo disociación anóxica, es financiado actualmente con recursos del Gobierno Regional e involucra a las comunidades de Puerto Sánchez, Bahía Murta y Puerto Río Tranquilo (Río Ibáñez), además de Puerto Guadal, Puerto Bertrand y Mallín Grande (Chile Chico).
En la sesión, Pedro Durán justificó la decisión municipal de desestimar la alternativa priorizada por la consultora Bioaqua, consistente en seguir avanzando en compostaje y reciclaje, que establecen las políticas regionales relativas a la gestión de los residuos, además de ser lo que varias localidades de las comunas de Chile Chico y Río Ibáñez están desarrollando. Incluso, va en contra de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos 2040, que a ese año busca “pasar de un 1% a un 66% de valorización de los residuos orgánicos generados a nivel municipal” y en línea contraria a los compromisos internacionales en materia de mitigación del cambio climático que busca disminuir los gases de efecto invernadero.
Durán incluso puso en duda la eficacia de la operación del Centro de Gestión de Residuos de Cochrane-Tortel, financiado también por el Gobierno Regional de Aysén. “Nos vamos a dar cuenta en 4 años más, cuando Cochrane nos esté diciendo que sus bloques de botellas plásticas no las pueden retirar porque no hay nadie en Coyhaique que las vaya a buscar y porque el costo del traslado de esos bloques hasta Santiago cuesta $ 400 mil por metro cúbico”. Y agregó: “Lo mismo cuando empiece a ocurrir eso con Villa O’Higgins. Cuando eso ocurra, y se abra la peligrosa ventana o puerta de que digan que la solución de esto, para no tenerlo más dentro de este galpón, es meterlo al relleno sanitario que está al lado del centro de gestión… cuando eso ocurra, habremos dicho años atrás ‘nosotros lo solucionamos de una manera distinta’”.
Pero la idea no quedó ahí. El alcalde Luperciano Muñoz fue un poco más allá: “A lo mejor esto no es la solución sólo para las comunas más extremas. A lo mejor es la solución para la región, a lo mejor es la solución para Chile” dijo el edil, quien postula a la alcaldía de Coyhaique. Incluso acusó otras intenciones en la crítica a su proyecto: “¿Y cuál es el pecado que nazca de acá? ¿Es porque no se le ocurrió a alguien como política pública?”.
Esta visión contrasta con lo que hasta hoy han señalado tanto el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -que el 8 de agosto lo declaró inadmisible– como los profesionales del propio Gobierno Regional de Aysén. “Obviamente nos preocupa, porque si esto avanza vamos a tener un diseño que probablemente no va a obtener el RS (recomendación favorable), sin contar con que también hay dificultades desde el punto de vista ambiental, que también desconocemos” señaló al respecto la profesional de la División de Infraestructura y Transportes del organismo, Paula Cruces Pérez.
Dado que no es una tecnología probada, porque no está funcionando de la forma planteada en ninguna parte del mundo, “volvemos al tema de la incertidumbre. Van a haber gases que no sabemos qué gases son. Como esta tecnología no es conocida en Chile no hay normativa, entonces tiene una serie de entrampamientos que al final probablemente van a llegar a que esto no se realice”, y por lo tanto, “los recursos se hayan gastado en un diseño que no nos sirva finalmente”.
Cuando el proyecto se presentó a consulta de pertinencia, durante la cual el SEA realizó múltiples consultas que el municipio no respondió y por lo cual se declaró desistida la iniciativa, más de una decena de organizaciones de Bahía Murta, Puerto Río Tranquilo, El León, Puerto Guadal y Puerto Bertrand, además de la Unión Comunal de Chile Chico, entre otras, presentaron una carta solicitando que el proyecto sea tramitado por Estudio de Impacto Ambiental y no por Declaración, como ha insistido la municipalidad.
